En la Alhambra se descubrió un pastel a través de la adjudicación de las denominadas audioguías, ese práctico aparato que traduce en varios idiomas los datos históricos pregrabados sobre la visita a las distintas dependencias del palacio nazarí.
Entre otras cosas, en un auto reciente, el juez considera que los investigados formaban un grupo criminal organizado para la adjudicación ilegal de contratos y enriquecimientos personales al margen de la legalidad, contratando al margen de la ley y actuando sobre fondos públicos.
El caso audioguías es el hilo del que empezó a tirar Su Señoría, pero la cosa parece que va más allá de lo conocido hasta ahora públicamente, e implica, por conniventes y necesarios para el trinque, tanto a la señora secretaria del patronato de la Alhambra, como al jefe de contabilidad del mismo.
El juez que investiga el caso cree que hubo un funcionamiento irregular e ilegal en el sistema de contratación de personas y entidades, el cual estaba dirigido a adjudicar contratos que no rebasasen los 59.999 € que posibilitasen la adjudicación directa, y tramitarlos por la vía del “interés” personal, en procedimientos negociados sin publicidad.
Estamos ante un caso que empieza a tomar proporción de escándalo sin precedentes, de cuya magnitud no se atisba aún el tamaño definitivo, pero que afecta, y de qué manera, al PSOE de la Junta de Andalucía.
Para llegar a esta conclusión, sin más ruido policial y judicial que el justo y necesario, no han tenido que parar el tráfico en la Calle Molinos con dos autobuses de policía interpuestos para que nadie se escape hacia la carretera de Cenes; ni han dado el día libre al personal que trabaja en las oficinas del Patronato para buscar expedientes; ni han tenido que escoltar al director general de la Alhambra hasta su despacho, con tres coches policía, tres sirenas azuleteando el cielo azul, y unos cartones de parapeto para evitar las fotos del avieso informador gráfico.
Estamos ante un caso que empieza a tomar proporción de escándalo sin precedentes, de cuya magnitud no se atisba aún el tamaño definitivo, pero que afecta, y de qué manera, al PSOE de la Junta de Andalucía, que es quien ha venido ejerciendo con poderío absoluto el control del gran negocio que resulta ser la explotación turística del monumento más visitado de España.
A ver qué dicen ahora los ciudadanos Albert Rivera, Juan Marín o Luis Salvador sobre la ética y la estética de este caso. A ver qué nivel de responsabilidad son capaces de exigir a sus coaligados de poder omnímodo en la Junta de Andalucía. Ardo en deseos de oír al alcalde Paco Cuenca, tan expuesto y sobreexpuesto con otros gobernantes distintos a los de su partido, pidiendo, también ahora, limpieza en el Patronato de la Alhambra como antes las pidiera tan efusiva e interesadamente contra el PP.
El régimen andaluz, poco a poco, va agrandando los orificios por los que se escapa su poder. El tamaño de este agujero no parece menor. A ver lo que dice el tiempo y la investigación judicial. Porque de Susana no esperamos nada. Ella de estas transparencias propias nunca habla.