La entrada en vigor de la reforma del Código Penal español trae novedades importantes que afectarán a la gestión de la cosa pública en nuestro país y a sus gestores, poniendo límite a los insufribles niveles de corrupción que venimos padeciendo en las administraciones públicas.
Desde hace años es bastante habitual leer en los medios de comunicación noticias que informan sobre pérdidas importantes de altas partidas económicas – inversiones- que dependen de la gestión de la autoridad política de turno. Sin ir más lejos, antes del pasado verano, pudimos leer en El Mundo de Andalucía este escandaloso titular: “La Junta pierde 115 millones en tres ruinosas operaciones en yenes”. O en El País que la nueva cárcel de Málaga, 117 millones de inversión, permanece cerrada en Archidona desde hace dos años, con un coste de mantenimiento anual de 1,63 millones.
[ot-caption title=»Prisión de Archidona, dos años terminada y cerrada. Foto: Diario Sur» url=»https://confidencialandaluz.com/wp-content/uploads/2015/11/carcel-archidona_575x323.jpg»]
Decisiones políticas y administrativas que, hasta ahora, han ido quedando impunes sin que ninguno de los responsables haya tenido que dar cuenta ante la Justicia de lo que, trasladado al ámbito privado, hemos conocido como “administración desleal”.
Pues a partir de ahora – aviso para navegantes en los sillones públicos- este tipo de actuaciones delictivas no van a pasar desapercibidas para Jueces y Fiscales, quienes en definitiva administran la Justicia en nuestro país en virtud de lo contemplado en el nuevo Código Penal.
El art. 432 del nuevo Código Penal contempla en el apartado primero la administración desleal de fondos públicos, con perjuicio para el patrimonio público, en el apartado segundo la apropiación indebida de bienes por parte de autoridad o funcionario público, equivalente a la acción prevista para los particulares en el art. 253, aunque con una pena mayor (de dos a seis años de prisión e inhabilitación especial), y en el apartado tercero se prevé un supuesto agravado que es aplicable en todos los casos de causación de un perjuicio al patrimonio público superior a 50.000 euros, y se prevé una agravación mayor de la pena (que permite alcanzar penas de hasta doce años de prisión), en los casos de especial gravedad, concretamente cuando el perjuicio causado o de los bienes o efectos sustraídos excede de 250.000 euros.
A la vista de lo cual parece que a priori podemos dar por finalizada la irresponsabilidad de muchos cargos públicos – alcaldes, concejales, presidentes de Diputación , consejeros, ministros etc etc- que han venido tirando con pólvora de Rey con el dinero de los impuestos de los ciudadanos sin que nadie les exija las responsabilidades que procedan.