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Adiós a los macroprocesos judiciales en Andalucía

No existe ninguna gran investigación judicial y policial nueva contra la corrupción política, salvo las que desde hace años siguen su curso.

 

“¿Te has dado cuenta que, de un tiempo a esta parte, en Andalucía no existe ninguna gran investigación judicial y policial en marcha contra la corrupción política, salvo las que se iniciaron hace años y siguen su lento curso?”.

La pregunta, lanzada en una conversación informal por un destacado funcionario del aparato judicial andaluz, tiene su miga porque es verdad.

Que se conozca públicamente no hay ninguna causa nueva que pueda recordar a lo sucedido en la última década en Andalucía donde brillaron con luz y titulares de escándalo procesos tan llamativos como las operaciones Malaya (Marbella), Poniente (El Ejido), los Eres, los cursos de Formación, el caso Infoca, Mercasevilla (todos absueltos), Marismas, VPO de la CEA (Sevilla), UGT, Nazarí, fraude en las entradas a la Alhambra en Granada etc. etc., alguno de los cuales siguen su curso hoy con desesperante lentitud. Como denominador común en todas estas actuaciones llamativas de la Justicia en Andalucía, decenas de millones de euros públicos desaparecidos en los escenarios políticos más pestilentes y con protagonistas de casi todos los colores del arco político. ¿Significa esto que en Andalucía ya no existe corrupción política? Parece obvio que no.

 

La sensación de que el brazo de la Justicia se ha tomado un respiro en la persecución del delito y los delincuentes corruptos es algo más que una sensación de la opinión pública y publicada.

 

En esta cuestión concreta quizás la clave radique en la función de impulso de la Fiscalía Superior del TSJA ocupada actualmente por la jurista granadina Ana Tárrago, natural de Guadix, nombrada por el Fiscal General José Manuel Maza en marzo de 2017 en sustitución de Jesús María García Calderón quien durante 16 años ocupó el cargo y que presentó – sin éxito – su candidatura a la reelección. Coincidió con la famosa purga de fiscales progresistas auspiciada por el gobierno del PP con el ministro Rafael Catalá como supervisor. Maza dijo de Calderón en el acto de relevo que había sabido “proporcionar a la sociedad y a cada uno de los ciudadanos los servicios de nuestra institución de manera accesible, próxima, ágil y más eficaz en salvaguarda de los derechos de todos”. También valoró su “honestidad intelectual” y su “imparcialidad”.

 

La Sra. Tárrago, que tuvo su primer destino como fiscal en Almería, es miembro de la Asociación de Fiscales desde 1990 y desde 1991 era la Fiscal Jefe de Granada. No es partidaria de los macroprocesos judiciales, una de las pocas ideas lanzadas públicamente ya que no se ha prodigado en declaraciones públicas en estos 18 meses; un comportamiento completamente distinto al de su predecesor: “Me parece más negativo y menos práctico en un procedimiento seguir buscando y buscando sin centrarse en lo que realmente se tiene”, oponiéndose la Fiscal Superior a “todo lo que sea ir agrandando más las causas” y apostando por hacer piezas y no “macrocausas que perjudican a todos”.

Esta idea, compartida históricamente por la Fiscalía en la mayoría de estas causas de tanta envergadura y calado político, está cargada de lógica operativa y búsqueda de eficacia, aunque visto desde la calle no se acabe de comprender muy bien. Desde luego no es lo mismo dar carpetazo a una macrocausa que a una o cinco piezas separadas de un procedimiento, algo que, gota a gota, no genera tanta alarma social ni levanta sospechas. De igual forma la Sra Tárrago es partidaria de que sean los fiscales los que dirijan las investigaciones y se queja como lo hizo García Calderón en su docena larga de ‘Memoria de Fiscalía’ de la falta de medios, con fiscalías colapsadas como en los casos de violencia de género y terrorismo machista.  El asesinato estos días de varias mujeres (y un hombre) convirtieron la semana en una de las más negras vividas en violencia de género.

