Se ha hecho viral una grabación en la que un policía, en Valencia, agrede con un bofetón a una mujer que cae al suelo por el golpe recibido. Si era o no toxicómana o que sea mujer en vez de hombre no modifica el hecho de la reacción violenta del policía vulnerando todos los protocolos y normas de actuación. Esta mujer se expone además a ser denunciada por agresión o resistencia, o sancionada con varios miles de euros en aplicación de la “ley Mordaza” sin posibilidad real de defenderse. ¿Quién investiga y controla que estas cosas no pasen? ¿Dónde puede denunciar un ciudadano un comportamiento así para una investigación interna no penal? Ese organismo no existe. La ciudadanía está indefensa.
De no haber sido grabada la agresión sería la palabra de ella, (que en la legislación actual no vale nada) frente a la de dos policías que tienen presunción de veracidad. Esa presunción de veracidad solo es compatible con estrictos controles internos que no se dan en ninguna de las miles de policías de España, locales, autonómicas, y estatales. Es urgente la creación de cauces de denuncias de la ciudadanía en un organismo no penal donde personas ajenas al Cuerpo policial implicado puedan investigar y analizar las pruebas y circunstancias ocurridas en cualquier incidente denunciado, como existe ya en policías de otros países.
España afrontó una transición de la dictadura a la democracia con un nuevo modelo policial y un desarrollo de policías autonómicas y locales, pero no definió el modelo de policía que quería en relación con los derechos de la ciudadanía. Hoy se siguen aplicando las mismas pautas que con la dictadura suponiendo que la legitimidad democrática las ampara. Y no es así. Los derechos de la ciudadanía son inalienables, salvo demostración legal en contrario, y están las policías para servirlos y proteger su seguridad y derechos, no los ciudadanos sometidos a caprichos de mandos y agentes de la autoridad que los vulneren.
Es la Policía que quería Corcuera que sigue plenamente en vigor.
Aunque en los primeros años de transición (al menos en la Policía Nacional) se inculcaron valores democráticos y una policía “amable” con la ciudadanía y eficaz frente a la delincuencia, a partir de 1990 por decisión del ministro Corcuera las cosas cambiaron, y desde entonces se mantienen igual.
Desde que Corcuera decidió que el perfil de los policías no debería ser de personas bien formadas, comprometidas con los valores democráticos sino obedientes, colocando la disciplina por encima de cualquier otra consideración, la policía inició el camino de cuerpo militar que es hoy de hecho, por su comportamiento, alejado del respeto a los derechos civiles de la ciudadanía. Tras esa decisión política se pasó a restar valor al servicio asistencial a la ciudadanía, gráficamente, el policía que ayuda a la anciana a cruzar el paso de peatones, y a primar el principio de autoridad y el ejercicio del mismo en cada actuación frente a la ciudadanía, el policía capaz de identificar a decenas de personas sin ninguna razón para ello, elaborar actas de multa por cualquier infracción y hacer palotes justificativos de acciones ilegales porque cumple órdenes y no las cuestiona, en una actuación que nada tiene que ver con la seguridad ciudadana sino con el control (militar) de la ciudadanía. Es la Policía que quería Corcuera que sigue plenamente en vigor. Ese factor determinante en la selección de los policías nacionales de buscar perfiles de personas obedientes aunque no estén bien formadas ni tengan idea clara de cuál es su función, que entiendan que una orden debe cumplirse aunque sea ilegal (lo contrario que dicen las leyes), es idéntico en la Guardia Civil, aquí acrecentado por su condición de militar. Lógicamente la psicología no es una ciencia exacta y muchas academias enseñan a los alumnos a sortear los controles, por eso, afortunadamente, no somos el ejército de soldados obedientes que pretende el Gobierno desde hace 25 años, aunque cada día estamos más cerca de ello y más alejados de una policía civil, democrática y al servicio de la ciudadanía.
Un policía que llora mientras izan la bandera nacional y es xenófobo, opina que los negros son buena carne para tiburones, tiene hoy más posibilidades de ingresar en la Policía.
Si a los criterios de selección añades una deficiente formación y ausencia de controles, los abusos y la impunidad de los malos profesionales están garantizados. Esto es de aplicación a todos los cuerpos policiales, del Estado –Policía y Guardia Civil-, autonómicas y locales, como también lo es que la mayoría de miembros de todos los cuerpos son profesionales comprometidos, pero no es desdeñable el número de malos profesionales que campan a sus anchas lesionando derechos de la ciudadanía por la inexistencia de control sobre sus actuaciones. La ciudadanía está indefensa ante abusos policiales, no tiene dónde denunciar, pues o es una queja interna, al mismo Cuerpo, donde no tiene garantía de una justa valoración, o en la vía penal, farragosa y cara para ir contra ningún funcionario estatal y menos si es agente de la autoridad con presunción de veracidad en su palabra.
