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La CEA, Dolmen y la FDSE, una historia interminable en el Juzgado

DOLMEN recibió cobros de la FDSE en exceso por importe de 6,5 millones de euros.

El pasado mes de marzo publicamos en Confidencial Andaluz que la Fiscalía había  presentado un informe en el juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla, en el concurso de acreedores de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (FDSE), en el que reclamaba  tres años de inhabilitación para “administrar bienes ajenos” a la antigua cúpula de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), así como que se les condene al pago de indemnizaciones.

El equipo de Ernst&Young en Andalucía representado por D. Jesús Borjabad García  y el economista D. Antonio Moreno presentaron el 10-07-2014 el Informe del Concurso Ordinario y Necesario a la FDSE Nº 1669/2013  en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla. En el citado informe  DOLMEN recibió cobros de FDSE en exceso por importe de 6,5 millones de euros (4 millones por honorarios no devengados y 2,5 millones de euros por disposiciones de efectivo realizadas por Dolmen pendientes de justificar). Asimismo, DOLMEN ha facturado a FDSE un importe de 549.598€ en concepto de publicidad, importe que tampoco estaría justificado. Por tanto, el importe considerado excedido por este perito asciende al total de 7,05 millones de euros.

 

Abandono procedimental

 

El propio procedimiento que han tenido que seguir los administradores para culminar esta promoción de viviendas sociales delata el estado de abandono en el que se encontraba esta obra por parte de la antigua cúpula de la CEA. (Los primeros trabajos que se han desarrollado parten de la inexistencia de la más mínima organización y clasificación de documentos, tanto de clientes como técnica), indica el informe definitivo.

Puede observarse que FDSE no ha cumplido con las obligaciones legales en materia de legalización de los libros oficiales.

 

La cuantía de las indemnizaciones  son las siguientes:

 

Para Santiago Herrero y Antonio Carrillo son de 2,9 millones de euro para cada uno. Tanto Herrero como Carrillo fueron patronos de la Fundación.

Para Juan Salas Tornero  es de 1,75 millones de euros. Salas Tornero fue vicepresidente y también estuvo en el patronato de la Fundación.

Para Antonio González Lara es de 15 millones de euros. González Lara fue director general de Dolmen.

Fuentes del Ministerio Público en su día confirmaron a Confidencial Andaluz que en el informe presentado en el juzgado se solicita que el concurso de la FDSE sea declarado “culpable”, y se considere afectados, como “patronos con decisiones relevantes y actuaciones”, al ex presidente de la patronal, Santiago Herrero; al ex vicepresidente, Juan Salas Tornero, y al exsecretario general.

El informe de la Fiscalía también reclama que se considere “cómplices” de ese concurso culpable a la empresa Dolmen Consulting Inmobiliario y a su responsable, Antonio González Lara.

De la misma forma, la Fiscalía solicitaba  la “condena” de los anteriores patronos  a “responder de la cuantía en que se incrementó el déficit, partiendo de las variables expresadas por la Administración Concursal“. La Fiscalía explica en su dictamen que no es necesario que el juzgado acuerde la celebración de una vista. Como prueba documental, se remite a las que consta en la pieza y en las demás secciones del concurso, especialmente los textos provisionales y definitivos elaborados en su día por la Administración Concursal.

 

De hecho, la Administración Concursal de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa había propuesto la inhabilitación de la antigua cúpula de la patronal y que se impusiera el pago de una indemnización para la masa del concurso.

 

La FDSE se creó en el año 2007 para hacer una promoción de viviendas de promoción oficial de 583 viviendas en una parcela de Sevilla Este. La obra se encargó al grupo Dolmen, que quebró y dejó la obra inacabada y a más de 500 personas sin piso, a pesar de haber entregado una media de 20.000 euros de señal cada uno,  además de dejar en la más absoluta ruina a decenas de empresas contratistas .

 

Archivo en 2015

 

El caso fue denunciado en primer lugar en la vía penal y el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla imputó en diciembre de 2013 a los miembros de la cúpula de la CEA, si bien la instructora decidió varios años después archivar la causa, en concreto en el año 2015, al considerar que los hechos no eran delictivos.

La juez consideró entonces que “difícilmente” puede apreciarse relevancia penal en las conductas objeto de denuncia, cuando las obras de la promoción denominada Isbylia “están concluidas en algún caso -la primera promoción de 128 viviendas llegaron a obtener la calificación definitiva- y bastante avanzadas, a un porcentaje del 90%, en otros casos”.

La instructora explicó asimismo que parte de  las deudas generadas por los trabajos de las obras habían sido abonadas, por lo que “no ha habido un impago absoluto, temerario y completo de los trabajos realizados”. La juez añadió que la Fiscalía había acreditado en un informe la existencia de una subvención de la Consejería de Vivienda de la Junta por importe de 1.749.000 euros “cuyo efectivo abono hubiera cubierto los importes insatisfechos a los denunciantes, de no haberse declarado la caducidad” de los dos expedientes.

