Confidencial Andaluz

Cajamar impulsó a Heredia y Viúdez a su Consejo Rector (VIII)

Cajamar impulsó a Heredia y Viúdez a su Consejo Rector (VIII)
22:36 | 03 de diciembre, 2016

Al tiempo que los dos altos ejecutivos de Cajamar daban el visto bueno a créditos millonarios a empresas de Rodríguez Valero y Miguel Rifá, hacían con ellos negocios o formaban sociedades.

Heredia, Viúdez y Alonso se enriquecieron, aunque cabe la ingenua pregunta de si la abundancia de dinero llegó gracias a la posición que les proporcionaba la Caja.

¿Premia Cajamar la especulación y las discutibles actividades privadas y decisiones de sus altos cargos? La pregunta no es gratuita a tenor de los acontecimientos que se están produciendo en el seno de la entidad.

 

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Miguel A. Sánchez*

Las actividades privadas ligadas al ladrillo y de naturaleza claramente especulativa del director General José Luis Heredia y de su número dos Bartolomé Viúdez, no parecen ser un obstáculo para que la cúpula de la Caja les respalde como futuros miembros del máximo órgano de gobierno y control de la entidad.

Tras el anuncio del actual Presidente Juan de la Cruz Cárdenas de no presentarse a la reelección, Heredia y Viúdez aspiran, con el aval de los salientes, a situarse como vicepresidente segundo y vocal, respectivamente, del nuevo Consejo Rector.

El pasado 26 de febrero, el veterano presidente del Consejo Rector, Juan de la Cruz Cárdenas, anunciaba su decisión de no presentarse a la reelección. Al tiempo, la prensa provincial informaba de la candidatura de Eduardo Baamonde para ocupar la vacante. Y junto a él, un equipo de 10 personajes notables entre los que figuran el actual director General José Luis Heredia, al que se le reserva la vicepresidencia segunda del ‘Consejo’, y Bartolomé Viúdez, que ocupará, si como todo apunta lo refrenda la Asamblea General el próximo 27 de abril, una de las seis deseadas vocalías.

No deja de sorprender que tras las pormenorizadas informaciones publicadas por ACTUALIDAD ALMANZORA sobre las incursiones de Heredia y Viúdez en el mundo inmobiliario de la comarca -de la mano de quien representaba al ‘Grupo DRV’, el antense Diego Rodríguez Valero-, ni los aludidos ni la Caja hayan emitido una simple nota aclaratoria sobre si tales acciones conculcan el Código Ético de la Entidad y sus detallados y exigentes Estatutos.

Las ocho informaciones que hemos ofrecido a nuestros lectores desde el mes de julio del pasado año, más las media docena de opiniones que complementaban las noticias, ponen de manifiesto unas ocupaciones de Heredia y Viúdez que bien merecen una investigación interna de Cajamar, cuyas conclusiones incumben a los 1,4 millones de cooperativistas que tiene la Caja y a sus 4 millones de clientes.

 

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Juan de la Cruz, en un acto como Presidente de Cajamar, cargo al que ha renunciado este año.

 

Especulan y ganan

Al tiempo que ambos, junto al Jefe de la Zona Levante, Francisco Alonso, daban su visto bueno a créditos millonarios a empresas de Diego Rodríguez Valero y Miguel Rifá, hacían con ellos o sus representantes negocios y/o formaban sociedades.

Préstamos, por otro lado, que han repercutido negativamente en los intereses de Cajamar al no ser devueltos en su totalidad y, en todo caso, retornar como activos tóxicos en forma de viviendas y terrenos devaluados.

La Entidad concedió a una de la treintena de empresas del Grupo DRV, Gruinver-6 SL y sus filiales, no menos de 40 millones de euros. Tanto Heredia, como Viúdez y Alonso, fueron socios en algunas de ellas –Nieva Golf Inmobiliaria SL y Huertos del Castillo SL, ambas con intereses en Huércal Overa-, aunque el papel de los tres banqueros –o cajeros- nunca pasó de la especulación. Dicho de otro manera, jamás culminaron o iniciaron proyecto alguno, puesto que a las pocas semanas de fundar las sociedades vendían sus acciones. El 13 de agosto de 2004 crean junto a otros Huertos del Castillo SL, y el 20 de octubre de ese año –dos meses y siete días después- venden sus participaciones a Valero. Y el 20 de agosto crean junto a otros Nieva Golf Inmobiliaria SL, y el 21 de septiembre –un mes y un día después- venden sus participaciones a la Gruinver-6 SL de Valero. Así operaban. Esas mismas sociedades eran más tarde respaldadas financieramente por Cajamar con millonarias cifras en forma de créditos.

