1-O 2017 / 1-O 2019
Habrá que aceptar que los ciudadanos catalanes no partidarios de la independencia ejerzan ese mismo derecho negándose a pagar los impuestos.
En el índice “Libertad en el mundo”, editado por Freedom House (USA), en 2018 obtiene 94 puntos sobre 100 posibles. Los mismos que Alemania, Austria y el Reino Unido de Gran Bretaña.
En el elenco sobre “Democracia, 2017” de The Economist, España obtuvo 8,08 puntos sobre 10 posibles. Alemania obtuvo 8,61 y Bélgica 7,78.
España ha sido condenada, datos de finales de 2018 en 151 sentencias del TEDH de Estrasburgo. Italia en 2.351 resoluciones. Rusia en 1.948. Bélgica en 229.
Las manifestaciones de ciudadanos defendiendo la creación e independencia de la República catalana vienen celebrándose sin incidentes y con todas las concesiones y permisos habidos y por haber de los representantes del Gobierno central. Ahora mismo, mientras escribo están en las calles defendiendo esa proposición política.
Los partidos de ideología soberanista e independentista gobiernan y presiden la Generalitat catalana desde que el president Tarradellas regresó del exilio francés. Los señores Pujol, Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont y Torra, han gobernado Cataluña desde la estructura de poder que es la propia Generalitat y controlado el Parlament.
Los diputados y senadores electos por los ciudadanos de Cataluña, independentistas o no, se han sentado en el hemiciclo del Congreso en la Carrera de San Jerónimo, y en el Palacio del Senado desde el primer gobierno del difunto señor Suárez.
El Parlament ha aprobado hace unos días una resolución instando a las instituciones catalanas, autonómicas y estatutarias que son las únicas que hay en el territorio, a ejercer la desobediencia legal e institucional. Y el señor Torra en ejercicio de su función presidencial ha repetido hoy, esta mañana, esa misma disposición.
Bien. Dos cuestiones:
1ª/ Si los ciudadanos y responsables políticos y funcionarios públicos y policías independentistas van a practicar la desobediencia civil, legal e institucional, habrá que aceptar que los ciudadanos catalanes no partidarios de la independencia ejerzan ese mismo derecho negándose a pagar los impuestos que sostienen a las instituciones de la Generalitat y sus funcionarios. Por ejemplo los indirectos del IVA, una parte sustanciosa del cual administran las instituciones autonómicas catalanas y sostienen al Parlament. Y dejen de aceptar como President al señor Torra y honrar la cuatribarrada como símbolo del poder que institucionalmente ejerce ese mismo caballero. Y abandonar el Parlament como lugar del ejercicio del encuentro político y la acción legal.
2ª/ El Gobierno central habrá de garantizar a los ciudadanos no independentistas que puedan ejercer exactamente los mismos derechos de los que cumplan la resolución del Parlament sobre desobediencia civil, ya que todos los ciudadanos españoles somos iguales ante la ley.
La situación a que lleva la actitud de los políticos independentistas con responsabilidades ejecutivas y de administración puede irse de las manos a poco que se decline asumir decisiones políticas y gubernativas desagradables, pero necesarias, por parte del Gobierno central.
Los políticos españoles, no independentistas, que han tenido responsabilidades de gobierno en los últimos veinte años son autores por dejación de funciones, omisión, negligencia o estulticia elevada a la enésima potencia, quieran no no, de las disfunciones y enfrentamientos civiles que se nos vienen encima en Cataluña, por no hacer política y no admitir lo que se planteaba en los partidos e instituciones autonómicas catalanas obviando que solo negociando y pactando se pueden solucionar los problemas. A mi modo de ver puede ser tarde para esa vía que es la única racional, honesta, inteligente y positiva.