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Andalucía y la política “de estado” en Cataluña

El nuevo Ejecutivo andaluz, tras el 2-D, va a tener la prueba de fuego inmediata de su cambio, en su actitud respecto del problema español en Cataluña.

 

Comúnmente, se consideran políticas de estado a aquellas que bien por su naturaleza, bien por la gravedad de sus potenciales consecuencias, o bien por alinearse en la defensa de los intereses generales de la Nación, no deberían estar ligadas al color político del gobierno de turno.

Son políticas que demandan un consenso elevado, con independencia de los colores políticos.  

Desde esas referencias, el nuevo Ejecutivo andaluz, tras el 2-D, va a tener la prueba de fuego inmediata de su cambio, en su actitud respecto del problema español en Cataluña. Un verdadero problema de Estado que, consecuentemente, demanda una política de estado, con independencia del momento judicial, ya que la gestión de éste, con delitos por medio, es tangencial cuando no ajena a la política. 

Tanto desde el Gobierno sanchista como desde otras izquierdas, se cuestiona la potencial adhesión de la nueva Junta de Andalucía, a la política del Madrid con respecto al problema en Cataluña.

Algunos, poniéndose el parche antes de que les hagan la herida

Dicen que, al tratarse de política de estado, no cabrían las reticencias por parte de la Comunidad Andaluza.El quid de la cuestión es interpretar desde Andalucía lo que es o no política de estado en el jeroglífico catalán.

Porque la actual política de “apaciguamiento” basada en el “diálogo” y las cesiones, concesiones y regalos a los separatistas es inaceptable. Tal política esté desnudando al Estado (“en algunas cuestiones, el Estado ha abdicado de su papel en Cataluña”, Alfonso Guerra dixit). 

Asimismo, sus resultados “normalizantes” son menguados, por no decir inexistentes.

Por el contrario, la percepción generalizada es de un fortalecimiento de los separatistas, que valoran tal política gubernamental como reconocimiento tanto de la legitimidad de sus pretensiones, como de la incapacidad del Gobierno para imponer y ejercer su autoridad constitucional sobre todo el territorio nacional.

En definitiva, ese binomio de farfolla (“diálogo-apaciguamiento”) es un chollo para quienes solo buscan la independencia como sea. 

Esa supuesta política de estado resulta un bodrio para ―yo diría― la mayoría de los españoles (vivan o no en Cataluña). Piensan, pensamos que, como copropietarios naturales de Cataluña, tenemos todo el derecho a oponernos a que nos rapiñen alegremente una parte de nuestro patrimonio. 

Perciben, percibimos que ese binomio de farfolla, ni responde a los intereses generales de la Nación ni ha sido consensuado con los partidos políticos que defienden la Constitución y el estado de derecho. La política con la que quieren que comulguemos no es de estado, sino de entrepierna de quien intenta alargar su estancia en la Moncloa, con el insuficiente respaldo de solo 84 diputados. 

De ahí el por qué de ese temor gubernamental a que Andalucía, laboratorio y escaparate para la megacita electoral del 26 de mayo próximo, se desmarque de la política de Sánchez con respecto a Cataluña.

El llamado gobierno andaluz del cambio, de momento ha cambiado poco.

Solo, como perspicazmente apunta Antonio Burgos, ha cambiado en que Moreno Bonilla se ha montado en el metro (de Madrid) para visitar Fitur. Caramba, don Antonio, no se impaciente, porque menos es nada. Dele a la criatura un poco más de tiempo para instalarse.

Previsiblemente, pronto oiremos algo más al respecto. La Junta de Andalucía no debería esconder la cabeza bajo el ala, especialmente cuando su desacuerdo con la política de Sánchez sobre Cataluña es notorio. 

Una política que, para ser de estado debería haber sido “dialogada” con las fuerzas políticas que defienden el Estado. No con las que pretenden destruirlo.