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Cataluña será independiente… la próxima generación

Jose Manuel Sanchez Fornet
José Manuel Sánchez Fornet*

Sí, no en este envite porque ese referéndum no se va a celebrar por ilegal, pero si no se toman decisiones políticas acertadas, en el próximo intento, que será en esta o la siguiente generación, Cataluña será independiente. Si esto ocurriera, Cataluña se hundiría en una sociedad pobre, a la cola de Europa, y España también perdería una parte importante de su motor industrial y comercial, de su riqueza. Toda la ciudadanía, la catalana y la española, serían perjudicadas por esa pretensión de unas élites políticas corruptas y de unos radicales extremistas de izquierda, de los que llevaron a la ruina, la dictadura y el hambre a muchas sociedades en el siglo pasado en Europa, y lo harán por los errores cometidos por la derecha política española más irresponsable, el Partido Popular. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

 

 

LA HISTORIA  

Se puede llevar a cabo un análisis histórico partiendo de la Guerra de Sucesión española que afectó a toda Europa, y del asalto, tras asedio, a Barcelona, que provocó la batalla del 11 de septiembre de 1714. La literatura nacionalista (que ya se ha quitado la máscara y es independentista), se inventa una guerra de independencia entre catalanes y españoles cuando la realidad es que guerrearon las huestes de dos candidatos monárquicos a ocupar el trono de España, resultando perdedor el candidato a quien apoyaron mayoritariamente los catalanes, además de sectores de Madrid, Andalucía y otras regiones españolas junto a potencias extranjeras, singularmente Inglaterra y los Países Bajos, frente a quienes, como Francia,  apoyaron al ganador, Felipe V, sucesor del último monarca de la Casa de Austrias y primer rey de la Casa Borbón. La manipulación de la historia ha convertido estos hechos en el origen del nacionalismo catalán más irredento, en un discurso trufado de xenofobia y odio, con elementos supremacistas de raza o condición superior de los catalanes sobre los vulgares españoles.

 

La dictadura mantuvo una unidad ficticia de una patria impuesta con sangre y represión.

 

Después de falsificar la historia hubo otros intentos de separarse que por ocupar mucho espacio reflejarlos aquí y no resultar trascendentes no cito, hasta que se materializó finalmente durante la II República, gobernando una alianza de partidos de derecha, la CEDA, con el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, presidente del Gobierno de España en la fecha, y Niceto Alcalá-Zamora como presidente de la República, cuando Lluís Companys, uno de los líderes de ERC, declaró el Estado de la Republica de Cataluña el 6 de octubre de 1934, aprovechando la coyuntura política de enfrentamiento del momento, al haber sido declarada inconstitucional una Ley de Cultivos aprobada por el Gobierno catalán y recurrida por el Gobierno español. Barricadas, armas, decenas de muertos y orden del Gobierno de asaltar la Generalitat, que el general Batet retrasó hasta que a la mañana siguiente el gobierno catalán en rebelión se rindió. La historia siguió con 30 años de cárcel para los miembros del Gobierno rebelado, indulto dos años después por el gobierno republicano de izquierdas, división social, golpe de Estado militar que provocó una guerra, cientos de miles de muertos, tres años de guerra en la que, entre otras cientos de miles de víctimas resultó fusilado el general Batet, el que sofocó la rebelión del gobierno catalán y que se mantuvo fiel a la República tras el alzamiento militar, y una larga noche de casi 40 años de dictadura.

 

La dictadura mantuvo una unidad ficticia de una patria impuesta con sangre y represión; el Plan Marshall, que trajo ingentes cantidades de dinero norteamericano para impedir la desestabilización del régimen alineado con ellos tras la II Guerra mundial, la seguridad propia de la dictadura, y una sociedad cansada de violencia, inseguridad, hambre y miseria, más 40 años de educación en valores de la dictadura, hicieron que el dictador gobernara 36 años y que fuera recibido como un salvador en muchos territorios de España, entre ellos Cataluña.

