Ciudadanía sin derechos civiles

Desde que en 1992 se aprobó la “Ley Corcuera”, los derechos civiles dela ciudadanía en España dejaron de tener ningún valor, sometidos al ejercicio de la Autoridad de cualquier policía. El principio de autoridad, que Corcuera se empeñó tanto en que se inculcara a los policías en detrimento del principio de servir y proteger respetando los derechos de la ciudadanía, ha impregnado los criterios de selección de ingreso, buscando el perfil de personalidad y carácter adecuado, y la formación profesional posterior hasta traernos donde estamos.

Y hoy estamos en que desde hace muchos años, la policía española (todas las policías), creen tener patente de corso para identificar a cualquier persona en la vía pública por su simple capricho, por necesidad estadística (el mando les exige un determinado número de “palotes” en forma de actuaciones/identificaciones), y lo peor es que creen que esa es una práctica normal, legal, que forma parte de su tarea diaria. Porque así los han enseñado. Hasta tal punto es así que una Instrucción reciente de la Secretaría de Estado de Seguridad, la 13/2018, que pone un poco de sentido común para actuar sobre cualquier ciudadano, ha provocado que varios sindicatos de Policía y asociaciones de Guardia Civil hayan manifestado su desacuerdo con la misma. Es decir, los sindicatos y asociaciones que existen para demandar derechos y seguridad jurídica para sus socios defienden la impunidad y su actuación sin control vulnerando derechos de la ciudadanía de acuerdo con la “Ley Mordaza”, un engendro antidemocrático en algunos aspectos impropio de ningún país democrático del primer mundo.

La policía española (todas las policías), creen tener patente de corso para identificar a cualquier persona en la vía pública por su simple capricho, por necesidad estadística (el mando les exige un determinado número de “palotes” en forma de actuaciones/identificaciones)

España es el único país democrático donde un policía puede identificar a una o cien personas simplemente por su voluntad o capricho. Millones de identificaciones cada año, y decenas de miles de cacheos se producen en la vía pública sin ninguna justificación. En Argentina un policía no puede identificar a un ciudadano sin autorización de un superior. En Francia te entregan un justificante de la razón de la identificación. En Alemania la Policía tiene que anunciar las zonas, duración y la razón por la que se identifica. En Reino Unido, sin DNI es algo extraordinario. En España, un cónsul francés se dirigió al sindicato policial que yo representaba hace años para saber si existía alguna instrucción de identificar a franceses en la Costa del Sol. No entendía que pudieran hacerse tantas identificaciones sin razón objetiva. En España, una inspectora y un oficial entran de noche y se apuestan a ver quién hace más identificaciones y quien pierda paga el desayuno de las dos patrullas, acabando ambos a las seis de la mañana en una estación a pie de la salida de los autobuses de los pasajeros identificándolos. Extremo denunciado en su día que, como tantos otros, no sirvió para nada. Y cuyo mando policial ha sido ascendido recientemente a jefe superior de Policía.

Esta instrucción, aunque no nos sitúa al nivel de otras policías democráticas (todas las de la UE), si impone al agente la obligación de razonar documentalmente el motivo de su identificación y, si ha procedido, cacheo. Hoy se producen masivas y arbitrarias identificaciones ilegales que vulneran derechos civiles de la ciudadanía por presión de los mandos, ignorando que cualquier ciudadano tiene derecho a deambular por la calle sin ser molestados por un policía. Una plaga contra los derechos civiles de la ciudadanía desde hace 25 años con millones de identificados. Algunos policías han sido condenados, por ejemplo, por hacer perder el vuelo a un ciudadano en una identificación de estas habituales en Salamanca. Las limitaciones de la Instrucción 13/2018 no molestan a los buenos profesionales ni a los mandos decentes. Molesta a los malos profesionales y malos mandos que llevan años abusando de una prerrogativa como es la de identificar a alguien, que solo debe producirse a) cuando resulte sospechoso de haber cometido un delito, o b), de que puede cometerlo (T. Supremo), que nunca han respetado ni cumplido.

En España, una inspectora y un oficial entran de noche y se apuestan a ver quién hace más identificaciones y quien pierda paga el desayuno de las dos patrullas, acabando ambos a las seis de la mañana en una estación a pie de la salida de los autobuses de los pasajeros identificándolos.

Dos policías entran en pub, piden documentación a todos, una persona pregunta la razón y cuestiona que tenga que identificarse, recibe dos bofetadas, contra la pared y acusado de resistencia. Estación de tren. Dos policías identifican a un “perroflauta” (por su vestimenta). Arrojan la ropa de su mochila al suelo en el baño, le incautan la droga y le dicen que se vaya. Sin acta –que a él le ahorra 600 € de multa- cabe suponer que la droga se la quedan. Son dos hechos reales recientes que no se denuncian ni persiguen porque la ciudadanía no tiene mecanismos para hacerlo. Hay que combatir estas prácticas minoritarias de malos profesionales y de malos mandos que no las persiguen. Y España debería crear comités ciudadanos donde se pudieran denunciar estos asuntos, como existen en algunas policías europeas.

Mientras esto pasa, cada mes se quedan sin atender miles de llamadas al 091, con grave riesgo para quienes demandan ayuda en situación de riesgo y no la reciben. Las unidades dedicadas a esto han sido divididas y muchos de sus miembros se dedican solo a hacer identificaciones, con coches parados, lo que incrementa la inseguridad por falta de movilidad. Es posible llamar porque alguien con un cuchillo amenaza a personas en un bar, o porque tu pareja intenta derribar la puerta de tu casa y que no vaya ningún coche policial porque no hay disponibles, mientras en una calle cercana varios vehículos están identificando y cacheando a jóvenes a ver qué llevan. Los policías trabajan para sus mandos, y estos para los políticos, pero de espaldas a los intereses de la seguridad pública ciudadana.

Y España debería crear comités ciudadanos donde se pudieran denunciar estos asuntos, como existen en algunas policías europeas.

Lo decente, lo que manda la ley y es obligación del Estado es acudir a las demandas de ayuda de la ciudadanía, que puede encontrarse en situación de riesgo, y no vulnerar sus derechos con identificaciones y cacheos caprichosos para incautarle una dosis de droga que lleva encima para fumar en su domicilio, porque no se conoce que la droga aparezca allí por ciencia infusa. Promover este sistema operativo es un crimen contra los derechos de unos y la seguridad de otros, que se lleva cometiendo impunemente 25 años con gobiernos del PP y del PSOE.