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Alaya y Bolaños, dos juezas con dos sumarios

Pepe Fdez
Pepe Fernández

Las últimas decisiones judiciales sobre los muy renombrados casos de corrupción de Andalucía – EREs y Formación – han colocado a dos populares juezas en el ojo del huracán y al Sistema Judicial español en un escenario inquietante y, si no fuese grave lo que se juega, bastante cachondeable. Y es que muchos contribuyentes empiezan a creer que, en esto de los EREs, nos puede haber costado más el collar (la instrucción) que el perro (los millones que se puedan haber llevado). Un circo en cualquier caso que, muchos,  han utilizado políticamente durante varios años.

Qué cosas, aquel que se hizo famoso por decir “la Justicia es un cachondeo”, Pedro Pacheco, duerme desde hace años en la cárcel de Puerto 2, cumpliendo condena de años de prisión por enchufar a tres o cuatro asesores municipales en el Ayuntamiento de Jerez. ¡Que Justicia más desproporcionada tenemos! La opinión pública está escandalizada y particularmente en el asunto EREs desorientada ante resoluciones que hoy dicen blanco donde anteayer, otra jueza, decía negro ante las mismas pruebas y evidencias. De locos.

Un Sistema Judicial herido

Por su parte, la opinión publicada, especialmente aquella que, de una forma u otra, ha tomado partido más o menos descarado en favor o en contra de Alaya o Núñez, intenta recomponer la figura y aquilatar lineas editoriales en beneficio de la verdad más objetiva, que en este caso convive abundantemente con la mentira y la injusticia.
No se trata de entrar aquí y ahora a valorar las tripas de la instrucción que más ríos de tinta ha arrojado en Andalucía desde que vivimos en democracia junto a la Operación Malaya en Marbella. Pero empieza a ser conveniente, puestas como están las cosas, poner negro sobre blanco que si de algo están sirviendo estas politizadas macrocausas es para constatar que el Sistema no funciona, que está herido gravemente, además de corrompido o contaminado.

Alaya, una mujer, llegados a este punto, que si algo ha demostrado es valor, carácter, capacidad y preparación jurídica, pero sobre todo, el convencimiento obsesivo – enfermizo para algunos– de que estaba investigando a una banda de delincuentes políticos.

Miren Uds, durante los años y años que ha venido durando esta instrucción de los EREs de la mano de la Juez Mercedes Alaya, quienes tenemos acceso a fuentes de información en el ámbito judicial, hemos sido testigos de las múltiples dudas levantadas entre las togas por cómo afrontaba su trabajo la magistrada del trolley.

No recuerdo en estos años ningún alto funcionario de la Administración de Justicia con el que haya hablado que hubiese aplaudido, desde el punto de vista profesional, los métodos y decisiones de Alaya en su retransmitida instrucción. Métodos y decisiones que, curiosamente, han sido avalados sistemáticamente por los magistrados de la Audiencia de Sevilla y, también, por el CGPJ que la amparó cuando lo necesitó. Muchas veces se llegó a tener la impresión de que eran apoyos forzados por la alarma social (y política) que iba generando el caso EREs.
Alaya, una mujer, llegados a este punto, que si algo ha demostrado es valor, carácter, capacidad y preparación jurídica, pero sobre todo, el convencimiento obsesivo – enfermizo para algunos– de que estaba investigando a una banda de delincuentes políticos como autores intelectuales de un robo que, por interés político y mediático, se ha situado por encima de los mil millones de euros.

Falso, si se considera que los seis o siete mil perceptores de esas pensiones, como ahora reconoce por vez primera la juez Bolaños, reciben ese dinero porque legalmente les pertenece. Pese a ello Alaya nunca se atrevió a abrir pieza separa contra esos miles de perceptores para que devolviesen un dinero al que tienen pleno derecho y que según ella había sido malversado. Como tampoco se atrevió empapelar a Juan Ignacio Zoido y otros gestores del ministerio de Trabajo por su papel como delegado del gobierno en las ayudas sociolaborales a la Faja Pirítica de Huelva donde también hubo tomate. Pero la cantinela político tertuliana en estos años siempre sonó hablando de robo masivo, en una horquilla que situaban alegremente entre los mil y mil quinientos millones de euros. La realidad de lo robado algunas fuentes del proceso penal lo sitúan entorno a los 150 millones como mucho, que ya son millones desde luego.
Es evidente que Alaya ha cometido errores. Por lo que se empieza a confirmar en autos judiciales muchos errores, como también parece que ha quedado a la vista de todos que Alaya ha sido víctima de quienes la apoyaron y la jalearon desde las trincheras políticas, o sea desde el PP.

