¿Quién decide quién y por qué es sospechoso para ser identificado? El policía, siguiendo órdenes de sus mandos. ¿Quién decide si se cachea o no? Lo mismo. ¿Está regulado con algún protocolo? No, cualquier ciudadano puede ser identificado sin razón en la vía pública y puede permanecer allí uno o 15 minutos, dependiendo de lo servicial que se comporte con el policía aceptando que sus derechos están subordinados a la voluntad del agente actuante, que será benevolente, o no, y de la mayor o menor profesionalidad del mismo. Estos controles que afectan a millones de personas cada año, la mayoría jóvenes o inmigrantes, son ilegales. Y lo serán mientras no dejen de hacerse aleatoria y masivamente y sin explicar por escrito las razones que llevan a dicha identificación.
En España se considera que la Policía tiene derecho a interferir en el derecho de la ciudadanía a deambular libremente por su país y eso no ocurre en ningún otro país democrático. No se detienen a peligrosos delincuentes, ni terroristas, ni narcotraficantes, ni atracadores… en estos controles. La inmensa mayoría son jóvenes con hachís para consumo propio que son cacheados, retirada la dosis que lleven y sancionados. El Tribunal Supremo fijó que se puede identificar a una persona en la vía pública solo cuando resulte sospechoso de que ha cometido un delito o de que puede cometerlo, no indiscriminada y masivamente. Todo lo que hacen todas las policías en esta materia es ilegal.
En Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Suecia… un policía debe razonar por escrito las razones por las que identifica a un ciudadano.
Los millones de identificaciones anuales desde hace años son ilegales y suponen que no se tiene contra la inseguridad la misma eficacia que si en vez de tantos controles con vehículos estáticos se dedicaran a patrullar. Se han denunciado, con cientos de firmas, abusos en identificaciones en una localidad contra inmigrantes, apuestas entre policías de distintos coches para ver quién realizaba más identificaciones en una noche, acabando en la estación de autobuses identificando a quienes llegaban de otras ciudades. Eso está pasando y la Policía lo sabe, sus responsables políticos también, y nadie hace nada.
En Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Suecia… un policía debe razonar por escrito las razones por las que identifica a un ciudadano. Lo hemos comprobado recientemente incluso tras los atentados, como la Policía alemana avisaba que durante determinados días y en determinada zona los ciudadanos iban a ser identificados. Aquí es un capricho del mando y del agente porque la ciudadanía española no tiene en la práctica el derecho a no ser molestado por la Policía en la vía pública sin una razón para ello. No tiene ese derecho civil que está consolidado y protegido en todas las democracias. En algunas de esas policías existen mecanismos de control, departamentos donde el ciudadano puede denunciar y donde sus denuncias son analizadas, que no existen aquí donde el ciudadano que sienta que no ha sido bien tratado debe realizar denuncia penal o recurrir ante la misma Policía que no ha atendido su demanda.
No existe país democrático en la Unión Europea donde sea posible identificar a millones, miles, cientos de personas sin justificación alguna para ello. Identificar a un ciudadano requiere elaborar una minuta explicando las razones por las que el mismo resulta sospechoso. Pero aquí se obvió ese elemental control, como se obvió controlar el número de personas presentadas en comisaría (infinitamente menor, por no llevar documentación básicamente) que debían quedar anotados en un libro que cada dos meses deberían ser trasladados a las fiscalías correspondientes, cosa que nunca se hizo en 24 años de existencia de la ley.
Se dice a una señora que va a denunciar que le han robado la batería del coche que debe llevar el coche con una grúa para tomarle huellas (comisaría de Dos Hermanas, Sevilla, hace dos años)
Ningún policía en ningún país democrático puede decidir por sí mismo, ni cumplir, la orden ilegal de identificar indiscriminadamente a ciudadanos, cachearlos si son sospechosos de portar droga (para consumo propio, que está despenalizado), y sancionar eventualmente al joven, que puede estar en paro o cobrar 500€/mes, con una multa de 600€ o más. Y haciendo varias de esas identificaciones que en nada contribuyen a la seguridad de la ciudadanía se entiende que ha cumplido su tarea y los mandos están satisfechos. Está acreditado que mientras los coches policiales están detenidos en un punto se producen más hechos delictivos que si estuvieran patrullando. Pero eso, acreditado empíricamente, no cuenta en la valoración de Dirección por Objetivos implantada en la Dirección General de la Policía desde hace 20 años.
Una dirección por objetivos que premia que se reciban menos denuncias, se esclarezcan más hechos y haya más detenidos, entre otros parámetros de menos importancia y que provoca un efecto devastador en la práctica policial. Se obstaculiza en comisarías la presentación de denuncias de la ciudadanía. Se disponen servicios con escaso personal en las Oficinas de Denuncias provocando que los hechos de poca importancia, ante la perspectiva de tener que esperar dos o tres horas para la denuncia, no se haga.
