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18 de Julio, comienza la guerra civil

Pablo Gea
Pablo Gea*

En todos los aniversarios del inicio de la mayor vergüenza de la Historia de España, la Guerra Civil, pasa lo mismo. Los odios de un conflicto que acabó hace 78 años parece seguir empañando los intentos por analizar con un enfoque riguroso y objetivo, alejado completamente de la propaganda de aquellos años y de la manipulación política que, de un tiempo a esta parte, se viene haciendo por parte de unas formaciones políticas que todos conocemos perfectamente. Para unos, esos 17 y 18 de julio de 1936 fueron un glorioso Alzamiento militar, necesario para acabar con una república de comunistas y revolucionarios de la peor especie. Para otros, un golpe del fascismo asesino contra una república democrática e idílica. Ambos planteamientos son falsos, nutridos por las simplificaciones interesadas que sólo demuestran el sectarismo y la inmadurez analítica de quien los expone.

 

La cosa no fue tan simple porque el 12 de diciembre de 1930, los capitanes Galán y García Hernández se sublevaron y publicaron un bando.

 

Como lúcidamente dejó dicho Ortega y Gasset, para poder hablar de la Guerra Civil Española hay que atender a los orígenes, al por qué de todo, para poder hallar la verdad histórica, que es lo único que interesa. Si durante los años de la Dictadura se impuso la “verdad” de los vencedores, ahora, empleando la misma manipulación, se impone la de los vencidos. Como de costumbre, todo es mucho más complejo. Las causas de ese 18 de julio están bien imbricadas en la naturaleza particular de la Historia española, mucho más allá de la Segunda República. No podemos ahondar en todas ellas aquí. Pero sí es necesario señalar como una de las principales el acelerado colapso de la vida política y social durante la crisis del régimen de la Restauración a principio del siglo XX que desembocó en la Dictadura de Primo de Rivera. Fracasada esta, la Monarquía de Alfonso XIII se fue con ella. Tras unas elecciones municipales -que no de cambio de régimen- que curiosamente ganaron los monárquicos por 22150 concejales frente a los 5875 republicanos, el sistema monárquico se autodeslegitimó y entregó el poder al Comité Ejecutivo Republicano presidido por Alcalá–Zamora. La cosa no fue tan simple porque el 12 de diciembre de 1930, los capitanes Galán y García Hernández se sublevaron y publicaron un bando en el que establecían el fusilamiento sin formación de causa a cualquiera que se opusiera a la república naciente.

 

Muestra de ello fue la autoritaria Ley de Defensa de la República, que castigaba con penas de multa, cárcel o exilio a quienes hiciesen apología de la Monarquía o criticasen al gobierno.

 

Las causas inmediatas sí están dentro del tumultuoso período republicano, y muy lejos del clásico relato de los militares, los curas y los terratenientes en armas contra una república modernizadora. La realidad histórica es que los republicanos, Azaña a la cabeza, concibieron la República como su república, negando la legitimidad a cualquier actor político que no estuviese acorde con sus planteamientos. Muestra de ello fue la autoritaria Ley de Defensa de la República, que castigaba con penas de multa, cárcel o exilio a quienes hiciesen apología de la Monarquía o criticasen al gobierno, lo que golpeaba fuertemente la naturaleza democrática de la República. La exclusión llegó hasta tal punto que la ley que regulaba el Tribunal de Garantías Constitucionales prohibió que se pudieran recurrir las leyes que desarrollaban los preceptos de una Constitución que se aprobó en diciembre de 1931 sin el consenso de las fuerzas políticas ni referéndum alguno, tras unas elecciones a Cortes Constituyentes regida por una ley electoral extremadamente mayoritaria que otorgaba más valor al voto en ciudad que en el agro, y sin sufragio femenino. El propósito de esto republicanos no era crear un sistema democrático al uso donde todos tuviesen cabida, sino que veían la democracia como un medio para un fin y no como un fin en sí mismo.

 

La derecha más conservadora y anti-reformista estuvo detrás de la intentona fallida de Golpe de Estado militar del general Sanjurjo en agosto de 1932.

