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‘Alimentación Siglo XXII’, el negocio imposible de Pérez Royo

La historia de una sociedad creada para gestionar, con fondos públicos, un proyecto empresarial no comercializable

Equipo de Investigación/ C.A.- En el año 2007, un conocido grupo empresarial del sector agrario sevillano entra en contacto con Estudio Jurídico Itálica (EJI) a través de uno de sus socios. El citado grupo está integrado por una conocida saga sevillana, la familia Melgarejo, descendientes del Duque de San Fernando, y cuenta con la colaboración de un respetado profesional veterinario, Antonio Carmona, progenitor de una actual miembro del CGPJ. Se planta en el EJI con un proyecto que, decían, suponía una auténtica revolución en el mundo de la alimentación animal, llegando ambas partes al acuerdo de crear una sociedad mercantil para explotar dicho descubrimiento.

En enero de 2008 nace Alimentación Siglo XXII SL, con la participación de la familia Melgarejo, individualmente y de algunas de sus sociedades, entre las que destacaba Aspero SA y el Estudio Jurídico Itálica. También está Javier Pérez Royo a título personal, como titular de la mayoría minoritaria de las participaciones de la nueva sociedad, y el inventor del producto, con un peso societario que le permitiría inclinar la balanza de la mayoría de participaciones hacia uno u otro grupo. Pérez Royo es nombrado administrador único, cargo que a día de hoy sigue detentando.

Creada la sociedad ante el notario Antonio Ojeda, tan solo quedaba emprender la tarea de los conseguidores, única razón de ser de la participación del despacho de Pérez Royo en el proyecto

El objetivo de la nueva mercantil era explotar la patente de la innovación, patente que realmente nunca ha existido formalmente. El grupo industrial no arrastraba un momento financiero boyante para actuar por su cuenta y su acercamiento a EJI tenía como objeto lograr fondos públicos para que algún centro científico avalara el descubrimiento del veterinario Carmona.

No cabe duda de que los Melgarejo habían acudido al lugar apropiado para conseguir fondos públicos; el despacho atravesaba un momento de gran actividad y su fama como de conseguidor estaba ya en boca de muchos empresarios de Andalucía y de buena parte del resto de España.

El aval profesional se acordó que debería proceder de una universidad y se seleccionó a la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Creada la sociedad ante el notario Antonio Ojeda, tan solo quedaba emprender la tarea de conseguidores, única razón de ser de la participación de EJI en el proyecto. Para ello cuanto más elevada fuera la interlocución en la Administración andaluza, tanto mejor.

OTRA TORTILLA CAMPERA CON FOTO

[ot-caption title=»Se celebró una comida campestre en la finca de los Melgarejo, en el término municipal de San José de la Rinconada, con la presencia de todos los socios, salvo el abogado Muñoz Zamora. Jaime Melgarejo, en representación del paquete accionarial de su familia, que ascendía al 42%, tres de los socios de EJI, poseedora del 36% de las participaciones, más el 12% de Pérez Royo a título individual, el descubridor del nuevo producto, Antonio Carmona, con un paquete del 10% de participaciones como contrapartida a su tarea profesional, y el propio presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. En ella se fija la hoja de ruta que el proyecto seguirá ante los organismos públicos y se acuerda la participación de la propia Junta de Andalucía con una capacidad de incidencia decisiva en una primera etapa.» url=»https://confidencialandaluz.com/wp-content/uploads/2015/11/Chaves-almuerzo-campero-Alimentacion-S-XXI.png»]

El aval científico estaría mejor apalancado dando entrada en esta fase de investigación del proyecto a la propia Administración autonómica a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, siendo titular de la misma el almeriense Martín Soler Márquez, y, en concreto, de la empresa pública DAP, Desarrollo Agrario y Pesquero, al frente de la cual se encontraba, como consejero delegado de la misma, un exdirector general de la Consejería, Manuel Sánchez Jurado. El puzzle ya estaba armado. Todas las puertas para las ayudas públicas al proyecto por parte de la Junta de Andalucía para financiar el proyecto en cuestión quedaban abiertas.

Entre DAP, Aspero y Alimentación Siglo XXII se crea un consorcio integrado por la primera al 50% y las otras dos empresas al 25% cada una. Bajo el paraguas del consorcio presentan una solicitud de ayudas ante la CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, entidad impulsada por la Junta de Andalucía y un grupo de empresas de carácter privado. En abril de 2008 la CTA concede al consorcio un incentivo por un importe total de casi 260.000 euros, correspondientes a una supuesta inversión incentivable de unos 650.000 euros, de los cuales un 25%, o sea, unos 65.000 euros, lo fueron como subvención, y el resto, cerca de 200.000 euros, como un préstamo sin intereses, a 13 años, incluyendo 3 de carencia de amortizaciones.

Posteriormente, como el consorcio no tenía personalidad jurídica, la Agencia IDEA obliga al grupo a solicitar subvenciones individuales a cada uno de sus tres integrantes. En octubre de 2008 IDEA les concede un total de algo más de 150.000 euros, de los cuales 54.000 correspondieron a Alimentación Siglo XXII.