 

El Caso de la Trama Amat en Almería

 

Pero volvamos a las causas por corrupción política. En Almería desde hace seis años, en un juzgado de Roquetas, se investiga una querella de la Fiscalía a raíz de una denuncia de la asociación anticorrupción denominada Asociación Mediterránea contra la Corrupción y la Transparencia (AMAyT) contra el hombre fuerte del PP en la provincia Gabriel Amat Ayllón. Años de investigación, con 25 piezas separadas desgajadas del tronco central de la causa, y por la que han pasado ya siete jueces. Se trata quizás de la última macrocausa viva y sin imputaciones aún, aunque los denunciados están personados desde el inicio. La última instructora llegó antes del verano, es joven y llega a su primer destino en la Carrera.

Se indagan supuestos delitos cometidos en más de un centenar largo de mercantiles, también el papel jugado por Amat como alcalde de Roquetas – presidente de la Diputación y del PP– en los que supuestamente habría beneficiado irregularmente a familiares y socios de estos en pelotazos urbanísticos con muchos millones de por medio. El caso se denomina periodísticamente “Trama Amat”, con más de 120.000 folios en el procedimiento donde ha sido fundamental la aportación documental solicitada a la Agencia Tributaria, datos escrutados durante años por los agentes de la UDYCO-Costa del Sol.

 

Entorno a este sumario han sucedido dos cosas últimamente que llaman poderosamente la atención.

 

La primera, denunciada por AMAyT que abrió el caso, tiene que ver con el archivo el pasado mes de mayo de cinco piezas separadas de la Trama Amat por parte de la juez sustituta, Otilia Fornieles. Una de las piezas archivadas afecta a una SICAVEureka de nombre­– presidida por un sobrino de Amat y que se diluye societariamente con otra vinculada a un importante grupo de comunicación según AMAyT que llegó a pedir, sin éxito, el ‘Libro de accionistas’.

 

 

Cinco autos de archivo sin  firma de la Juez

 

Según el escrito elevado por AMAyT al CGPJ esos cinco autos de archivo se habrían confeccionado una vez la Sra. Fornieles había abandonado oficialmente la titularidad del juzgado, algo que ha quedado evidenciado tras el examen de las propiedades digitales de los autos de archivo que, además, dicen que no están firmados electrónicamente por la Juez, “al no estar ya en el juzgado”.

Pero si sorprendentes han sido estos archivos en diferido, mucho más ha sido la decisión tomada hace días por la nueva juez titular, María Purificación Ferreira García en la que tras examinar durante el verano las actuaciones y los miles de documentos acumulados ha tomado la decisión de exigirle con carácter retroactivo a la Acusación Popular, ejercida desde hace años por AMAyT con autorización del juez correspondiente, la presentación de fianza suficiente para darles por personados y proceder a proveer infinidad de recursos presentados, dadas las múltiples irregularidades que dicen haber detectado en la instrucción, por cierto todas beneficiosas para los intereses de Gabriel Amat.

Esta asociación, tal y como ha acreditado recientemente en el Caso Halsa, la constructora de cabecera de Amat y supuesta financiadora del PP en Almería, no maneja fondos y su media docena de socios tampoco disponen de capacidad económica para afrontar fianza alguna. Si se anula la actuación de la asociación denunciante como acusación en el proceso por no poder reunir la fianza, todo quedará en manos de Fiscalía ya que el PSOE, que se personó cuando el proceso estaba en marcha tras pagar 6.000 euros, nunca presentó ninguna iniciativa procesal en la causa.

El auto de la Juez ha sido recurrido. AMAyT espera que la Fiscalía de Almería se sume a su recurso y señalan que “en todo caso aquí de lo que se trata es de dilatar el procedimiento, mucha dilación, mientras los sospechosos rezan para que caigan prescripciones”.

Este artículo de publicó ayer lunes día 1 de octubre en VozPopuli