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Administrados indefensos en manos de gobernantes ineptos

Francisco Rubiales
Francisco Rubiales

La campaña electoral ha cruzado el ecuador sin que ninguno de los grandes partidos con opciones de victoria plantee la reducción de un Estado tan plagado de gobiernos, parlamentos e instituciones inútiles que solo sirve a los políticos parásitos y enchufados con carnet de partido y que resulta insostenible. La reduccion del tamaño del Estado es, junto con el fin de la corrupción, la principal demanda ciudadana, pero los partidos, en manos de candidatos mediocres, arrogantes y ajenos al pueblo y al interés general, ignoran ese anhelo simplemente porque a ellos no les conviene. Son sátrapas que no merecen un solo voto.

Hasta han cerrado los ojos y oídos ante las advertencias de Europa, que les pide que reduzcan el tamaño del monstruoso Estado que han construido.
Los últimos gobiernos españoles han optado por la política irresponsable y suicida de incrementar el endeudamiento y los programas electorales de los partidos de izquierda, irresponsablemente, apuestan por más funcionarios y políticos colocados y por más gasto público. La deuda pública española es tan grande que para muchos expertos es impagable y para otros condena el futuro del país e hipoteca a las tres próximas generaciones de ciudadanos.

Es tan irresponsable y suicida la política del gobierno español que cada niño que nace en España llega a la vida con una deuda cercana a los 20.000 euros.

Si ese endeudamiento respondiera a medidas para combatir la crisis, los ciudadanos lo asumirían como un mal inevitable, pero gran parte de la deuda española es para seguir permitiendo el despilfarro de las administraciones públicas que, acostumbradas a gastar a manos llenas, renuncian a la austeridad y no dudan en endeudarse para seguir manejando dinero abundante.

Es tan irresponsable y suicida la política del gobierno español que cada niño que nace en España llega a la vida con una deuda cercana a los 20.000 euros.

Mientras tanto, el maniroto gobierno de Rajoy se ha negado sistemáticamente a introducir medidas de austeridad y a someter a la dieta rigurosa que los expertos aconsejan al Estado, enfermo de obesidad mórbida, con más de tres millones de funcionarios y con otros 300.000 contratados, muchos de ellos familiares y amigos de políticos, enchufados de los partidos y gente comprada, muchas de las cuales ni siquiera trabajan a cambio de los sueldos que cobran del erario público.

Los ciudadanos se sienten indefensos y frustrados ante el abuso del poder y también incapaces de corregir esa política suicida de gasto. La llamada «democracia» española es, en realidad, una dictadura de partidos legalizada por las urnas en la que el ciudadano no tiene peso ni capacidad de influir o controlar a los poderes públicos.

Desde Zapatero, los gobiernos, los grandes partidos que han pilotado el desastre y el mismo Estado son ya mirados por una creciente masa de ciudadanos como «el enemigo», lo que deslegitima e invalida el sistema.