 

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Secarral en Vera (Almería) una de las fincas objeto de excelentes plusvalías para el clan vinculado a Cajamar.

 

No sólo eso. El propio empresario Rodríguez Valero, en representación de Gruinver-6 SL, adquirió a alguno de ellos propiedades que no eran más que tierras de secano pagando hasta 1,4 millones de euros por 8 Has. rústicas en Turre, cerca del cementerio, que siguen ahí, sin reclasificar, y, por tanto, sin posibilidad alguna de uso urbanístico. La operación se cerró con Francisco Alonso, el Zona, el 19 de enero de 2006, que cobró 233.000.000 pesetas en pagarés que alguien se encargó de que estuviesen avalados por la propia Caja.

Otra destacable operación la inició Bartolomé Viúdez el 6 de febrero de 2004. Este vecino de Nieva y actual subdirector General y ahora candidato a vocal del Consejo Rector, invirtió 60.000 euros en unas tierras de secano en Vera. Tres años más tarde, el 17 de marzo de 2007, vendió sus poco más de 7.000 m2 por 1.232.070 euros. Los adquirió Inversiones Italán SL, una sociedad participada por Miguel Rifá, otro empresario con fuertes vínculos/deudas con Cajamar e investigado por Hacienda por la presunta defraudación, “a través de un plan preconcebido”, de 130 millones de euros en impuestos (1*).

Los 7.000 m2 eran parte de una propiedad de poco más de 4 Has. que el ya citado día 6 de febrero de 2004 adquirieron solidariamente Heredia, Alonso, Rodríguez Valero, la empresaria velezana Petronila Sánchez y el propio Bartolomé Viúdez.

La desproporción entre el valor de mercado de lo comprado y lo que se acabó pagando por ello es tan abrumadora que escandaliza hasta al más lego en la materia.

El Consejo les respalda

Así pues, con antecedentes como la otorgación de créditos a empresas amigas que retornaban a la Caja en forma de activos tóxicos o bienes devaluados; con las acciones especulativas que realizaban con sus empresas, que a las pocas semanas de fundarlas y sin que éstas registraran ninguna actividad, vendían sus acciones a Rodríguez Valero o a Gruinver –tanto monta, monta tanto-; y con las suculentas ganancias por la venta de sus tierras de baldío, capaces de despertar la envidia del menos codicioso, la Caja, más concretamente su máximo órgano, el Consejo Rector saliente, respalda que José Luis Heredia y Bartolomé Viúdez aspiren a las más altas responsabilidades de la Entidad en calidad de vicepresidente segundo y vocal, respectivamente.
En definitiva, insistimos, estamos ante tres personas con importantes responsabilidades en la primera entidad de crédito de Almería –cooperativa para mayor detalle- que al tiempo que daban su visto bueno a préstamos millonarios a empresas de Diego Rodríguez Valero y Miguel Rifá, hacían con ellos o sus representantes negocios y/o formaban sociedades cuya sede era siempre la misma, la veratense calle del Mar número 3, donde se encontraban las oficinas del Grupo DRV.

A tenor de los documentos que maneja este medio, los tres se enriquecieron, aunque cabe la ingenua pregunta de si la abundancia de dinero llegó gracias a la posición que les proporcionaba la Caja.

Algo hay fuera de toda duda. Sus negocios no andaban lejos de la labor que desempeñaban en la Entidad. Al contrario, se observa un recorrido paralelo entre sus ascensos en la escala de mando y el establecimiento de relaciones que derivaban en negocios y sociedades, que a su vez desembocaba en la reunión de una importante fortuna.

Un dinero que el Consejo Rector debería determinar si acabó en sus bolsillos porque eran lo que eran; miembros del staff directivo de Cajamar y, por tanto, de quienes dependía la concesión de créditos a empresarios con los que se relacionaban en un plano más allá de la mera amistad, si es que ésta existió alguna vez. Empresarios, por otro lado, generosos, que a los pocas semanas de formalizar con ellos ante notario la nueva sociedad, adquirían las participaciones de los de la Caja sin que esas mercantiles registraran actividad alguna. En definitiva, destacadas gentes del mundo de los negocios en Almería que compraban a precio de brillante el m2 o cada una de las acciones que les vendían sus amigos banqueros.