Se dice a una señora que va a denunciar que le han robado la batería del coche que debe llevar el coche con una grúa para tomarle huellas (comisaría de Dos Hermanas, Sevilla, hace dos años), cuando lo procedente es aceptar la denuncia y enviar a Policía Científica a tomar huellas donde esté el coche. El resultado es que esa denuncia no se presentó. Si vas en Navidad a denunciar que te han robado el perro te dice un mal profesional que está allí para cosas más importantes, y si vas un sábado por la tarde a una denuncia de un asunto poco relevante te dicen que vayas el lunes. Todo vale con tal de reducir el número de denuncias presentadas. Los policías se aprestan a ello por órdenes superiores y porque en función de ello en enero de cada año pueden no cobrar nada o percibir una paga de entre 500 y 700€.
Un grupo de una comisaría de Andalucía realizó una investigación y fruto de ella una persona llevaba 7 meses en la cárcel.
Un hecho real fruto de la inmoralidad profesional y de la DpO, que se resolvió con llamadas al grupo donde estaba ocurriendo, en una comisaría del levante, es que un “Z” llega a un supermercado donde un joven ha sido sorprendido por tratar de hurtar unos paquetes de embutidos cuyo importe era de unos 40€. El policía le dice a la cajera que ponga que se intentó llevar efectos por más de 400€ que así va detenido (puntúa más si va detenido que si es identificado por un hurto) y ella lo hace. Varios policías lo saben y les parece normal, pero uno, el único profesional digno de ser llamado policía nos alerta, alertamos que vamos a denunciar si se le acusa de un delito y va detenido y “arreglan” el asunto sin más perjuicio para el joven ilegalmente detenido con pruebas falsas.
Un grupo de una comisaría de Andalucía realizó una investigación y fruto de ella una persona llevaba 7 meses en la cárcel. Aparecen unas llaves en una de las diligencias que acreditan que el preso es inocente pero en el grupo se plantean, puesto que es un delincuente habitual, si remitirlas al juzgado o ignorarlas. Podían “caérseles” de las estadísticas varios delitos de robo en domicilios. Al final la remitieron pero hubo debate en el grupo, y solo que lo hubiera ya dice bastante de la ética de los que querían dejar en la cárcel a un inocente.
Un Grupo especial contra un tipo de criminalidad usa una investigación en la que se intervienen numerosos teléfonos para entre ellos incluir uno que no tiene nada que ver con ese asunto; tras dos meses de seguimiento y recogida información de manera ilegal, en un oficio se desgaja de la investigación señalando que no tiene nada que ver pero ya se ha acumulado información ilegal para otros fines.
Un hijo de un mando que ha protagonizado varios incidentes por efecto del alcohol y exhibiendo su arma ha visto como se archivaban-“desaparecían” las minutas de otros compañeros y podía ascender en pocos años hasta la escala de subinspección. Es vox populi entre los mandos de la Policía y se comenta con vergüenza pero nadie hace nada. Y así se puede escribir un libro de hechos reales, cotidianos, de corrupción, incluyendo destinos a embajadas, medallas pensionadas, ascensos, puestos de trabajo de mayor baremo y mucho más salario… concedidos a capricho del mando.
El Gobierno tiene una asignatura pendiente con la seguridad pública. El maquillaje estadístico no va a funcionar siempre.
Hoy miles de personas que llaman al 091 no son atendidas, en algún caso ante emergencias como un marido maltratador golpeando la puerta de la casa con una piedra de gran tamaño con riesgo de conseguir derribarla y entrar, o un toxicómano armado con un cuchillo amenazando durante una hora a clientes de terrazas en varios bares, no respondiendo tampoco la policía local a las llamadas, mientras hay vehículos haciendo identificaciones ilegales, molestando a personas inocentes pero que no están conectados con las salas del 091 porque es más importante para el mando y los políticos esas estadísticas-basura que defender la integridad de personas en riesgo. El que fue mejor servicio policial de emergencia y asistencia del mundo, el 091 de Policía Nacional española, está abandonado por hacer un control de la ciudadanía de millones de identificaciones que resulta estéril salvo para las estadísticas de mandos y políticos.
Los únicos controles que pueden considerarse legales porque todos los sometidos al mismo son potenciales violadores de la ley y ponen en riesgo la seguridad de otras personas son los controles de alcoholemia. Establecidos como están, sin identificación ni registro de la persona sino sometiéndose a la prueba del alcoholímetro parecen tener un estándar de mínima injerencia en la libertad y los derechos del ciudadano y proteger el bien superior de la seguridad del resto de personas de la comunidad.
El Gobierno tiene una asignatura pendiente con la seguridad pública. El maquillaje estadístico no va a funcionar siempre. Hay demasiados garbanzos negros sin control que requieren de un mecanismo donde la ciudadanía pueda plantear sus quejas y denuncias (no valen las hojas de reclamaciones internas para muchos supuestos que merecen una investigación independiente, como el caso que motiva este artículo) y hay que revisar los criterios de selección y formación de todas las policías, la Nacional, la Guardia Civil, las autonómicas y las locales. Ponerlas al servicio de la gente con toda la atención y respeto a la ciudadanía y con la firmeza que requieran las circunstancias ante los delincuentes. Sin confundir nunca los procedimientos ni las formas a utilizar contra unos y para proteger a otros.
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Bofetón policial y derechos civiles (I)