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Andalucía, fumando espera

La progresiva legalización de la marihuana a nivel internacional y las elecciones esperanzan al movimiento en nuestra comunidad, donde hay unos 200 clubes de usuarios

Redacción C. A./ G. Hildebrandt.- Holanda era el referente fundamental, porque muchos volvían de sus vacaciones contando los porros que se habían fumado (u otras cosas que se habían comido, pero eso es otro reportaje). En los últimos años, otros países han regularizado en mayor o menor medida la producción, distribución y uso del cannabis, como el Uruguay de Mujica, México o algunos estados de Estados Unidos, primera potencia mundial y adalid de la prohibición durante décadas. En España, una legislación que despenaliza solo el consumo abrió la puerta a un movimiento asociativo de usuarios y defensores de la polémica planta. Solo en Andalucía son ya alrededor de 200 los clubes en los que se fuma y se adquiere la droga.

En 2007, un juez no solo absolvió a los acusados, sino que ordenó la devolución de los 17 kilos de marihuana incautados al club vasco Pannagh.

A las cinco y media de una tarde de sábado, el concurrido mostrador de entrada de una de estas asociaciones recuerda a un videoclub: uno que aún debe la cuota del mes pasado, otro al que la tarjeta de entrada no le funciona, una que no sabe sabe si hacerse socia, hola muy buenas, hasta mañana… Dentro, el ambiente es distendido: risas, sofás, futbolín, videojuegos, un par de barras de bar y hasta una sala de lectura. En una esquina hay una consola en la que se despachan bolsitas de marihuana, hachís, resina y otros productos derivados. Este club cuenta con cerca de 1.200 personas registradas.

El recepcionista, uno de los socios fundadores, asegura que están acostumbrados a la presencia de medios de comunicación, razón por la que pide anonimato –“no es necesario que seamos siempre los mismos los que salimos”, dice–. Y es que, aunque la mayoría acaben en absolución, el miedo a las intervenciones policiales hace que no todos quieran visibilidad en los medios. “El funcionamiento lo conoces más o menos, ¿verdad?”.

No se vende, se retira

Se trata de asociaciones legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente. El aspirante a socio, que debe llegar avalado por otro, firma un papel en el que se declara consumidor. Para sortear el delito contra la salud pública –tráfico, en román paladino– se deja siempre claro que la droga no se compra, sino que se retira: los socios hacen una previsión de lo que van a consumir, y luego la recogen. Solo pueden acceder socios. La idea es no tener que pillar en el mercado negro, y disponer de un espacio cómodo donde fumar.

La federación andaluza FACSur, a la que pertenece solo el 30% de los clubes, estima que en Andalucía hay unos 10.000 usuarios registrados.

Estos clubes existen en España desde hace unos 15 años. En Andalucía, el crecimiento ha sido exponencial. Según datos aportados por la federación autonómica FACSur, en 2009 había nueve; en 2013, 15, y a partir de ahí se pasó a los 100 en 2014 y los alrededor de 200 que existen ahora. Según estimaciones de la propia FACSur (que razona que el número de socios y socias oscila entre la decena y los más de 1.000 que tienen los más grandes), las personas que acuden a estos lugares para abastecerse podría rondar las 10.000 personas en nuestra comunidad. Es difícil establecer con exactitud la cifra, ya que solo un 30% de los clubes están integrados en el marco federativo. Para completar la cuenta hay que buscar de uno en uno en el registro de asociaciones de Andalucía.

“Esto”, matizan a C.A. desde la entidad, “no quiere decir que los clubes no afiliados cometan ninguna irregularidad, eso lo tiene que decir un juez. Son asociaciones legalmente constituidas y, aunque nos gustaría que se afiliasen todos para hacer más fuerza, siempre será mejor que acudir al mercado negro. Todos estamos en lo mismo, atajar el problema del vacío legal, que viene de largo y que sigue sin solución”.

Según el Observatorio Español sobre Drogas, el 7 % de los andaluces entre 15 y 64 años declararon haber consumido en los últimos 30 días. La cifra sube al 13,7 % para los menores entre 14 y 18 años.