En los cuerpos autonómicos se buscó un perfil de persona comprometida con su territorio, ideologizados políticamente y con la misma firmeza y dureza en sus actuaciones que los Cuerpos de Seguridad del Estado, por aquello de no considerarse policías inferiores en nada. Tan politizados como muchos de los miembros de cuerpos estatales, que confunden servicio a la sociedad con un falso patriotismo de bandera compatible con la corrupción, con la que conviven internamente sin ningún problema moral. Un policía que llora mientras izan la bandera nacional y es xenófobo, opina que los negros son buena carne para tiburones, tiene hoy más posibilidades de ingresar en la Policía que si cree que las personas de raza negra tienen los mismos derechos que los blancos y el izado de la bandera, aunque la respete y quiera, no despierta en él especial sensibilidad. Y esas cosas se deciden en los perfiles para la selección.
Las policías locales, con la llegada de la democracia, recibieron más formación sobre el principio de autoridad para que superaran su complejo de policía de menor rango, insistiendo en el error de la formación de las policías del Estado y autonómicas, y cualquier ciudadano que haya coincidió con alguno de ellos en cualquier ciudad seguro que puede contar que recibió un trato manifiestamente mejorable. Conviene aquí señalar que en todas las profesiones hay garbanzos negros y que la profesionalidad en general de las fuerzas de seguridad de todas las administraciones es equiparable a la de cualquier otro país, pero hay vicios arrastrados por la deficiente formación y peor dirección que lastran su eficacia y concluyen en un trato deficiente a la ciudadanía, que en democracias son detentadoras de derechos que no están subordinados al capricho de ningún mando o miembro de ningún cuerpo uniformado, como sí ocurre aquí.
Recibí presiones, insultos y descalificaciones en redes sociales por negarme a firmar a favor de los policías de Cartagena, hoy confesos de un crimen cometido por seis de ellos golpeando a un enfermo indefenso hasta la muerte.
Dos problemas se suman a los de selección y formación, como son el corporativismo mal entendido y la ausencia de controles. Un policía no tiene como misión principal proteger a su compañero porque vista el mismo uniforme sino cumplir la ley y proteger a la ciudadanía. Un policía es el primero que debe oponerse a cualquier comportamiento abusivo o ilegal de un compañero porque desde el momento en que lo comete deja de merecer el respeto como compañero/a. Y si no lo hace se convierte en cómplice de un mal profesional, un policía indigno de serlo. Pero estos no son los valores que se inculcan en la formación de ningún cuerpo de Policía ni los que prevalecen en el trabajo diario sino al revés. Es más, escribir esto hace que te consideren un traidor o un mal policía, y quienes no están de acuerdo con el corporativismo criminal se callan por temor a ser señalados y apartados por malos compañeros. Recibí presiones, insultos y descalificaciones en redes sociales por negarme a firmar a favor de los policías de Cartagena, hoy confesos de un crimen cometido por seis de ellos golpeando a un enfermo indefenso hasta la muerte.
En España se vulneran sistemáticamente derechos civiles con identificaciones arbitrarias y abusivas. En 1992 se aprobó la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana o “Ley Corcuera”, que fue recurrida y sobre la que se pronunció el T. Supremo avalando las identificaciones de personas en la vía pública, acotadas a que “sean sospechosas de haber cometido un delito o de que pueden cometerlo”. Una interpretación expansiva de dicho término y la falta de controles provoca que en España se identifiquen hoy en la vía pública, en controles, “filtros” o por decisión caprichosa de cualquier policía, estatal, autonómico o local, y todos siguiendo órdenes de sus mandos, a cualquier ciudadano sin ninguna razón objetiva para hacerlo. Más identificaciones que la suma de Alemania, Francia, Italia, Suecia… y varios más. (Continuará…)
Y que hombre se debe sentir dándole una hostia a una mujer desarmada y la que saca cabeza y media.
¿Tenemos policía o matones de barrio con uniformes? pic.twitter.com/89YyGoGfsJ— ¿Mala Yo Maluskaya Yokovznova? (@bsy_ladasa) December 23, 2017