Lo de Cataluña se va pareciendo cada vez más a un artificio explosivo que combina tres ingredientes muy inestables: el separatismo, la islamización y el tumulto institucional. El primero es el fundamental. Cabalgando sobre él, ciertas instituciones desleales (la Generalidad a su cabeza) tratan de minar al Estado como paso previo hacia la fractura de la Nación. La inmigración musulmana, potencial caldo de cultivo y protección de yihadismo, está fomentada desde aquellas mismas instituciones quizás en la creencia de que así se obtendrían “en diferido” más votantes a las tesis independentistas. Y, en tercer lugar, la creciente entrada de los anti-sistema, los violentos y la izquierda radical en las instituciones, que está condicionando fuertemente el ejercicio de la autoridad y el entendimiento institucional en Cataluña.
Los efectos de ese último ingrediente están saliendo bien a la luz con ocasión de los disturbios callejeros que se están dando en la Ciudad Condal a raíz del desalojo de los okupas de una antigua oficina de Caixa Tarragona, popularmente conocida como el Banco Expropiado en el barrio de Gràcia. Tres noches sucesivas de la semana pasada y hoy mismo han sido testigos de las protestas violentas con apedreo a la policía autonómica —que ha debido intervenir para restablecer el orden público—, destrozo de mobiliario urbano y vehículos aparcados en las calles, quema de contenedores y ruptura de cierres, puertas y escaparates de bancos y comercios. Balance general: más de una treintena de mossos heridos, propiedades públicas y privadas arrasadas, y una elevada y general sensación de inseguridad en Barcelona.
Si se diera vacío de autoridad y las instituciones en Cataluña no fueran capaces de, por ejemplo, garantizar allí la seguridad de personas y bienes, entonces correspondería a Madrid, con las FCSE (entre otras), restablecer la situación, garantizar la seguridad y asegurar la pacífica convivencia institucional y ciudadana en todo el territorio de Cataluña.
Para sorpresa general, ahora nos enteramos de que la corporación municipal anterior venía pagando el alquiler del inmueble okupado junto con todos los gastos, incluidos los medibles por contador. Con eso el anterior alcalde, el señor Trias, compraba paz social. Claro que no lo hacía con dinero de su bolsillo, sino con el de todos los barceloneses. Una rara forma de utilización de los impuestos municipales que, en realidad, huele a pago de un chantaje encubierto y que supone, una vez desvelada, una clara invitación a la proliferación de ese vivir del cuento que al parecer tantos anhelan en estos pagos. Asimismo es una irregularidad indiciaria de una fenomenal crisis de autoridad. El actual equipo municipal de Ada Colau, por razones no aclaradas, dejó de cargar con aquellos gastos lo que lógicamente condujo al correspondiente desalojo judicial del inmueble y el posterior comienzo de los disturbios.
Son graves las voces institucionales levantadas —la de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, en primer término— contra la actuación de los mossos. Eso, por un lado, añade a la mencionada crisis de autoridad la sospecha de una presunta connivencia de parte del equipo municipal (algunos concejales participaron en los desmanes callejeros) con los violentos; mal momento —diría yo— el elegido por los socialistas del PSC, para incorporarse al equipo de Ada Colau. Y, por el otro, fomenta el tumulto institucional por las discrepancias de fondo, entre la Generalidad y el Ayuntamiento barcelonés, en la valoración de los hechos y el juicio sobre la actuación de la policía autonómica. Hay quien confunde los conceptos de violencia y fuerza. La violencia la ejercen quienes, al margen de la ley, pretenden alcanzar sus objetivos e imponer sus tesis empleando la fuerza. Por el contrario, los cuerpos de seguridad, en este caso los mossos, actuando en el marco de la ley, emplean la fuerza en defensa de la propia ley, en garantía de la seguridad ciudadana y en protección de las personas y los bienes públicos y privados. En resumen, los mossos emplean la fuerza en cumplimiento de la ley. Los okupas aplican la violencia violando la ley.
Nadie debería olvidar, ni en Cataluña ni en el resto de España, que, desde una perspectiva global, la realidad catalana es una parte de la realidad nacional, de la misma forma que las instituciones en Cataluña son parte del Estado español. En consecuencia, y en consonancia con el profundo significado del estado de derecho, convendría evitar entregarse a la irresponsable visión de que lo que está sucediendo en Cataluña es de exclusiva incumbencia de los catalanes. No, nos concierne a todos. Si se diera vacío de autoridad y las instituciones en Cataluña no fueran capaces de, por ejemplo, garantizar allí la seguridad de personas y bienes, entonces correspondería a Madrid, con las FCSE (entre otras), restablecer la situación, garantizar la seguridad y asegurar la pacífica convivencia institucional y ciudadana en todo el territorio de Cataluña.