(1*) La revista Expansión informó el dos de febrero de 2009 que “la deuda del grupo del empresario catalán asentado en Almería Miguel Rifá, supera los 600 millones de euros, y entre sus principales acreedores se encuentran el Banco Popular, Banesto y Cajamar, según fuentes de la compañía”. El grueso de esa cifra, contaba el periódico, correspondía a “la cabecera del holding, Predios del Sureste SL”.

Predios del Sureste era accionista de Inversiones Italán SL, la sociedad que en 2007 compró por la desproporcionada cifra de 1,2 millones de euros, 7.000 m2 de secano en Vera a Bartolomé Viúdez.

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El Consejo Rector de Cajamar al completo en la actualidad, nueve hombres y sólo dos mujeres. Señalados con puntos rojos los señores Heredia y Viúdez.

 

 

El Banco de España y los Estatutos de la Caja marcan el comportamiento de un “Alto Directivo”
“Deben desempeñar sus cargos con plena lealtad, dedicación y discreción, anteponiendo los intereses de la CAJA a sus aspiraciones personales” Están obligados a guardar “un comportamiento honorable” y “no prevalerse de su posición para pretender o alcanzar privilegios para sí” Anima a los consejeros a “solicitar la inmediata apertura de informaciones” ante “indicios de infracción por parte de altos directivos” No deja de ser curioso el respaldo que el Consejo Rector da a José Luis Heredia y Bartolomé Viúdez para que sean miembros de este órgano, el de mayor poder en la Caja, por cuanto el Banco de España indica a las entidades de crédito del país que las personas destinadas a ejercer responsabilidades de dirección o formar parte de sus consejos de administración tienen que reunir “los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio de su cargo”. “En particular –matiza-, deberán poseer reconocida honorabilidad comercial y profesional, tener conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad”. Y añade: “Concurre honorabilidad en quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la entidad”. Y sigue: “Para valorar la concurrencia de honorabilidad deberá considerarse toda la información disponible, de acuerdo con los parámetros que se determinen reglamentariamente”. Y por si el terreno no queda lo suficientemente marcado, el Banco de España concluye: “para valorar la capacidad […] de ejercer un buen gobierno de la entidad se tendrán en cuenta la existencia de potenciales conflictos de intereses […]”. La misma Cajamar deja también pocas dudas respecto al comportamiento que espera de sus empleados y su alta dirección: “se considerarán faltas muy graves las acciones u omisiones que perjudiquen de forma notable los intereses materiales o el prestigio SOCIAL DE CAJAS RURALES UNIDAS. SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO” o “prevalerse de la condición de socio para desarrollar OPERACIONES ESPECULATIVAS […]”. Contempla asimismo en sus estatutos medidas disciplinarias “cuando el socio o el empleado esté en conflicto de intereses”; “cuando, según indicios racionales, pretenda prevalerse de su condición de socio” o directivo; y “cuando existan pruebas, aunque sean parciales o provisionales, de presuntos incumplimientos graves o muy graves de las normas legales o estatutarias de la CAJA”. Las normas de la Entidad para un comportamiento intachable de sus empleados se tornan más rigurosas, si cabe, para quienes aspiran a un puesto en la dirección de la entidad o en el propio Consejo Rector. En este sentido, tras aclarar que el ‘Consejo’ es “el órgano colegiado de gobierno al que corresponde la alta gestión, la supervisión de los directivos y la representación de la CAJA, con las más amplias facultades para el gobierno y la administración de la CAJA”, establece que “sólo son elegibles [para ser miembros] los socios que [reúnan] los requisitos de honorabilidad comercial y profesional exigidos reglamentariamente […]”. Y aclara: “concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las Leyes […] y la vida de los negocios, así como a las buenas prácticas comerciales, financieras y bancarias […]”. En caso contrario, “los miembros del Consejo Rector –o de la dirección- podrán ser suspendidos [en el caso] de que se hayan situado al margen de la lealtad, dedicación y discreción exigibles a estos cargos […]”. Se impone también que “los Consejeros –y directivos-, además de cumplir con especial celo y diligencia –por obvias razones de ejemplaridad- las obligaciones exigibles a los socios, deben desempeñar sus cargos con plena lealtad, dedicación y discreción, anteponiendo los intereses de la CAJA a sus aspiraciones personales o profesionales y a las pretensiones de cualquier otra persona o entidad”. En otro apartado reclama la observación de “un comportamiento honorable en todo momento” y “no prevalerse de su posición dentro de la entidad para pretender, proponer, inducir o alcanzar privilegios para sí, sus familiares o cualesquiera otras personas o entidades, sean o no socias de la CAJA”. A consejeros y directivos se les demanda también “informar diligentemente […] de cuantos hechos o noticias conozcan, siempre que previsiblemente puedan influir en […] la marcha de la Cooperativa”; “no incurrir en causa alguna de incompatibilidad […] ni cometer, organizar, promover, apoyar o encubrir acciones u omisiones punibles, según las normas de disciplina bancaria”; “solicitar la inmediata apertura de informaciones reservadas cuando existan indicios razonables de infracción legal, reglamentaria o estatutaria por parte de cualquier socio o de ALTOS DIRECTIVOS DE LA CAJA”; “promover una sesión del Consejo Rector para abordar asuntos de especial gravedad o urgencia, incluido el cese de cualquier Consejero o de otros cargos por incurrir en causa de prohibición o incompatibilidad […]”; y “abstenerse de votar cuando se encuentren en situación de conflictos de intereses”.

