El deleznable asunto de La Manada vuelve a levantar pasiones entre los doctores en Derecho exprés. Más allá de la indignación lógica y de la empatía natural ante situaciones que lo mínimo que han de causar es vergüenza y dolor, sale a la superficie una leve muestra de un fenómeno mucho mayor que se produce cada vez con mayor frecuencia, al principio de manera casi imperceptible, ahora con una fuerza verdaderamente formidable. Estoy hablado de la sustitución del Derecho por la presión social. No voy a analizar aquí el tema que abre este artículo. Quiero centrarme en algo mucho peor. Algo que, si no lo detenemos, es muy posible que cuando se asiente y se convierta en una realidad inamovible, no tengamos oportunidad ya ni para quejarnos de ello ni para remediarlo.
Desde un tiempo a esta parte, asistimos a una transformación del Derecho de un instrumento para dar garantías y protegerlas en un instrumento para dar cauce a las ideologías dogmáticas que, a día de hoy, pugnan por imponerse. Estos planteamientos no buscan la mejora del Estado de Derecho, sino que las leyes se conviertan en un medio exclusivo para la construcción de sus utopías, alejadas del espíritu garantista y protector que siempre han de tener para poder ser consideradas tales. El galopante y recompensado infantilismo social se ha instalado de tal manera que las normas jurídicas y su aplicación se metamorfosean para satisfacerlo, so pena de chantaje moral, escarnio mediático y linchamiento en redes sociales. Esa adolescencia anormalmente larga es hoy la causa de la histeria colectiva como reacción primaria en detrimento de la serenidad y del análisis ante cualquier coyuntura. La cultura de la disculpa permanente, de la subyugación ante la colectividad y de la resiliencia de papel albal es el placebo que universalmente se distribuye por los grupos de presión más políticamente aceptables para la élite que busca mantenerse en el Poder a toda costa.
Los Jueces, por miedo a la presión social, al acoso permitido de la cultura mafiosa del escrache, no aplican la Ley como esta misma exige, sino que la aplican, pero siguiendo los dictados de los lobbies.
Esa forma de pensar y de sentir recompensa legislar a golpe casuístico y sustituir la profesionalidad, el buen saber y entender, y los contornos jurídicos del Derecho Democrático por otro Derecho que, autoproclamándose hiperbólicamente como tal precisamente porque no lo es, lo que busca es la eliminación de todas esas garantías jurídicas que tanto trabajo ha constado insertar dentro de la tradición jurídica española. En este contexto pasan dos cosas. Primera: los Jueces, por miedo a la presión social, al acoso permitido de la cultura mafiosa del escrache, no aplican la Ley como esta misma exige, sino que la aplican, pero siguiendo los dictados de los lobbies, los grupos de presión varios que salen a la calle, juegan duro, mandan a su gente a las televisiones y son capaces de crear y vender una versión de los hechos acorde con sus intereses. Y si el Juez no hace lo que la presión social demanda, es cómplice de la maldad revelada por los sumos pontífices de la verdad absoluta y un sujeto vilipendiado por todos los expertos legales de boquilla que serán absolutamente incapaces de enumerar los derechos fundamentales que les reconoce su Constitución. Luego están los Jueces Cruzados, aquellos que en vez de actuar como tales lo que hacen es jugar a ser políticos. Segunda: aparecen formaciones que encarnan estas ideas, dominan las asambleas y los parlamentos, o fuerzan a los que ya están de antes a aprobar textos legales que materialicen esta distorsión. Por supuesto, legitimados por el haberse erigido como campeones únicos de la defensa de causas grandes por las que merece la pena perder todo, que vilmente instrumentalizan para disputarles la partida a los clásicos.
Lo hemos visto dramáticamente en Cataluña. La Justicia hace aguas. A unos se les permiten más cosas que a otros. Y las sanciones no son las mismas si montas al cirio que si no lo haces.
Si no lo remediamos, España camina inexorablemente hacia la erosión definitiva de su sistema legal. Porque está visto que hoy en día, no siempre y no con todo, progresivamente se hacen las leyes y se juzgan los casos en función no de las pruebas ni del espíritu de las normas, sino de los dogmas sociales que antidemocráticamente se imponen y se convierten en una verdad totalitaria de la que no cabe discrepar, digan lo que digan los textos legales, y expresen lo que expresen los principios básicos de un orden democrático. Lo hemos visto dramáticamente en Cataluña. La Justicia hace aguas. A unos se les permiten más cosas que a otros. Y las sanciones no son las mismas si montas al cirio que si no lo haces. O si no, preguntémonos qué hace Puigdemont teatralizando su huida, porque eso es lo que fue, y echando un pulso al Gobierno a las puertas de unas elecciones autonómicas. Forzar a los Jueces para que no lo inhabiliten y pueda ser candidato. Y si la Justicia no le inhabilita después de todo lo que ha hecho, el Estado de Derecho español demostrará, una vez más, que ha iniciado la andadura de su descomposición definitiva. Un camino hacia el Derecho de Partido. Un camino hacia el Derecho ideológico. Un camino hacia el Derecho Totalitario.