 

LA TRANSICIÓN

Muerto el dictador en la cama, el régimen intentó permanecer pero el Rey y algunos políticos decidieron una reforma que lo trasladara a una democracia más o menos controlada, sin riesgo para quienes ocuparon cargos en el pasado, con una amnistía que sacó a la calle a muchos presos políticos, comunistas, sindicalistas y terroristas, pero cuyo fin principal era blanquear los crímenes de lesa humanidad cometidos por quienes sostuvieron el régimen franquista.

 

Pero no todo lo que pasó estaba controlado. El 4 de diciembre de 1977 más de millón y medio de andaluces se manifestaron demandando ser considerados autonomía histórica.

 

 

Así llegamos al referéndum para la reforma política (15 de diciembre de 1976) y el desmantelamiento del régimen aprobado en el mismo; la legalización del PCE en la Semana Santa de 1977 tras aceptarse por ellos la Monarquía y la bandera “rojigualda”, y las primera elecciones democráticas en junio de 1977.

 

Pero no todo lo que pasó estaba controlado. El 4 de diciembre de 1977 más de millón y medio de andaluces se manifestaron demandando ser considerados autonomía histórica. Se negociaba la Constitución de 1978 que fue aprobada con un artículo 2º señalando que España se componía de nacionalidades y regiones, y fijaba dos formas de autogobierno, el artículo 151 para las nacionalidades históricas y con más competencias, y el artículo 143 para las regiones con menos competencias. La manifestación andaluza y su Estatuto, aprobado en 1981, así como su inclusión en el desarrollo autonómico por la vía del artículo 151 acabó con la posibilidad de diferenciar entre autonomías históricas y con más competencias, se supone que Cataluña, País Vasco y Galicia por tener lengua propia en sus territorios,  y regiones, con menos competencias. Andalucía provocó el “café para todos” en el que nunca se han sentido cómodos nacionalistas (independentistas) vascos y catalanes, situación que se ha venido arrastrando hasta hoy.

 

LA DEMOCRACIA

En marcha la democracia con una Constitución pactada que se sustentaba sobre la Monarquía y el bipartidismo, con el “café para todos” para descentralizar competencias, se fraguó una estructura del Estado descentralizada que se está demostrando ineficaz, ineficiente y que provoca tentaciones rupturistas de unos y desigualdades entre la ciudadanía de uno y otro territorio. Han proliferado organismos en todas y cada una de las comunidades autónomas con una multiplicidad de funciones repetidas que no facilita la vida de la gente sino que la dificulta, ya sea en la sanidad, la educación, la seguridad o la movilidad laboral. Especial afectación se produce en materia laboral en Cataluña, donde si llegas desde cualquier otra región de España a un trabajo temporal para uno o pocos años, si además estudias y tienes hijos pequeños, ya puedes dar por perdido un año o dos porque tendrás que aprender el catalán inexorablemente, sin que el castellano, la lengua oficial del país, te sirva para continuar estudiando ni para que tus hijos sigan su educación sin retrasos. Es una manera de exclusión que las leyes y todos los gobiernos han permitido durante varias décadas sobre quienes solo hablan el castellano.

 

El nacionalismo vasco siempre ha sabido apoyar al Gobierno a cambio de más privilegios económicos (por su concierto, verdadero hecho diferencial y privilegiado sobre otras regiones), y el catalán en demanda de trato político diferencial y añorando el concierto vasco. El “España nos roba” es una frase que se sustenta en ese agravio y que se desmonta tan fácilmente como ponerla en relación con el IRPF, donde pagan más quienes más tienen (en teoría, que en la práctica las sicav y las múltiples formas de descuento a empresas y grandes empresarios nos sorprende cada año con personas que ganan cantidades obscenas de dinero y reciben devolución de Hacienda). No pagan los territorios sino las personas, y donde hay más ricos la balanza dice que pagan más que donde hay más pobres.

