La resolución del parlamento catalán, del 27 de julio, aprobando las conclusiones de la llamada Comisión de Estudio que recomendaban el impulso de un “proceso constituyente” en Cataluña es un colosal desafío al Estado, así como un flagrante desacato al Tribunal Constitucional (TC).
El parlamento autonómico ha conculcado la sentencia del TC, de 2 de diciembre de 2015, que anulaba la resolución del 9 de noviembre de 2015 del parlamento catalán sobre el inicio del llamado “proceso de desconexión”. Asimismo ha vulnerado el auto del TC, de 19 de julio de 2016, contra la creación de la mencionada “Comisión de Estudio”, cuyo objetivo era seguir adelante con el “proceso constituyente”. En este auto, de hace menos de dos semanas, el TC recordaba a la Mesa del parlamento autonómico sus obligaciones, entre otras la de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir los mandatos del TC. Recordatorio que la presidenta, Carme Forcadell, se ha pasado por el arco del triunfo en un salto sin paracaídas merecedor —como afirma la megacabal Maialen—, de hacerla caer en el patio VIP de Soto del Real. Amén.
En consecuencia el Estado, en defensa de la Nación, no tiene otra opción que adoptar las medidas a su disposición para abortar ese proceso. Y hacerlo además de inmediato.
Lo obvio no necesita explicación: el parlamento autonómico catalán —a pesar de existir gracias a la constitución de 1978—, se ha situado en rebeldía contra ésta. O, en palabras de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, “ha vulnerado el orden constitucional”. Término mayor que nos recuerda cómo la propia Constitución, en su artículo 8, explicita y atribuye a las FAS el cometido de la defensa del ordenamiento constitucional. Bajo la dirección del Gobierno (art 97 CE) ese es el muro final contra el que habría de estrellarse la rebelde marea independentista, si es que no fuera antes desactivada por la acción penal y/o la política del Estado. Ya no caben ni juegos ni paños calientes. El parlamento autonómico al desobedecer flagrante y reiteradamente al TC se ha situado fuera de la ley, en camino hacia una declaración unilateral de una quimérica independencia. En consecuencia el Estado, en defensa de la Nación, no tiene otra opción que adoptar las medidas a su disposición para abortar ese proceso. Y hacerlo además de inmediato.
Tal acción gubernamental tiene una cara jurídica y otra política. En síntesis, la jurídica se ha concretado en el acuerdo del consejo de ministros, del 29 de julio, para presentar ante el TC un nuevo incidente de ejecución. Éste se sostiene ahora sobre tres patas. Una, la petición suspensión inmediata y nulidad de la resolución del parlamento autonómico del 27 de julio. Dos, la advertencia y requerimiento a instituciones y personas (componentes de la Mesa y miembros del gobierno catalán entre otros), para que se abstengan de actuar contra lo prohibido por el TC. Y tres, la petición de que el TC proceda a iniciar la exigencia de responsabilidad penal a la presidenta del parlamento autonómico catalán. Conviene recordar asimismo que el TC tiene además capacidad de imponer multas, suspender de funciones, inhabilitar o pedir al Gobierno el uso de la fuerza para hacer cumplir sus autos y sentencias. En cuanto a la cara política, su máxima expresión en este caso, sería la disolución de ese parlamento autonómico que conculca el orden constitucional o, incluso, la suspensión de la autonomía de Cataluña de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución. Unas opciones que habrían de estar preparadas, evitando dormirse o perderse en vericuetos legales y dilaciones judiciales inasumibles. La directiva es, en definitiva, que una Cataluña independiente no se logrará ni por las buenas ni mucho menos por las malas.
Para afrontar coherentemente el complejo escenario descrito se demanda urgentemente un gobierno en Madrid en plenitud de facultades.
Aunque el estado no está en funciones, su Gobierno sí lo está. Por eso, para afrontar coherentemente el complejo escenario descrito se demanda urgentemente un gobierno en Madrid en plenitud de facultades. Porque el Gobierno lleva en funciones desde hace casi ocho meses y, tras dos elecciones legislativas sucesivas (20-D y 26-J), los partidos políticos siguen deshojando la caprichosa margarita de si nos arrastran o no a unas terceras elecciones. Ese es el peor de los escenarios para afrontar solventemente el rebelde y gravísimo órdago del actual parlamento autonómico catalán. Ahora que hay nuevamente un candidato a presidente del gobierno propuesto por SM El Rey a las Cortes, sube de tono el clamor popular que demanda a los dirigentes políticos constitucionalistas: Rajoy (PP), Sánchez (PSOE) y Rivera (Ciudadanos) que dejen de jugar al escondite. Ese juego personal, teniendo como rehén a la Nación, no es de recibo. Ahora tienen, más que nuca, el deber y la obligación de tejer un pacto de gobernabilidad, que permita investir a un presidente y formar un ejecutivo estable. Si no lo hicieran por patriotismo —que ya empieza a dudarse que alguno de ellos sepa lo que eso es—, al menos que lo hagan por lógica y pragmatismo. ¡Basta ya de jugarse la Nación!