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Bronca política por la reapertura de un puticlub

El Ayuntamiento de Aljaraque recurre al juzgado después de que haya sido desatendido un requerimiento de cierre en 15 días

Antonio Suarez Candilejos
Antonio Suarez Candilejo

Sigue la polémica. El Ayuntamiento de Aljaraque, en Huelva, ha decidido recurrir a la vía judicial después de que el propietario del club de alterne conocido como la Casita de Campo no haya atendido el requerimiento enviado para que cerrase dicho local en diez días.

El portavoz de IU y miembro del equipo de Gobierno, Sebastián Rivero, ha señalado que desde el Consistorio local se ha ordenado la clausura definitiva de la actividad.

Y es que, en las últimas semanas, el encendido de las luces de dicho club ha provocado la sorpresa de los conductores que circulan por la zona toda vez que la Casita de Campo llevaba años cerrada a cal y canto después de que concluyese la anterior concesión administrativa.

Fuentes del Consistorio local, que dirigen el PSOE e IU con el apoyo de Sí Se Puede Aljaraque (de Podemos), señalaron entonces que se trataba de una reapertura “irregular”, por lo que enviaron un requerimiento para que el establecimiento sea desalojado.

Dicho club protagonizó un notable revuelo mediático cuando, años atrás y regentado por los hermanos Moisés y Sebastián G. R., y ubicado en una zona catalogada como monte público, fue declarado como bien de interés público por parte del Ayuntamiento.

“Me parece indignante la mala publicidad que vuelve a darnos este puticlub”, señala una vecina de la localidad tras conocer que vuelve la actividad a ese club situado en las proximidades del puente sobre el Odiel.

En este contexto, algunos ciudadanos piden a la alcaldesa de la localidad, la socialista Yolanda Rubio, que explique los motivos por los que la citada sala de citas ha reanudado su actividad tras años de ser cerrada al público.

Mientras tanto, desde el Círculo de Podemos en Aljaraque se ha rechazado la reapertura de dicho prostíbulo y se indica que, sin entrar a valorar la actividad que se desarrolla en sus instalaciones, los montes públicos no deben utilizarse para el desarrollo de negocios privados.