Confidencial Andaluz

“Caso Pujol”: cuatro años de retraso

“Caso Pujol”: cuatro años de retraso
15:04 | 24 de diciembre, 2016
Jose Manuel Sanchez Fornet

Jose Manuel Sanchez Fornet*

El juez del juzgado de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha decidido unir en una única causa las investigaciones que se llevaban también en el juzgado de instrucción nº 1 sobre Oleguer Pujol, cuyo juez se había inhibido, con lo que se producirá lo que algunos ya demandábamos en el año 2012, ante la evidencia de que todos los miembros de la familia llevaban a cabo negocios amparados en el cargo de presidente de la Generalitat de Jordi Pujol padre.

Desde al menos el año 2010, algunos miembros de la UDEF manifestaban en reuniones privadas y fuera de la sede sindical, ocultándose de registros de entrada en dependencias oficiales y de la vista de nadie, su desesperación e impotencia por la manipulación y fraccionamiento de sumarios que afectaban a la familia Pujol, que según ellos, formaban parte de la misma trama organizada para recibir donaciones y comisiones que habían enriquecido a la familia. Algunos de estos miembros, asqueados y negándose a cambiar sus informes por órdenes superiores, decidieron abandonar la unidad progresivamente en años sucesivos.

 

Desde al menos el año 2010, algunos miembros de la UDEF manifestaban en reuniones privadas y fuera de la sede sindical, ocultándose de registros de entrada en dependencias oficiales y de la vista de nadie, su desesperación e impotencia.

 

Las actuaciones de algunos policías para combatir la “trama Pujol” se han mezclado, intencionadamente, con actuaciones de la conocida como “policía política” y nada tiene que ver, pues mientras unos pretendían convencer a testigos de que declararan lo que conocían del cobro de comisiones y dádivas o de la intervención en negocios favorecido por el cargo político del padre de la familia Pujol, (Javier de la Rosa, Victoria Álvarez –amante de Jordi Pujol hijo-…), en una práctica policial perfectamente legal y necesaria para combatir la corrupción, otros han fabulado informes como el PISA (Pablo Iglesias SA), o llevado a cabo prácticas de dudosa legalidad como las acometidas contra la banca andorrana BPA.

La dirección general de la Policía y sus mandos policiales más afines han actuado de distinta manera en uno y otro caso. Por ejemplo, el “informe UDEF”, difundido en distintas noticias por el diario EL Mundo y entregado a los medios de comunicación íntegramente en rueda de prensa el 23 de noviembre de 2012 por mí, siendo secretario general del sindicato policial mayoritario, fue respondida por el director general de la Policía Ignacio Cosidó con la apertura de un expediente disciplinario, y por el jefe de la UDEF, Manuel Vázquez López, negando que dicho informe hubiese salido de su Unidad.

El Informe PISA, en cambio, fue remitido por el mismo jefe de la UDEF, Manuel Vázquez (alias el “fiti”) al Tribunal de Cuentas, se supone que porque le concedía credibilidad, y además, tras ser descartado por el fiscal, realizó varias llamadas a magistrados ofreciéndose para colaborar en la investigación del engendro según publicaron algunos medios de comunicación. Después de esto, el “Fiti” no fue expedientado sino que fue ascendido a Jefe Superior de Policía de Galicia, cargo que ocupa en la actualidad. El sindicato Manos Limpias uso ese informe PISA en una nueva denuncia judicial y obtuvo el mismo resultado: archivo del líbelo contra Podemos. (Enlace al diario El Español de 7/4/16 http://www.elespanol.com/espana/20160406/115238792_0.html)

Que el jefe de UDEF negara que los datos del informe procedieran de su Unidad motivaron la presentación de querellas contra el diario El Mundo y los periodistas que lo publicaron, y tras la práctica de distintas diligencias, el juez instructor consideró acreditado que los datos contenidos en dicho informe constaban en diversos sumarios que se instruían por separado y en investigaciones llevadas a cabo desde la UDEF, y esa dispersión impedía conocer la magnitud de la trama de corrupción que llevaba años funcionando en Cataluña en torno a la familia Pujol y su partido ya extinguido, Convergencia Democrática de Cataluña.

 

El caso “banca Catalana” supuso la dimisión en 1986 del fiscal general del Estado, Luís Antonio Burón Barba, por discrepancias con el gobierno presidido por Felipe Gonzalez al haber solicitado la imputación en el caso de Jordi Pujol, vicepresidente de la entidad, por distintos delitos. 

 

Esta era la razón fundamental de queja de los miembros de UDEF, que la decisión política y judicial de tratar los casos conocidos como hechos aislados entre sí impedía ver la trama en toda su extensión, ocultándose la trama política detrás de todos los casos, que desprovistos de esta visión de conjunto quedaban como hechos aislados y no como una práctica habitual y organizada.

Cuando el informe UDEF llegó a nuestras manos hicimos algunas gestiones y confirmamos que muchos de los datos aportados constaban ya en distintos sumarios e investigaciones policiales; era evidente que el informe se había realizado con prisas, con algún dato erróneo, penosamente estructurado y maquetado (los que hace la “policía política”, como el PISA, son folios en blanco), básicamente insistía en la teoría de que el “clan Pujol” formaba un grupo organizado para delinquir y que todo lo que se hiciera en sumarios separados contra el padre, la esposa y algunos de los hijos era facilitar que no se comprendiera la magnitud del complejo entramado organizado, era ver árboles que impedían ver el bosque, y eso es lo que ahora parece haber resuelto el juez de la Mata y lo que hace cuatro años pretendimos difundiendo dichos documentos en rueda de prensa.

El caso “banca Catalana” supuso la dimisión en 1986 del fiscal general del Estado, Luís Antonio Burón Barba, por discrepancias con el gobierno presidido por Felipe Gonzalez al haber solicitado la imputación en el caso de Jordi Pujol, vicepresidente de la entidad, por distintos delitos. El fiscal que llevó el asunto, Carlos Jiménez Villarejo, ha manifestado que el fiscal general que sustituyó a Burón Barba, Javier Moscoso, se mostró conforme a no actuar contra Jordi Pujol según las órdenes políticas emanadas del Gobierno.

Llega cuatro años tarde esta decisión judicial y no servirá de nada, porque Pujol ya advirtió en el parlamento catalán que podía “tirar de la manta” y hay numerosas especulaciones, nunca resueltas, sobre el conocimiento de asuntos sensibles de altas autoridades del Estado que podrían convulsionar a la sociedad española si se hacen públicos, o sobre la cuenta que maneja en Suiza Arturo Fasana, denominada “Soleado”, y sobre las personas que han usado la misma para mover su dinero al margen de los circuitos legales. Historias ocultas al conocimiento de la ciudadanía que deberían ser conocidas para pasar a considerarnos una democracia digna de tal nombre.

 

*José Manuel Sánchez Fornet es  Portavoz del Observatorio contra la Corrupción. (Policia y ex Secretario General del SUP)

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