Confidencial Andaluz

Archivado el ‘Caso Gasolineras’ en Almería

Archivado el ‘Caso Gasolineras’ en Almería
14:35 | 02 de febrero, 2016

La empresas Red Solidaria denunció que el Ayuntamiento había beneficiado  a su competidor Inversol del Grupo Tejera vulnerando la Ley.

Las empresas de la familia Tejera han sido de las que más ha trabajado para el Ayuntamiento de Rodríguez-Comendador.

El diputado del PP Pablo Venzal era el político más destacado en la causa por su actuación como Delegado de Urbanismo de Almería.

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Pepe Fdez

Pepe Fernández

Un juzgado de Almería da carpetazo  (archivo provisional) al denominado Caso Gasolineras que, desde hace casi dos años, se investigaba en sede judicial tras la oportuna denuncia de particulares contra técnicos y políticos del Ayuntamiento de Almería.

Según los empresarios denunciantes, el Ayuntamiento con su responsable entonces de Urbanismo al frente, Pablo Venzal – actualmente aforado por ser parlamentario andaluz–  pudo ser responsable de una serie de delitos incumpliendo las leyes y beneficiando con sus actuaciones administrativas los intereses del Grupo Tejera, una de las empresas almerienses que más obra pública municipal ha realizado en estos últimos años bajo los gobiernos de la derecha almeriense. (También han trabajado para Acuamed)

Inversol, participada por la familia Tejera, pudo solventar graves carencias legales, como las dimensiones de la estación de servicio y los accesos legalmente estipulados con la inestimable ayuda y complicidad, según todos los indicios, del poder político municipal.

Así, la empresa denunciante, llevó el asunto a los tribunales al entender que la administración municipal de Rodríguez- Comendador había beneficiado a su competidor de forma irregular, castigando a su competencia directa en el lugar, la empresa Red Solidaria, en su pretensión de establecer otra área de servicio, justo en el vial de enfrente y a poca distancia.

De Interurbana a Urbana

En este largo tiempo de instrucción el ayuntamiento de Almería ha intentado subsanar los errores de bulto que ha podido y que figuran en los expedientes. También tuvo suerte ante la inesperada decisión de los denunciantes de retirar la denuncia. ¿Hubo pacto, acuerdo, componenda? Nadie lo pudo demostrar nunca. Una de las medidas municipales tomadas fue cambiar, por arte de magia municipal, la calificación de una vía de interurbana a urbana, dentro de sus competencias.

En un informe técnico al que ha tenido acceso C.A.  se aclara que,  “la calificación de la AL-12 como vía urbana es hacer una interpretación incorrecta del citado artículo 127 del Reglamento de Carreteras (RD 1812/1994 de 2 de septiembre), al no cumplirse las condiciones definitorias exigidas para tales vías. Además dicho tramo no cuenta con dos factores importantes de estricta condición urbana: no tiene ni encintado de aceras ni alumbrado público pertinente para ello, ni tampoco se ha producido modificación alguna del PGOU98 en ese sentido de descatalogación jerárquica de vía interurbana a urbana. No sabiendo, hasta el momento, en que se basan los comentarios opuestos de definir a esa vía como urbana”.

También, en dicho documento se hace especial referencia a las dimensiones de la parcela: “Que, en el segundo Informe de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, emitido por la misma Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, el 11 de septiembre de 2015, se ratifica toda la anterior cuestión sobre los accesos del P.A. de Inversol Andalucía, en los mismos términos y, además, se expone que la superficie de la parcela que viene contemplada en los planos del referido Proyecto de Actuación es aproximadamente de 3.918 m2, por lo que, tampoco, cumple la superficie mínima de 5.000 m2 exigida en el artículo 5.105.7 de las Normas del Plan General de Almería, con lo que se imposibilita dicha implantación en la parcela propuesta y, por ende, la tramitación administrativa de dicha actuación en ella”.

El Juez archiva

“De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, ya que las actuaciones practicadas, y, especialmente, los informes acordados emitidos, y como indica el Ministerio Fiscal en su informe, no se puede determinar si realmente se cumplieron o no las condiciones para denegar a Red Solidaria la construcción de la gasolinera o para conceder a Inversol autorización para ello y si ambas cumplían los mismos requisitos, entendiéndose que se trata de cuestión de índole administrativo, y como tal debe ventilarse por los cauces establecidos en dicha materia por aplicación del principio de intervención mínima”. Así se expresa el magistrado Jesús Miguel Hernández Columna, titular del Juzgado Nº 2 de Almería, en un auto firmado con fecha 20 de enero pasado, apoyando su tesis en la casi siempre previsible Fiscalía de Almería que, con el pretexto de la carencia de medios, rehuye apoyar macro investigaciones, salvo que estas  tengan soliviantada a la opinión pública y publicada.

El Sr Hernández Columna pertenece a una conocida familia de juristas de Almería,  sobrino de Luis Columna, decano desde hace años de los jueces en la capital y, por tanto, personaje socialmente relevante e influyente dado su prestigio personal que le llevó a pregonar a Los Coloraos en 2010 a petición del Alcalde Luis Rogelio R-C.

Como se sabe, de los  Decanatos, suelen depender el reparto de los asuntos que entran a diario en los juzgados españoles.

Esta resolución sobre el Caso Gasolineras, que viene a indicar que el pleito por la vía penal no tiene más recorrido sino que debe “ventilarse” (Sic) por vía administrativa, ha sorprendido no solo a los denunciantes, también en ámbitos jurídicos donde no se comprende muy bien como un juez tarda casi dos años en calibrar procedimentalmente un caso, máxime cuando en este asunto han sido citados a declarar en calidad de imputados técnicos municipales y el propio Pablo Venzal, antes de obtener su acta de diputado. La típica dilatación de los procedimientos judiciales evitó la foto de Venzal en el Juzgado, que se hubiese producido antes de su irrupción en la política regional como número dos de la lista de Carmen Crespo.

El PSOE, que finalmente acabó personándose en la causa, desde su grupo municipal ha estado informado por los denunciantes durante años del Caso Gasolineras, al igual que el portavoz de IU, siempre a través de documentos, guardan silencio, de momento. Para la gente de la calle que no entiende de leyes, se trata de un caso más en el que la buena estrella judicial de los populares almerienses sigue brillando como siempre.

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