Un incentivo de 400.000 euros

Entre ambas fuentes, el proyecto podría disfrutar así de una financiación más que privilegiada, ya que superaba ampliamente las necesidades de la inversión y los incentivos acumulados máximos que la Junta de Andalucía exigía a los titulares de los proyectos a los que apoyaba financieramente. La cantidad total del incentivo aprobado superaba los 400.000 euros, siendo el destino fundamental de los fondos pagar la tarea profesional del aval científico de la UCO, Universidad de Córdoba, cuyo importe, según contrato firmado por las partes con fecha 29 de abril de 2008 ascendía a poco más de 252.000 euros.

Esto significa que para unas necesidades de inversión real de unos 250.000 euros, el proyecto percibió un incentivo de más de 400.000 euros, lo que se tradujo en la financiación del 100% del coste real del proyecto, más otros 150.000 euros. Esta última cantidad era, no por casualidad, la que tendrían que devolver en 10 años a partir de 2012 a la CTA.

De los 200.000 euros a devolver, le correspondían 100.000 a DAP, Consejería de Agricultura y Pesca, y unos 50.000 euros a cada una de las dos sociedades privadas; el pequeño déficit de 50.000 euros, una vez financiado el 100% del coste del proyecto, recaería, además, sobre la empresa pública, otra financiación más a sumar al grupo. En realidad, el proyecto debería haber recibido un máximo acumulado de unos 180.000€, pero sumando todas las partidas, realmente percibió mås de 450.000 €, todo un modelo de ingeniería financiera que ya quisieran para sí la mayoría de las empresas andaluzas.

Gracias a que el aditivo nunca llegó a pasar a la cadena alimentaria animal a través de su venta a ganaderos, se evitó que se cometiera un verdadero atentado contra la salud pública amén de unos más que probables resultados económicos negativos para el sector ganadero nacional.

Hasta aquí el tema financiero que, aún siendo llamativo, no fue nada comparado con la propia realidad del proyecto, imposible de salir a la venta en el mercado desde un principio al estar prohibido –y duramente perseguido– el uso de proteínas de origen animal para la alimentación del ganado desde ocho años antes, como consecuencia de la encefalopatía espongiforme bovina, o enfermedad de las vacas locas, en todo el territorio de la Unión Europea.

Esto no podía ser desconocido por los promotores y mucho menos por la propia administración responsable de controlar dicha prohibición, la Consejería de Agricultura y Pesca, que además avalaba ante la CTA y la Agencia IDEA la viabilidad legal y comercial del proyecto. Algo totalmente insólito y manifiestamente fraudulento.

El descubrimiento del veterinario investigador de Alimentación Siglo XXII consistía, esencialmente, en un aditivo que lograba aumentar sensiblemente la proteína verdadera en los ensilados que se utilizan en la alimentación animal. Sobre el papel, todo correcto.

El problema es que los «milagrosos» gérmenes que provocaban ese beneficioso efecto procedían del líquido ruminal de las vacas en el que se encontraban, o sea, material de origen animal que desde el 2000 estaba prohibido para la alimentación del ganado, según la legislación vigente aún hoy en día.

Ni la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, ni el responsable del desarrollo del proyecto, el catedrático Antón García Martínez, manifestaron ninguna objeción al mismo en el protocolo firmado como contrato con los tres miembros del consorcio, aún a sabiendas, sin duda, de que el descubrimiento nunca podría ser un producto comercializado. El objeto del protocolo no era una mera investigación científica, sino que se buscaba el aval científico sobre la bondad de su uso para su venta en el mercado de la alimentación animal. De hecho, la prohibición aún está vigente, a pesar de las presiones de los lobbies, debido al alto riesgo que su uso supone incluso para la salud humana.

Gracias a que el aditivo nunca llegó a pasar a la cadena alimentaria animal a través de su venta a ganaderos, se evitó que se cometiera un verdadero  atentado contra la salud pública amén de unos más que probables resultados económicos negativos para el sector ganadero nacional.

No contentos con esto, el administrador único de Alimentación Siglo XXII, Javier Pérez Royo, el investigador y socio, Antonio Carmona Arroyo, fallecido en agosto de 2012 –sustituido en las reuniones empresariales a partir de entonces por sus hijos, Ángeles Carmona Vergara y su hermano–, y el coordinador de la investigación de la UCO, el profesor Antón García Martínez, se dedicaron a ofrecer sendas conferencias para ir dando a conocer el producto milagroso. En una de dichas presentaciones públicas participó, incluso, la entonces viceconsejera de Agricultura y Pesca, Eva Cano, a la que es de suponer ignorante del fraude de lo que estaban presentando el resto de los asistentes.

Lo mejor del proyecto era el conocimiento profesional del veterinario investigador, si bien a nivel de gestión del mismo él nunca representó nada en la práctica, ya que entre los Melgarejo y los del despacho hacía y deshacían según sus propios criterios. Antonio Carmona era una buena persona, muy ilusionado con su proyecto, pero que se dejó manipular por unos desaprensivos.

Pocos meses antes de fallecer, Antonio Carmona, consciente de que nunca vería el éxito soñado de tantos años de investigación personal, si los gérmenes eran de origen animal, supo aplicar el criterio darwinista a la misma y descubrió gérmenes de origen vegetal que podrían tener las mismas virtudes de los que hasta ese momento se estaban empleando por parte de Alimentaciøn Siglo XXII y Aspero.

La próxima semana: El epílogo.