 

Como el Estado democrático nació manteniendo las prácticas corruptas de la dictadura no pareció tener escrúpulos en dejar que la corrupción política y económica se instalara en Cataluña como lo estaba en Madrid, Andalucía y otras regiones.

 

 

El intento de golpe de Estado de 1981 convenció a los nacionalistas de que era mejor ir sembrando en las escuelas el fortalecimiento de su sentimiento nacional, el desprecio a lo español, extender su lengua y ocultar el castellano, atraer inmigración musulmana que no conoce el castellano y formarlos en catalán, y seguir apoyando a los gobiernos de PSOE y PP a cambio de que no se aplicara sobre sus dirigentes políticos las leyes penales del Estado para casos de corrupción.

 

Como el Estado democrático nació manteniendo las prácticas corruptas de la dictadura no pareció tener escrúpulos en dejar que la corrupción política y económica se instalara en Cataluña como lo estaba en Madrid, Andalucía y otras regiones. Toda generalización es injusta, pero nadie podrá negar que desde hace años en todas las instituciones hay casos de corrupción por evidente falta de controles, que han permitido robar impunemente mucho dinero de toda la ciudadanía durante muchos años.

 

El caso Banca Catalana, donde estuvo implicado Jordi Pujol a mediados de la década de los 80, con indicaciones expresas del fiscal general del Estado de la época a los fiscales encargados del caso de que no podían hacer acusación contra Pujol por expresa indicación del presidente Felipe Gonzalez, evidencian esa protección a los corruptos, que mantuvo el PP del Aznar en 1996 cuando hablaba catalán en la intimidad, y que llegó hasta la disculpa de Pascual Maragall tras señalar en el parlamento el funcionamiento de la mafia política corrupta del 3% en Cataluña.

 

Después vino que el PP en la oposición es un partido antisistema, como ya demostró con ETA, los escraches al Gobierno en actos institucionales y con el Estatuto de Cataluña, llevando al Tribunal Constitucional un texto por contener algunos párrafos y artículos que había aceptado y votado a favor en otros Estatutos. La sentencia del Tribunal Constitucional declarando ilegal varios artículos del texto aprobado en el Parlamento catalán, y después con modificaciones en el español y publicado con la firma del jefe del Estado, ha sido el punto de ignición para esta batalla que celebramos hoy y que el nacionalismo independentista llevaba décadas preparando.

LA CATALUÑA INDEPENDIENTE


Hay que actuar el 1-0 impidiendo el referéndum, utilizando todos los medios y la fuerza que sea necesaria en cada caso para aplicar la ley, única fuente del Estado de derecho y la democracia. La batalla por el independentismo la van a perder y no por la actuación de la fuerza pública sino porque hay una mayoría social que no la quiere. Si se mantiene la indigencia política actual del Gobierno español en Cataluña, en pocos años los independentistas, que han subido del 20 al 45% en cinco años, en una generación más serán el 60-70% y Cataluña será independiente. Independiente y hostil a todo lo español menos a aquello que sirva para su mejor posición económica: la venta de sus productos en nuestro territorio. Se ven actitudes cada día más frecuentes de odio de una parte importante de la población sobre nuestros símbolos y nuestra lengua en eventos y actos políticos, sociales y culturales. Esta agresividad contra lo español no se va a acabar sin hacer política con mayúsculas, a largo plazo, con sólida mayoría parlamentaria y con firmeza.  

 

Procedería fijar en la Constitución el derecho de todo español a estudiar, escribir y trabajar en su lengua común, el castellano, en cualquier parte del territorio nacional.