Inseguridad jurídica

Durante todos estos años, los clubes han sufrido numerosas intervenciones policiales. Los cargos presentados solían incluir tráfico y asociación con fines criminales. En la mayoría de los casos, las causas han quedado archivadas, llegando a darse el caso de una orden de devolución de la mercancía incautada (17 kilos a la asociación bilbaína Pannagh, en 2007). Sin embargo, el pasado mes de julio, el Tribunal Supremo condenó a cinco responsables del club vasco Ebers a penas de entre tres y ocho meses de prisión (sin antecedentes, ninguno tendrá que ingresar). Les consideraba culpables de delitos contra la salud pública, de los que habían sido absueltos por la Audiencia Provincial de Vizcaya.

“Nuestra lectura de la sentencia no es negativa”, asegura al teléfono Martín Barriuso, expresidente de la federación española FAC e histórico del movimiento pro-legalización (es presidente de la mencionada Pannagh). “Confirma que en muchos clubes se están haciendo las cosas bien”, continúa, “reconoce explícitamente la existencia de un debate social y que los consumidores intentan asociarse para no recurrir al mercado negro, para alejarse de la ilegalidad”.

El movimiento cannábico no ha estado todo lo unido que podría. Ahora, por encima de la FAC y de FACSur están Regulación Responsable y CERCA (Comisión de Estudios para la Regularización del Cannabis en Andalucía), respectivamente. Nacieron para unificar fuerzas y superar las divisiones y crisis de años pasados.

Taller de prevención de riesgos en un club de fumadores de cannabis.
Taller de prevención de riesgos en un club de fumadores de cannabis.

Virginia Montañés, periodista, antropóloga social y coordinadora de CERCA, explica que dividir el trabajo a la medida de las competencias estatales y autonómicas es fundamental: “La idea es que el Estado saque todo lo relacionado con el cannabis del ámbito penal y de seguridad pública, y que lo convierta en un asunto de salud pública y de la defensa del derecho a gestionar nuestros placeres, al acceso a medicamentos, a una información veraz y contrastada, a la investigación… Luego, son las autonomías las que tienen competencias sobre sanidad y la regulación de las asociaciones”. No en vano, Cataluña, País Vasco y Navarra han implementado ya normas para regular la actividad de este tipo de asociaciones.

CERCA tiene año y medio de vida y está formada por seis entidades vinculadas al fenómeno de las drogas y las drogodependencias: FACSur, Federación ENLACE, FAUDAS, FAC, ABD (responsables de Energy Control) y PAUC, y por especialistas en la materia independientes. Además de impartir talleres entre las asociaciones y servir de fuente de información, buscan constituir una sola voz que promueva el debate a nivel autonómico. Han puesto sobre la mesa una propuesta de ley, y han conseguido que todos los grupos con representación parlamentaria les reconozcan como interlocutores válidos.

Tiempo de elecciones

V. Montañés, coordinadora de CERCA: «Nuestra propuesta es la única que permitiría incidir en las políticas de reducción de riesgos, alejar la droga de los menores y prevenir e identificar posibles consumos abusivos».

Se han reunido tres partidos y tienen cita con el resto. Montañés se muestra optimista por la actitud de los políticos y la cercanía de elecciones generales: “Es cuestión de seguir el curso de los tiempos. En España ya hay más clubes de usuarios que coffee shops en Holanda. Creemos que nuestra propuesta de modelo es la única que permitiría incidir en las políticas de reducción de riesgos, alejar la droga de los menores, que hoy día no tienen ningún problema para adquirirla en los institutos, y prevenir e identificar posibles consumos abusivos. Por supuesto, también entra nuestra defensa del derecho a la ebriedad de las personas adultas, pero podemos aprender mucho de lo que ocurre con el alcohol y el tabaco. Uno, tan aceptado socialmente y tan presente en los medios de comunicación como publicidad encubierta. El otro, que contiene numerosos productos tóxicos y adictivos cuya formulación desconocemos, algo que ocurre por la opacidad de la industria. Nosotros creemos que es posible hacerlo de otra manera”.

Frente a los cambios a nivel internacional, el fallo de julio del Tribunal Supremo y la reciente Ley de Seguridad Ciudadana, que endurece casi todas las penas relacionadas con el cannabis, no han hecho sino intensificar la sensación de limbo legal.

“La policía local ha venido un par de veces y no ha pasado nada, han comprobado un poco por encima”, asegura el recepcionista del concurrido club. Cuenta que los agentes se ponen a esperar en la puerta a que salga alguien con la droga en los bolsillos. En la vía pública sigue estando prohibida, no solo el consumo, también la tenencia. En los clubes, para miles de andaluces, ambos están legalizados de facto.