En un segundo lugar, en el mes de Noviembre de 2013, la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB)  denuncio ante la Fiscalía a la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, promovida por la patronal andaluza CEA, por un desfase de entre 12 y 14 millones de euros en la promoción de viviendas por medio de la aportación del informe emitido por la consultora Forest & Partner.

 

La Sareb emprende dos acciones legales para esclarecer la gestión de FDSE:

– Denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos para esclarecer el uso de 12 millones de euros de un crédito concedido por Bankia.

– Instar el concurso de Acreedores para la Fundación Desarrollo del Sur de Europa.

Esta denuncia también se archivó por parte del fiscal.

 

Un decreto del fiscal Arcadio Martínez, decía que “no ha quedado acreditado, en absoluto, que el crédito obtenido de Caja Madrid se empleara en algo distinto a la construcción de las viviendas”.

De la misma manera que  los informes  y pruebas aportados en la denuncia de los contratistas, informe de la consultora Forest & Partner, a las que la administración concursal en su informe final hace constantes alusiones, han servido para declarar culpable el concurso de la Fundación de la CEA, han de servir también para que se reabra la denuncia interpuesta por los contratistas por estafa y apropiación indebida y desvíos de fondos.

En este contexto, el grupo de afectados que engloba no solo a los más de veinte denunciantes sino a otro nutrido grupo de pequeños contratistas y suministradores que, por una razón obvia, la falta de recursos suficientes para afrontar tan agotador proceso penal, no se han sumado a la denuncia interpuesta en el mes de mayo de 2015 y que se sustancia en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Sevilla que instruye Diligencias Previas 4268/15 ha recordado  reiteradamente a través de su representante legal a ese Juzgado que, como ya indicaba el Atestado del UDEF de la Policía Nacional, estos hechos están íntimamente relacionados (Asuntos Fundación, CyR y Dosevi, Almonte, Rociana y la Palma del Condado), no pudiéndose afrontar el análisis de estos hechos presuntamente delictivos de un modo estanco, de forma individual y aislados los unos de los otros.

 

Más por el contario toda esta actividad desarrollada por las distintas empresas vinculadas con el denominado GRUPO DOLMEN tendentes a valerse de los contratistas y subcontratistas para acabar unas obras de viviendas VPO para las que previamente habían obtenido préstamos al promotor (préstamos hipotecarios) de distintas entidades financieras,

 

sin haberles abonado los medios de pago (pagarés) con los que hacían frente a las facturas emitidas, prometiéndoles que cobrarían una vez que  estas obras fuesen concluidas y vendidas y recibir las AEDES tiene un origen común. Y este origen no es otro que la descapitalización que sufren todas y cada una de las empresas promotoras vinculadas al Grupo DOLMEN.

Esto ocurre a mediados del año 2008. Sin una explicación clara, sin causa aparente. Es por tanto evidente que esa falta de liquidez, la falta de financiación y, por ende la falta de solvencia económica para afrontar cuantos proyectos se estaban llevado a cabo por el Grupo DOLMEN tiene un origen, al menos de modo indiciario, basado en una mala gestión de los recursos, cuando no en una gestión fraudulenta, hechos  que pudieran ser  constitutivos de  delictivos muy  diferentes a los  expuestos escrito denuncia tales como administración desleal (art. 252 C.P) apropiación indebida (art. 253 C.P) e insolvencia punible (art. 257 C.P). Y, por lo tanto ha solicitado reiteradamente a ese órgano judicial que se incorpore a esta causa todo lo anterior, si bien, nuevamente, el Ministerio Fiscal mira para otro lado, alegando que “no se puede entender que esos hechos estén relacionados con los ahora denunciados (las promociones financiadas por CAIXABANK en las localidades de Almonte, Rociana y la Palma del Condado en Huelva, porque, según este fiscal eso sería hacer una investigación prospectiva, cosa que lógicamente esta proscrita por el ordenamiento jurídico.

No obstante este Fiscal parece obviar que toda la actividad del Grupo Dolmen es unitaria, centralizada y prolongada en el tiempo, que ha venido funcionando al modo de empresa piramidal y que lo que iba obteniendo de unas promociones lo iba dedicando a otras, a tapar créditos anteriores y a desviar ingentes cantidades de dinero a no se sabe  dónde (parece que a la fiscalía no le interesa conocer el destino de estas millonarias sumas). Quizá le sirva a esta Fiscalía la asombrosa afirmación que hacen los gestores del Grupo Dolmen al decir que el dinero se iba en “gastos de gestión”.