 

Las otras fuerzas políticas no es que ayudaran. Los comunistas habían sido el último grupo de la izquierda en aceptar la república y sólo la contemplaban como un medio a través del cual implantar su dictadura. Los anarquistas se lanzaron a una ruta de sublevaciones, atentados y ocupaciones y quema de iglesias, junto con otros grupos, como los sucesos de Castiblanco, Arnedo, Alto Llobregat o Casas Viejas. La derecha más conservadora y anti-reformista estuvo detrás de la intentona fallida de Golpe de Estado militar del general Sanjurjo en agosto de 1932. Cuando el Partido Radical de Lerroux formó gobierno con apoyo de la CEDA (derecha legalista, que fue además el partido con más escaños) tras las elecciones de noviembre de 1933, las primeras en las que votaron las mujeres, los conflictos sociales se dispararon con huelgas, ocupaciones y pistolerismo, principalmente instigados por anarquistas y socialistas. La izquierda no aceptó la derrota electoral y tanto el PSOE como Azaña intentaron invalidar los resultados electorales. Como esto no surtió efecto y, bajo el paraguas del acceso de la CEDA al gobierno y de la coyuntura internacional con al ascenso de Hitler como telón de fondo, el PSOE, junto con grupos anarquistas y comunistas, dio un golpe de Estado contra el Gobierno, lo mismo que la Generalitat catalana, lo que desembocó en la Revolución de Octubre de 1934. Azaña también intentó su golpe de mano y fracasó. Él, junto con otros, fue encarcelado después de que el Ejército interviniese.

 

Secuestro de urnas, asaltos, coacciones, palizas, detenciones ilegales, chantajes… Fueron los métodos que emplearon los partidos del Frente Popular para prevalecer en los comicios.

 

Las elecciones de febrero de 1936 y lo que vino después fueron la gota que colmó el vaso. 249 actos de violencia en toda España antes de las elecciones, a lo que hay que sumar el falseamiento de los resultados electorales: La Coruña, Orense, Cáceres, Málaga, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Cuenca… El 10% del total de escaños, alrededor de 50, fueron manipulados. La Derecha y el Centro, que en numerosas ocasiones acudieron a la competencia electoral unidos, se impusieron por 700.000 votos. Secuestro de urnas, asaltos, coacciones, palizas, detenciones ilegales, chantajes… Fueron los métodos que emplearon los partidos del Frente Popular para prevalecer en los comicios. Alcalá-Zamora, el conservador Presidente de la República, intentó manipular el proceso electoral para fortalecer al nuevo partido de Centro del entonces Presidente del Consejo de Ministros, Manuel Portela Valladares, que ante la situación de caos dimitió y fue sustituido por Azaña antes de finalizar el recuento electoral. Huelga decir que en la Comisión de validación de Actas posterior estas se manipularon más aún si cabe, pues, controlada ya por el Frente Popular, validó las suyas y anuló la de los adversarios. Tras el establecimiento de la indisolubilidad de las cortes y la destitución ilegal de Alcalá-Zamora, siendo sustituido por Azaña, por parte del Gobierno se implementó una política que dio lugar al recorte de los derechos civiles, a la censura de la libertad de expresión y a la aparición de milicias auxiliares (pertenecientes a los partidos del Frente Popular, en especial del PSOE) de las fuerzas del orden, como las que colaboraron con miembros de la Guardia Civil y la de Asalto en el asesinato del líder de la oposición, Calvo Sotelo.

 

El resultado fue el peor de todos, una dictadura reaccionaria que jamás buscó la reconciliación y que impuso miserablemente una amplia división entre vencedores y vencidos.

 

La derecha radical organizó su conspiración entrando en contacto con los militares que planeaban la sublevación, mientras la Falange llevaba a cabo una campaña de terror en las calles a la zaga de las milicias socialistas y anarquistas. Con la convivencia social quebrada, una dura persecución religiosa, choques violentos entre revolucionarios y fuerzas de orden, un gobierno pretendidamente autoritario pero incapaz de mantener la estabilidad social, el asesinato de Calvo Sotelo, que había clamado por el conflicto de la misma forma que Largo Caballero, el llamado Lenin Español, fue el toque de diana. Máxime cuando el Gobierno, lejos de castigar a los culpables, saboteó la investigación judicial y los recompensó con cargos. A partir de este momento, la mayoría de los mandos militares, que no estaban dispuestos a aventuras alocadas, se decidieron por la sublevación, no dudando en aplicar la represión y el terror en las zonas bajo su dominio, de la misma forma que ni el Gobierno ni los revolucionarios iban a dudar en eliminar inmisericordemente a aquellos que consideraran opositores.

El resultado fue el peor de todos, una dictadura reaccionaria que jamás buscó la reconciliación y que impuso miserablemente una amplia división entre vencedores y vencidos. En la misma clave en que venían haciendo estos vencidos. En la Guerra no hay ni buenos ni malos, sólo fuerzas que se enfrentan. En nuestra guerra civil más todavía. Solucionando, como es imperativo, el asunto de las fosas, y dando sepultura digna a los muertos, hay que mirar hacia el futuro, no ser presa de los partidos políticos guerracivilistas y hacer un juicio sereno, objetivo y maduro sobre lo que ya pertenece a la Historia. Una Historia que no hay que olvidar, pero de la que tampoco se puede seguir siendo esclavo.

 

*Pablo Gea es estudiante de Derecho y activista político.

@Pablo_GCO