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Badalona: vamos mal

Pedro Pitarch
Pedro Pitarch

Los separatismos “irredentos” y los populismos “liberadores” son, en este momento histórico de España, dos grandes factores de discordia, conflictividad y confrontación, que envenenan la convivencia entre españoles. Es de general conocimiento que diariamente se producen en Cataluña desafíos a la Constitución y las leyes, así como insultos y menosprecios a las instituciones y los símbolos del Estado. En muchos casos tales desmanes proceden o se consuman en instituciones, órganos y organismos del territorio autonómico catalán. Ese pernicioso ejemplo de violación de la legalidad democrática, induce a pensar que en ese territorio, en la práctica, el Estado brilla por su ausencia. Lo que lleva a los españoles de Cataluña al borde de la desesperanza y deja a España, no ya orteguianamente invertebrada, sino difuminada y diluida como paso previo a su potencial extinción.

Lo anterior viene a cuento por lo sucedido en Badalona con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Badalona es, con sus más de 215.000 habitantes, el tercer municipio de Cataluña (tras Barcelona y Hospitalet de Llobregat). Supera en población a tres capitales de provincia catalanas: Tarragona, Lérida y Gerona y, si lo referimos a Andalucía, sobrepasa a Almería, Jaén, Cádiz y Huelva. Ello sin contar con que en Badalona viven muchas decenas de miles de almas de origen andaluz. Su ayuntamiento está gobernado por una coalición antisistema-independentista con el necesario concurso del PSC.

Llegado el día, ciscándose en el auto judicial, seis concejales de aquella “coalición” abrieron el chiringuito municipal, para atender (supuestamente) a unos cuantos ciudadanos de su cuerda.

Copiando de sus mayores de la Generalidad, al equipo rector del consistorio badalonés se le ocurrió aprovechar el festivo 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, para expresar su rebeldía contra toda idea “nacional”, así como darse visibilidad. ¿Cómo?: transgrediendo la ley. Y así, los munícipes paleoizquierdistas de Badalona acordaron despreciar el festivo obligatorio, anunciando que abrirían al público las puertas del ayuntamiento, el 12 de octubre, como si de un día hábil se tratara. Frente a tal ilegalidad, el correspondiente juzgado dictó un auto suspendiendo cautelarmente ese acuerdo municipal, y comunicando a la corporación que el día de la Fiesta Nacional “ni tan solo los cargos electos pueden estar en las dependencias municipales”.

Llegado el día, ciscándose en el auto judicial, seis concejales de aquella “coalición” abrieron el chiringuito municipal, para atender (supuestamente) a unos cuantos ciudadanos de su cuerda. Consumaron así su anunciada desobediencia y rebeldía frente al juez. Como debió parecerles pequeña su infracción, un teniente de alcalde, acompañado de sus compinches, rompió chulescamente el auto judicial en el exterior del edificio, ante las cámaras de los medios presentes. Y luego nada más pasó, al menos de momento.

Y uno ingenuamente se pregunta: ¿es que, tal vez, cuando alguien anuncia públicamente que va a cometer un delito dando fecha y hora, es legítimo que no intervenga la policía, de oficio o a instancias del juez, para prevenir o abortar “in situ” esa violación de la ley? O ¿por qué en el mismo momento en que el descerebrado de turno desafiaba al poder judicial rompiendo su auto ante las cámaras, la fuerza pública no le ponía las esposas, ante esas mismas cámaras, y se lo llevaba detenido para su posterior puesta a disposición del juez?

La dejación de funciones en quien ha jurado o prometido no solo guardar la ley, sino también hacerla guardar, no es de recibo en un estado de derecho.

La violación de las leyes se está convirtiendo en una especie de deporte que va extendiéndose por Cataluña. Una situación que los poderes públicos no combaten ni con suficiente ardor ni con la debida oportunidad. Algo difícil de entender, porque la dejación de funciones en quien ha jurado o prometido no solo guardar la ley, sino también hacerla guardar, no es de recibo en un estado de derecho. Con harta frecuencia, algunos órganos del Estado parecen confundir la virtud de la flexibilidad con el vicio de la inconsistencia moral. Y ello merma la necesaria capacidad de reacción rápida de los resortes estatales, frente a quienes con actitudes chulescas y provocadoras violan las leyes con aparente impunidad.

La reiterada respuesta del Estado meramente judicializando los problemas y excluyendo la recurrencia a otros resortes a su disposición —que sean perfectamente compatibles y de aplicación simultánea al desarrollo judicial que corresponda—, se ha mostrado poco operativa. Parece olvidarse que entre las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado están la prevención y, en su caso, la frustración de la comisión de delitos flagrantes. Un Estado reacio a dotarse o aplicar los resortes que le permitan reaccionar instantánea y contundentemente, para abortar flagrantes y chulescas violaciones de la ley, como la descrita de Badalona, es un Estado insolvente y, por tanto, llamado a desaparecer. Por ese camino vamos mal.