La política ha dado un paso de escalón y se ha situado en la vanguardia de la defensa de la Nación. La justicia, hasta ahora en primera línea, pasa a la segunda aunque no distanciada de la primera. Es una cuestión tanto de materia como de “tempo”. Con la aprobación hoy, por el consejo de ministros, de la propuesta al Senado (de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución),para que se apliquen medidas para atajar definitivamente la secesión catalana, el conflicto entra en una nueva etapa. Previsiblemente, el próximo viernes 27 de octubre, tal propuesta será aprobada por la Cámara Alta y sus previsiones puestas en vigor inmediatamente después. Aunque todo lo que ahora haya de suceder pueda ser de especial gravedad, al menos mucha incertidumbre se ha despejado.
Sin perderme en historias, es de justicia recalcar tres acontecimientos, producidos en la primera semana de este mes, que han sido determinantes para que este paso hacia delante del Gobierno se haya producido ahora. Uno, fue el discurso de SM El Rey, del pasado día 3, comprometiéndose él personalmente y la Corona con la defensa de la democracia y el estado de derecho (el mensaje de aliento a los catalanes no independentistas, contenido en tal discurso, fue esencial). Dos, fue el tremendo impacto psicológico producido en Cataluña por el inicio de la estampida de bancos y empresas, que han decidido irse hacia otros lugares de España. Y tres, la magna manifestación de 1 millón de catalanes no independentistas, del domingo día 8, que fue una innegable prueba de la existencia de una amplia mayoría silenciosa y hasta ahora atemorizada. Pero poco aporta ya seguir discutiendo sobre lo pasado. A los golpistas ya les queda solo unos días para seguir explotando su mendaz y victimista propaganda, antes de que colapse definitivamente su alocado viaje a la nada.
En otros términos, se mantiene la autonomía catalana y se potencia el tridente: acción política; estado de derecho; y firmeza para aplicarlos.
Cargado de razón y sin complejos, el “plan de campaña” del presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, es audaz y muy sólido. Las finalidades (don Mariano las llama objetivos) son: volver a la legalidad (restituir en Cataluña la vigencia de la Constitución y el Estatuto); recuperar la normalidad y la convivencia ciudadanas; proteger la recuperación económica; y poder celebrar elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses. Y muy sintéticamente se puede decir que los dos grandes objetivos se resumen en dos: cese de los miembros del gobierno catalán y consiguiente nombramiento de otros nuevos dependientes del Gobierno; y limitación de las funciones del parlamento catalán a las incluidas exclusivamente en la Constitución y el Estatuto. Y, naturalmente, sus naturales derivadas. En otros términos, se mantiene la autonomía catalana y se potencia el tridente: acción política; estado de derecho; y firmeza para aplicarlos.
El Consejo Europeo de esta semana (19 y 20 pasados) ha servido para visualizar y difundir el apoyo cerrado, tanto de la Unión Europea (UE) como de sus estados miembros, a la defensa de la Constitución española. Algo que se ha ratificado ayer con ocasión de la entrega de los premios Princesa de Asturias, donde los tres vértices institucionales de la Unión —los presidentes respectivamente del Consejo, el Parlamento y la Comisión— han voceado su más firme rechazo a una hipotética independencia unilateral de Cataluña. Ha sido la más descarnada certificación del fracaso del golpe separatista y de su intensamente buscada internacionalización. No hay que descartar que sus dirigentes traten de seguir alimentando, con su falaz y victimista relato habitual, en la esperanza de que se produzca algo que les permita seguir adelante con su estéril propósito.
¿Cómo pues los líderes comunitarios podrían avalar, señor Puigdemont, la conculcación de su propio derecho? ¿O es que pensaba que esos dirigentes internacionales están hechos de la misma paupérrima arcilla que usted, el señor Junqueras o la señora Forcadell?
Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, lo acaba de zanjar así refiriéndose a la cuestión catalana: “no hay espacio para ningún tipo de mediación”. ¿Qué parte del no, no entiende señor Puigdemont? ¿Es que todavía no se ha enterado usted que la Constitución española forma parte del derecho comunitario y, consecuentemente, violar la primera es conculcar el segundo? ¿Cómo pues los líderes comunitarios podrían avalar, señor Puigdemont, la conculcación de su propio derecho? ¿O es que pensaba que esos dirigentes internacionales están hechos de la misma paupérrima arcilla que usted, el señor Junqueras o la señora Forcadell?
Por fin parece que, aparcando temporalmente discrepancias, se ha logrado una seria alianza de PP, PSOE y Ciudadanos para defender la unidad de España, su integridad territorial y el Estado de derecho. Así es que, a pesar de los agoreros, el panorama se ha aclarado mucho. Las amenazas de los independentistas y su intento de chantaje amenazando llevar a España a una situación caótica por aplicar el artículo 155 de la Constitución, suenan a canto del cisne. Tampoco impresionan los juicios podemitas que buscan, a río revuelto, frenar la sangría de votos que se les avecina por su militancia antiespañola, mantenida en esta crisis institucional.
Los dirigentes separatistas, ignorando esa ética de la responsabilidad que a los gobernantes se les supone, han secuestrado la Generalidad y se han convertido en delincuentes de lesa Patria. Ha llegado el momento definitivo para la acción política seria, el empleo de toda la fuerza de la ley y, en su cabal medida, la aplicación de la ley de la fuerza legítima —que es la que procede de la ley—, cuando y donde fuera necesario. O, en definitiva, el momento de liberar a la sociedad catalana, hasta ahora secuestrada por una minoría secesionista infamemente enrocada en las instituciones autonómicas. Porque aplicar la Constitución no es una opción, sino una obligación. ¿O es que acaso los dirigentes independentistas fueron tan estúpidos como para descartar que el Estado se aplicaría a tope, llegado el momento y si fuera preciso, en defensa de la Nación?