Alaya engañada por el PP

A Mercedes Alaya, el PP, la ha acabado engañando al prometerle y garantizarle que si pedía el traslado a la Audiencia como ella deseaba para ascender en su Carrera, se le permitiría posteriormente continuar instruyendo las causas de su vida: Eres, Formación, Mercasevilla y lo que cuelga.
Y le hicieron la pirula. Quién le prometió la componenda -se habla de Zoido y Javier Arenas e incluso de la ministra Bañez- la dejaron con la brocha en la mano y de ahí, explican en los juzgados, la virulencia de su escrito poniendo como hoja de perejil a su sustituta María Nuñez Bolaños ante el CGPJ. Echó los restos.
Por eso perdió los papeles Alaya, insultando y descalificando a una compañera de la que dijo que no tenía idea de Penal y que la suponía una prevaricadora por el hecho de ser amiga personal del consejero de Justicia Emilio de Llera (Otro personaje del sainete). En fin, dando a entender que Nuñez Bolaños llegaba para salvar a sus amigos los socialistas del apuro, pero sobre todo y Alaya lo sabía, para pinchar su globo de los EREs… el caso de su vida.

Es tan grave y escandaloso el escenario que han creado las ultimas decisiones judiciales, desmontando otras “verdades” anteriores, que se puede interpretar como un insulto a la inteligencia de la ciudadanía por no caer en la grosería de la patada donde más duele.

Lo más grave de todo, visto desde la calle, es la sensación con la que se queda un ciudadano al comprobar dos cosas francamente graves se miren por donde se miren. La primera que la administración de Justicia ha dedicado una ingente cantidad de medios para que, ahora, otra jueza nos diga mediante auto que de nada ha servido lo que hizo su predecesora durante años y años porque estaba equivocada en sus calificaciones penales y junto a ella la Guardia Civil bajo sus órdenes. La segunda es darle alas a la idea generalizada de que los tribunales y sus moradores están secuestrados y tutelados por el poder político. El descrédito y la desconfianza en un Estado de Derecho suele ser el principio del fin de muchas cosas vitales para la convivencia en paz y orden.
Es tan grave y escandaloso el escenario que han creado las ultimas decisiones judiciales, desmontando otras “verdades” anteriores, que se puede interpretar como un insulto a la inteligencia de la ciudadanía por no caer en la grosería de la patada donde más duele.
Como tampoco conviene olvidar a las posibles víctimas inocentes de un enorme atropello político y judicial – o no – durante años. Ese sí que es un daño irreparable, sin duda.

Alarma social

Estamos ante unas decisiones que, como dirían sus señorías en algunas de sus sesudas resoluciones, generan alarma social y, por tanto, la sociedad necesita respuestas urgentes, que para eso el CGPJ no está en funciones, que se sepa.
Procedería pues anunciar por lo menos una exhaustiva investigación, vía Servicio de Inspección, de los procedimientos y decisiones que afecten a las piezas judiciales materia de la polémica. La opinión pública quiere saber si la Sra Alaya ha actuado con mala fe durante años, siguiendo directrices no precisamente jurídicas, o si por el contrario la Sra Nuñez Bolaños es una desahogada que optó al Juzgado Nº 6 para salvar a sus amigos socialistas del escándalo.

Hoy Andalucía se la conoce más por los Eres que por sus monumentos, playas, parques y museos.

Porque, una de las dos, no ha actuado correctamente – ¿ prevaricación?– y el CGPJ, máximo órgano de dirección de la judicatura española, está en la obligación de explicarnos la verdad judicial de la instrucción del caso EREs a todos los españoles.
Si no se explica bien, si a la ciudadanía no se la convence de que no se han malgastado sus impuestos para un Auto de Fe del PP oficiado en las sombras por el tándem Zoido-Arenas, sin garantías y con clamorosas contradicciones en las decisiones tomadas , si no se explica bien todo eso el deterioro, la credibilidad y la imagen de la Justicia acabarán en el fondo más profundo de la ciénaga.
Entre los daños colaterales causados por este macroprocedimiento, dado que han resultado encartados dos expresidentes y un buen número de exconsejeros del gobierno andaluz, el daño generado al nombre de Andalucía ha sido impresionante. Hoy Andalucía se la conoce más por los Eres que por sus monumentos, playas, parques y museos. Para que encima descubramos que todo ha sido un circo con sumisas leonas dopadas con una especie de burundanga. Por cierto, pagada con nuestros impuestos.