Un Informe Jurídico, auditando realizaciones de la Mancomunidad del Almanzora en Almería, destapa irregularidades que ahora investiga la Justicia.
Citado esta semana a declarar como ‘investigado’ el alcalde socialista de Serón, como expresidente de la MMVA.
Juan Antonio Lorenzo es uno de los puntales de Sánchez Teruel en el PSOE almeriense, ejerciendo como portavoz en Diputación frente a Gabriel Amat y el PP.
Este lunes día 15 de febrero, a las diez de la mañana, comparecerá en el Juzgado de Purchena, en calidad de investigado, el alcalde de la localidad de Serón, una de las figuras más notables de la dirección provincial del PSOE en tanto que, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, es el número uno del PSOE en la Diputación Provincial como portavoz del Grupo Socialista. Todo empezó por un informe jurídico, una especie de auditoría que Confidencial Andaluz ofrece íntegra, a título informativo, a sus lectores al final de esta información.
A principios de junio de 2015 agentes de la Policía Judicial se personaron en el ayuntamiento almeriense de Serón, sede de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora, para recabar amplia documentación por orden del Juzgado de Purchena. Sobre todo la referida al denominado “Plan Turístico del Valle del Almanzora”.
La noticia, publicada el domingo 7 de junio de 2015 en mi sección semanal entonces del diario Ideal de Almería, pasó pronto al olvido del ayer inmediato, como una más de las muchas indagaciones judiciales en marcha en ayuntamientos de la provincia y de las que se habla más bien poco.
No obstante, el breve texto anunciando que Juan Antonio Lorenzo Cazorla estaba bajo la lupa judicial, en tanto que lo que se investigaba había sucedido durante su etapa como presidente de la Mancomunidad, inquietó a muchas personas que intuyeron, rápidamente, por donde iban los tiros judiciales.
El propio alcalde fue el primero en coscarse; será por eso por lo que pensó de inmediato pedir cierta protección informativa y solicitar que, a partir de ahora, le llamasen desde el medio antes de publicar nada sobre su persona o su gestión. Su imagen y la comunicación de su gestión, como se comprobará en esta causa, fue una de sus grandes preocupaciones y unos de sus gastos fijos, dejándolos siempre en manos de alguien de su absoluta confianza. Lo que no parece políticamente correcto (ni ético) es que quien facturaba esos servicios de comunicación era su propia esposa, la periodista Eloísa Benítez.
Otras personas de su partido ni se enteraron del calado político del asunto, como el Secretario General del PSOE almeriense, José Luis Sánchez Teruel que, tras la condena a inhabilitación de su hombre fuerte Rogelio Mena, Juan Antonio Lorenzo se convirtió en su elegido para la Diputación, pese a conocer la existencia de problemas judiciales en marcha en la Mancomunidad de la que había sido presidente. Él, Sánchez Teruel, también los tenía con el caso Marismas y ahí seguía, sentado junto a Susana Díaz. Por eso le acabó nombrando portavoz.
Informe de 40 páginas
También intranquilizó la noticia a las personas conocedoras, por activa o por pasiva, de lo sucedido con importantes partidas de dinero público en varias obras impulsadas desde la Mancomunidad de Municipios y financiadas con fondos europeos y de la Junta.
Unos lo sabían o intuían porque habían sido actores secundarios de la obra y, otros, porque guardaron en un cajón una auditoría externa de cuyo contenido puede deducirse la posible comisión de numerosos delitos tipificados en el Código Penal. Y eso, llegado el caso, podría ser considerado como obstrucción desde un organismo público a la labor de la Justicia.
Aquellos papeles del informe – algo menos de 40 folios– encargados a raíz de la denuncia del alcalde socialista de la pequeña localidad de Bacares sobre un centro de observación astronómico en su pueblo, a medio construir y que según los papeles oficiales estaba subvencionado, concluido, certificado y pagado al constructor, fue la daga que abrió en canal, quizás sin pretenderlo, la gestión del compañero Juan Antonio como anterior presidente del ente multimunicipal.
Los nuevos responsables de la Mancomunidad, ahora bajo el control político del PP, optaron por informarse a fondo tras la denuncia del edil de Bacares y encargaron un informe jurídico a un auditor de Murcia, José Miguel Porras Cerezo, quién en el mes de septiembre de 2013 lo entregaba finalizado en la Secretaría de la Mancomunidad, a cargo del Secretario Municipal de Fines en ese momento. (El secretario de la mancomunidad en la época investigada era el secretario del Ayuntamiento de Serón).
El contenido de los 35 folios de que consta el informe es duro , contundente, escandaloso y políticamente demoledor para quienes hayan gestionado ese organismo público durante el tiempo auditado. Tanto que al final del mismo, el Sr Porras, recuerda que muchas de las cosas descritas podrían ser constitutivas de delitos “como fraude (436 del CP) o la prevaricación administrativa (104 y concordantes del CP)”. Invitando a estudiar el asunto por los órganos de la Mancomunidad por si hubiese que ponerlos en conocimiento de la vía Judicial.
Lúcar-Cela, ¡al Juzgado!
No obstante, el auditor, que parece intuir el posible enjuague raro que se oculta tras los papeles que ha examinado para elaborar su informe auditoría, se cura en salud, va más allá y deja escrito esto:
-“Dicha apreciación ( estudiar posibles acciones judiciales desde la Mancomunidad) se excepciona en el caso de la Obra de Intervención Urbana en Lúcar-Cela, donde la existencia de indicios de un posible fraude contractual –el documento manuscrito donde consta la identidad de los invitados al procedimiento del puño y letra (aparentemente) del propio adjudicatario, harían imperativa la reacción de la mancomunidad al efecto de proceder al ejercicio de las acciones legales correspondientes ante el orden jurisdiccional penal– excediendo la infracción detectada cualquier posible ámbito de tutela administrativa”.
Haciendo uso del sentido común y una evidente responsabilidad profesional, el auditor Porras remacha por escrito en su informe algo que ya le apuntó, dice, verbalmente al Secretario de la Mancomunidad. Le insiste en la necesidad del “aseguramiento y custodia de la documentación hallada en su integridad y la puesta en conocimiento, a la mayor celeridad posible, de los hechos a la autoridad fiscal o judicial competente”.
Como ya se apuntó, el informe fue guardado por los actuales responsables de la mancomunidad y no existe constancia de que llevasen el mismo a la Fiscalía o al Juzgado de guardia, tal y como el auditor les recomendaba, les obliga la Ley y, sobre todo, el sentido común de cualquier ciudadano demócrata partidario de la limpieza en el manejo de los dineros públicos.
Al final, tras la escandalosa ocultación durante meses y meses del informe (no se sabe muy bien la razón para tanta desidia o miedo a denunciar) la Guardia Civil es la que se hace con una copia del informe que, como es lógico, de inmediato fue puesto en manos de la Autoridad Judicial que abrió diligencias y en ello continúa.
A grandes rasgos esta es la motivación por la que ha sido llamado a declarar en calidad de “investigado” el Sr Lorenzo Cazorla, actualmente uno de los puntales del socialismo almeriense como jefe de la oposición de Gabriel Amat en la Diputación de Almería.