 

 

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Edición en papel de ‘Actualidad Almanzora’ del pasado mes de junio.

Obligados a dar explicaciones
El silencio de los aludidos en nuestras informaciones y de la propia entidad ante lo que estamos publicando es elocuente, habla por sí solo. Sin embargo, este mutismo incumple los deberes del Consejo Rector porque Cajamar está obligada a responder a cualquier información que afecte a su “imagen y prestigio”. En el apartado “M” del artículo 30 de sus estatutos, que recoge las “obligaciones y derechos de los consejeros”, da fe de su compromiso inequívoco de “velar muy especialmente por la buena imagen de la CAJA, saliendo al paso de cualesquiera noticias, rumores o filtraciones infundadas, tendenciosas o sesgadas que puedan dañar aquella imagen, el prestigio, la solvencia, la seriedad o el carácter cooperativo de la Entidad, o la honorabilidad o independencia de cualquiera de sus órganos o de los miembros de éstos”. Las informaciones que ustedes conocen apuntan directamente a “órganos” de la Entidad: al responsable de la Dirección General y al titular de la Subdirección General. Sin embargo nadie da la cara pese a los múltiples intentos que ha realizado ACTUALIDAD ALMANZORA por ponerse en contacto tanto con las personas aquí citadas, como en obtener una versión de los hechos a través del departamento de prensa. Y ello desde el primer momento. Antes incluso del inicio de las publicaciones. A estas alturas, transcurridos 8 meses y difundidos una docena de artículos, la Caja no da la cara. Ni una aclaración, ni una nota de prensa. No hay desmentidos ni acciones judiciales. Quizá porque para algunos en la Entidad lo más sensato, que no los más correcto, sea callar ante unas informaciones veraces respaldadas con amplia documentación.

 

 

Miguel Angel Sánchez es periodista y editor de la publicación comarcal Actualidad Almanzora. Esta serie de reportajes de investigación que reproducimos han sido publicados entre julio de 2015 y agosto de 2016.

 

Próxima entrega

 

¿A qué espera el presidente de Cajamar para cesar o justificar a Heredia y Viúdez?

 

El exdirector General y hoy vicepresidente segundo del Consejo Rector, José Luis Heredia, cobró de un cliente por el mismo procedimiento que su número dos Bartolomé Viúdez. Cada uno recibió 1.232.070 euros por la venta 14.000 m2 de suelo yermo en Vera. Los pagó una sociedad del empresario Miguel Rifá, uno de los mayores deudores de la entidad que por aquellos tiempos, 2007, recibía abultados créditos. 

La acaudalada operación, en la que cambiaron de manos 2,4 millones euros, forma parte del conjunto de actividades privadas que los de la Caja realizaron durante el boom inmobiliario, ligándose accionarialmente a empresas del sector clientes de Cajamar.

 

Rodríguez Valero pidió al empresario Alberto Garrido 300.000 euros, idéntica cantidad a la desembolsada por la compra de Vera Gestión del Patrimonio

¿Podrían acreditar los de Cajamar y sus socios la procedencia de los fondos con los que adquirieron la mercantil Vera Gestión del Patrimonio SL?

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