Andalucía como experimento

Cuando está a punto de cumplirse el plazo de los cien días de la toma de posesión de Pedro Sánchez, el pasado 2 de junio, periodo de cortesía que se le da a todo Gobierno para poder entrar a degüello sobre su gestión, el balance no ha podido ser más nefasto. En estos tres meses el “Gobierno bonito” de Sánchez se ha limitado a poner sobre la mesa una serie de medidas de puro escaparate, aprobadas casi todas por decreto ley y sin el necesario respaldo democrático del Parlamento, que han provocado un enfrentamiento aun mayor si cabe entre la sociedad española. La exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, la creación de varias comisiones inservibles e inanes para estudiar pamplinas sin importancia, el uso y abuso de aviones y helicópteros públicos para trasladar al presidente y su señora a actos privados, el gasto desmedido del Ejecutivo en campañas de marketing y autopromoción, la escabechina en RTVE más propia de dictaduras como la venezolana, los cambios de rumbo en la política de inmigración o respecto a la Judicatura, y…así hasta un centenar de propuestas que sólo han servido para dilapidar ingente cantidad de dinero que no tenemos y que podemos necesitar a la vuelta de la esquina.

Con todo, eso que acabo de esbozar no me produce demasiada preocupación. Lo que sí debe de preocupar a la mayoría de los españoles son los indicadores económicos que afectan directamente a nuestros bolsillos.

El aumento del precio de las gasolinas, la subida del gasóleo, la imparable escalada del coste de la luz y del precio de los alimentos, la prevista subida de impuestos, la paulatina caída del turismo y el histórico record de parados que se ha producido el recién acabado mes de agosto, con cifras casi olvidades y con la pérdida de más de doscientos mil afiliados a la Seguridad Social, nos retrotraen a los peores tiempos de Zapatero y a la crisis que estuvo a punto de sumirnos en el caos hace una década.

Y ahí es donde quería incidir. Lo de Sánchez y su “Gobierno bonito” en estos cien día de gestión se está pareciendo cada día más al último lustro del Ejecutivo zapateril donde la ruína económica y el guerracivilismo ideológico impregnaron hasta las más profundas raíces de la sociedad española dejándonos cerca de colapso y el enfrentamiento civil. No quisiera ser pesimista pero me da la impresión que en este año y medio que le queda a Sánchez para convocar elecciones (cada vez estoy más convencido de que se atornillará al sillón de la Moncloa y agotará la legislatura cediendo lo que sea ante Podemos o los independentistas para no tener que enfrentarse a la urnas) puede colocarnos en una situación incluso peor de la que provocó su antecesor, Rodríguez Zapatero, sobre todo si continúa ese goteo de cesiones dialogantes con los secesionistas catalanes a quienes se les debería de haber aplicado, hace tiempo, un nuevo y más duro 155 que impidiese a Puigdemont, a Torra y a toda la pandilla de golpistas del lazo amarillo, el seguir cachondeándose continua e impunemente de la legalidad constitucional, del pueblo y del Estado español.

La cosa no se acaba aquí. Si echamos la mirada hacia el sur, como es habitual, Andalucía se va a convertir de nuevo en banco de pruebas del socialismo hispano, en una especie de experimento político para medir fuerzas entre los dos íntimos enemigos, Sánchez y Susana, antes de afrontar las elecciones municipales de mayo de 2019.

Parece que todo está atado y bien atado y que para el 25 de noviembre la presidenta andaluza nos convocará a las urnas, seis meses antes de agotar la legislatura. La excusa es la falta de apoyos de Ciudadanos a los presupuestos, una ruptura que se hará efectiva esta semana cuando se reuna en Málaga la directiva del partido naranja presidida por Albert Rivera. Pero no ns engañemos, Susana hace tiempo que tenía prevista esta posibilidad de adelantar las elecciones. En un artículo que publiqué hace un par de meses, ya les adelantaba esta posibilidad que me confirmaban funcionarios de algunas Consejerías que se habían quedado sin vacaciones de verano trabajando en los preparativos electorales.

Este adelanto tiene sus pros y sus contras para la presidenta andaluza. A favor está el que las encuestas le siguen dando como segura vencedora pese a las meteduras de pata de Sánchez. Andalucía sigue siendo su “cortijo” mientras sus “manijeros” controlen los fondos destinados al voto subsidiado y dependiente de la Junta. Pero va a ser difícil que Susana obtenga la mayoría suficiente como para gobernar en solitario. Y es muy posible que se vea obligada a llegar a acuerdos puntuales (nunca de compartir gobierno, tanto con Podemos-IU como con Ciudadanos, para sacar adelante una legislatura difícil. En buena medida todo va a depender de los tejemanejes que haga Sánchez en Madrid con Pablo Iglesias. Susana no quiere darle tiempo a su jefe para que éste acabe con el cuadro. Ella sabe que Sánchez es capaz de dilapidar en seis meses todo el crédito obtenido y que las municipales de mayo van a ser la piedra de toque de su posible caída en desgracia.

En contra de este adelanto electoral está, sobre todo, el juicio de los EREs, que alcanzará su cénit en octubre, y su repercusión mediática.

Sin embargo, visto lo visto hasta ahora con los reveses sobre la corrupción (y el mayúsculo escándalo de la FAFFE con los 42.000 euros gastados en prostíbulos y restaurantes es digno de pedir la dimisión de todo el Ejecutivo andaluz) no parece que pueda afectar demasiado en el resultado de las elecciones autonómicas. Hay quien atribuye a Susana la frase “más vale mala FAFFE conocida que peor Pedro por conocer”. Seguramente será falsa, pero responde claramente a las intenciones a las que se encadena la presidenta.