 

 

En la actual situación cabe una hoja de ruta que tenga suficiente apoyo político, aplicada sin vacilaciones y trasladando a la práctica la fuerza de los votos. Esa hoja de ruta bien podría comenzar  llamando a todos los españoles a votar, a refundar la democracia, a aprobar los términos del pacto de convivencia que significa la Constitución preguntado si queremos ser una monarquía o una república; a decidir sobre la estructura del Estado, si los distintos territorios tienen o no derecho a decidir su autodeterminación, si se fracciona la soberanía de la nación en distintos territorios o no. Se puede preguntar si se mantiene la actual descentralización, que es ineficiente por multiplicidad de recursos y organismos inútiles, si se cambia a un sistema jacobino más centralizado modelo francés, o si se pone orden en el actual modelo, rescatando determinadas competencias del Estado y delegando su gestión en los entes autonómicos, creando mecanismos en los que participen todas las CCAA que puedan armonizar los elementos que gestionan. Podemos y debemos votar si la educación, por ejemplo, debe ser competencia del Estado, fijar elementos troncales comunes a toda la enseñanza y controlar para que en ninguna de ellas se desprecie la lengua ni se fomenta el odio a España,  xenofobia desde una supuesta superioridad moral, social o de cualquier tipo, de los nativos de dicha región respecto de los “barbaros” españoles. Y así en algunos otros asuntos fundamentales.

 

Procedería fijar en la Constitución el derecho de todo español a estudiar, escribir y trabajar en su lengua común, el castellano, en cualquier parte del territorio nacional. El derecho de cualquier enfermo en cualquier punto de la nación a ser atendido en otra autonomía de su enfermedad si los medios de la que reside no alcanzan para atenderlo en un plazo de tiempo razonable (Amaresh, 24 años, murió el 31-12-2016 en Asturias tras cuatro años de espera para una reducción de estómago y a falta de cinco para ser intervenida, lo que seguramente se podría haber hecho en cualquier comunidad autónoma con más recursos para ello). Poner las instituciones y el Estado al servicio de la gente en vez de crear organismos multiplicados para “enchufar” a amigos, familiares y correligionarios políticos. ¿Es tan difícil?

 

Si los españoles no hacemos un país decente ahora nuestros hijos y nietos volverán a verse inmersos en trágicas situaciones históricas vividas en el pasado que creíamos haber superado.

 

 

¿La clase-casta política española sabrá estar a la altura de las circunstancias históricas que atraviesa el país? Pronto lo veremos. El envite de Cataluña debe ser reconducido, y por procedimientos democráticos, todos los españoles decidir el camino de futuro que emprendemos, realizando los cambios precisos que impidan, entre otras injusticias, que el 46% de los parados en España estén sin cobertura alguna o que nos hayan robado 40.000 millones de euros a todos los españoles para apoyar a la banca, hecho con mentiras reiteradas en actos solemnes de responsables políticos del actual Gobierno que deberían estar inhabilitados para seguir en política.

 

Deberíamos aprender de Estados como Francia o Alemania, sólidas democracias sin complejos. La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, Estado descentralizado como el nuestro, según traducción del año 2010 de los profesores Dr. Ricardo García Macho, universidad Jaime I de Castellón, y el profesor Dr. Karl-Peter Sommermann, Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, señala lo siguiente:

 

  • En su artículo 7º párrafo primero: “El sistema escolar, en su totalidad, está sometido a la supervisión del Estado”.
  • En su artículo 9º párrafo segundo: “Están prohibidas las asociaciones cuyos fines o cuya actividad sean contrarios a las leyes penales o que estén dirigidas contra el orden constitucional o contra la idea del entendimiento entre los pueblos”.
  • En el artículo 21º párrafo segundo: “Los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales. Sobre la constitucionalidad decidirá la Corte Constitucional Federal”.

 

Si los españoles no hacemos un país decente ahora nuestros hijos y nietos volverán a verse inmersos en trágicas situaciones históricas vividas en el pasado que creíamos haber superado. Y todos seremos responsables.

 

 

*José Manuel Sánchez Fornet es  Policia. Ex Secretario General del SUP.
Portavoz en Andalucía del 
Observatorio contra la Corrupción.

@sanchezfornet