AMAyT denuncia ante el CGPJ a la penúltima Instructora de la Trama Amat.

La Asociación Mediterránea contra la Corrupción y por la Transparencia (AMyT) ha elevado hace una semana al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un escrito denuncia contra la Juez Sustituta Otilia Fornieles Romero, quien hasta el pasado mes de abril ocupó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Roquetas de Mar, el órgano jurisdiccional encargado desde el año 2012 de investigar la denominada Trama Amat y sus 25 piezas separadas; un sumario que incorpora ya miles y miles de folios con documentación de la causa.

Para la asociación no gubernamental no es la primera vez que elevan queja al CGPJ respecto del funcionamiento de determinados órganos judiciales de Almería en relación con casos de corrupción donde aparecen implicados políticos, especialmente del PP. 

En esta ocasión la denuncia se concreta en cinco diligencias, supuestamente firmadas por la Juez Otilia Fornieles, donde se sobreseían provisionalmente otras tantas causas de la Trama Amat “en formato Word, sin firma de Juez y Letrado de la Administración de Justicia, ni fecha electrónica cuando la juez sustituta había cesado con presunta alteración informativa”.

Entiende por tanto la asociación denunciante, que “las resoluciones son procesalmente nulas de pleno derecho al haberse dictado por un órgano sin jurisdicción ni concesión de prórroga de jurisdicción por el TSJA”.

Se informa también que se ha dado cuenta de estas circunstancias anómalas a la nueva Juez titular del Juzgado de Roquetas, Purificación Ferreiro:

Lo que no sabían los redactores de la denuncia al Consejo es que, mientras AMAyT redactaba su escrito para el órgano de gobierno de los jueces, la actual titular del Juzgado Purificación Ferreiro dictaba un auto en el que exigía, con carácter retroactivo a cinco años, que AMAyT presentase fianza suficiente para ejercer la Acusación Popular en la Trama Amat y sus 25 piezas separadas. También les anunciaba una decisión insólita: no pensaba proveer (atender) los escritos presentados por AMAyT a la cusa en tanto no se hubiese pagado la fianza de la que fueron exonerados en 2013 por la instructora de aquel momento. Insólita también la petición de los nombres y apellidos de los militantes de la asociación. Al PSOE la Justicia no le pidió la lista de sus militantes, aunque sí abonó una fianza de 6.000 euros por incorporarse como acusación particular sobre la marcha en la denuncia que no fue “de parte” como erróneamente afirma la juez Ferreiro en su auto ya que fue la Fiscalía de Almería la que formaliza la querella a raíz de una denuncia de AMAyT ante la Fiscalía Superior de Granada.