La reunión extraordinaria del Consejo Europeo, celebrada en Bruselas el jueves-viernes pasado, tenía un qué y un para qué bien concretos. El qué, el objetivo, era alcanzar un acuerdo que reconfigurara el engaste del Reino Unido (RU) en la Unión Europea (UE). El para qué, la finalidad, facilitar la victoria del “Sí“ en el referéndum sobre la permanencia del RU en la UE, previsto para el 23 de junio próximo. El objetivo se ha alcanzado: después de dos días de trabajo maratoniano, se ha sellado el acuerdo. Estaba escrito en las estrellas de la Unión, desde el mismo momento en que los otros 27 socios aceptaron reunirse primero a nivel diplomático y de expertos, y finalmente al máximo nivel (Consejo Europeo), para discutir y renegociar con el RU el estatus de éste en el seno de la Unión. El logro de la finalidad está por ver. No está claro que el acuerdo —una bajada generalizada de pantalones de 27 países—, logre decantar hacia el “Sí” a una mayoría de los votos del referéndum británico. En fin, quizás por eso digan que la política es el arte de lo posible.
El RU es el país más insolidario de la UE. Desde el 1 de enero de 1973, fecha de su adhesión a las Comunidades Europeas, aquél ha sido una china en el zapato del empeño europeo. El RU es el país que goza de más excepciones y prebendas (qué razón tenía el general De Gaulle dándole varias veces con la puerta en la cara). Es el país del “opting out” por excelencia. Seamos claros: antes que europeos son isleños. Su contrastada vocación insular —que va mucho más lejos de lo meramente geográfico—, ha supuesto desde su entrada un freno permanente a la profundización del proceso de integración europea. Con el acuerdo de este último Consejo Europeo, lo va a ser en mayor medida, al contemplarse explícitamente en él la reforma de los tratados que gobiernan la Unión, para que el requisito de ambicionar una Unión más estrecha “no sea de aplicación al Reino Unido”. No es algo conceptualmente sorprendente: era un hecho. Lo novedoso es que la reiterada posición de nuestro socio británico, con un pié dentro y el otro fuera de la UE, ahora se eleva a “escritura”. Y de este modo, los 27 jefes de estado y de gobierno de los otros países europeos han sido a la vez notarios y testigos vergonzantes del insolidario juego británico, de permanecer en el club si puede disfrutar de sus ventajas y escaquearse de sus inconvenientes.
[blockquote style=»1″]El tratar de frenar la entrada de inmigrantes europeos en ese país comunitario, limitando sus prestaciones sociales en hasta siete años, es una objetivo despreciable.[/blockquote]
La praxis británica considera que no hay socios permanentes sino intereses permanentes. No es ilegítimo, pero es demasiado egocéntrico. Algo que erosiona el esfuerzo común europeo, por lo que tiene de provocación o mal ejemplo para otros socios de la Unión, que posiblemente podrían sentirse inclinados a asomarse a ventanas similares a las británicas. Estamos ante un problema de disparidad de lógicas. La británica abona una Unión cuyo objetivo esencial es el mercado único; es la Europa de los mercaderes, en la que los más directamente beneficiados son los países de base industrial superior (entre los que se encuentra el RU). Mientras que la lógica general comunitaria apuesta por una Unión en la que los ciudadanos son el objetivo nuclear. Posiblemente, esa divergencia esencial entre el RU y la mayoría de sus socios en la UE sea algo insalvable, que antes o después lleve o bien a la salida definitiva del RU de la UE —situación crítica pero controlable—, o mal, a la evaporación de la Unión, seguida del “diluvio universal”.
Son demasiados ya los temas de fondo a los que el RU da la espalda. La UE, carente de liderazgo, en vez de avanzar retrocede. Por mencionar solo un grave ejemplo, ahí está el pilar de la seguridad y defensa. La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) surgida a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, está empantanada por la actitud bloqueante del RU. Poco o nada se ha progresado, por ejemplo, en la que era prometedora “cooperación estructurada permanente”. O en una estrategia industrial de defensa accesible a todos. Al RU lo de la defensa en el seno comunitario le es algo ajeno. No le interesa, porque la defensa es trama esencial en el concepto de soberanía. Y de ésta no quiere hacer concesión seria alguna (está también fuera del euro por el mismo motivo) en beneficio de la Unión. En consecuencia, en cuanto se suscita algo que suponga progresar en esa dirección inmediatamente reaparece la “pérfida Albión” para desbaratarlo.
Ahora, en un ataque agudo del británico síndrome de insularidad, ha tocado escoriar al esencial pilar social. Se han acordado limitaciones y discriminación de los trabajadores europeos en el RU, en función de su pasaporte, que no son de recibo. El tratar de frenar la entrada de inmigrantes europeos en ese país comunitario, limitando sus prestaciones sociales en hasta siete años, es una objetivo despreciable. Despropósitos que ponen en cuestión los mejores valores de la Unión y atrasan el reloj del conjunto del proyecto europeo. El acuerdo alcanzado para dar satisfacción a los intereses del RU, es metafísicamente opuesto a las múltiples sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión, que amparan la libre circulación de personas y sus derechos sociales. En definitiva, ese acuerdo supone un ataque frontal al contrato social europeo, porque subvierte uno de los principios medulares de la Unión: la igualdad de derechos de todos sus ciudadanos con independencia de su nacionalidad.
En último término, lo que ahora está en juego es la propia actitud integradora del proceso europeo. El acuerdo del Consejo Europeo alcanzado ayer, aunque se quiera presentar, de manera vergonzante, como un avance, en realidad marcha en sentido contrario a una mayor integración. Es una humillante cesión en favor de los exclusivos intereses nacionales del RU. En mi opinión, es un acuerdo que no debería haber sido alcanzado en los términos reflejados en las conclusiones del Consejo. Si el RU saliera por fin de la Unión sería un golpe, especialmente en términos políticos. Pero sería su derecho, su decisión y su responsabilidad. No más que un mal toro pero lidiable. Vaya, como diría la genial Faraona, una “pena, penita pena”. Tal cual.