Ser interventor de la Junta de Andalucía que preside Susana Díaz se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo. El carrerón de salidas de los adjudicatarios de tal puesto de trabajo que aporta a su currículo la señora presidenta (tres de ellas conocidas en los últimos meses), está confirmando como de alto voltaje el puesto funcionarial que debería de servir para vigilancia y observancia del cumplimiento de la legalidad, pero que las presiones interconectadas del ancho y espeso régimen andaluz han convertido en un lugar de alto estrés, y tal.
Cuando el gobierno andaluz va con el interés político por un lado, y la legalidad le contradice por el otro, es de manual socialí conformar una especie de comando Pedro con el que los gasparillos hicieron antes, y los susánidos hacen hoy, de su capa un sayo. El partido tiene un objetivo político que no forma parte del juramento o promesa del cargo cuando se ocupa el puesto funcionarial, pero que se entiende tácitamente asumido por el cargo que se ostenta. Defender al régimen procura la paz interior y exterior del susánido. Cuando no es así, el funcionario que creía haber encontrado en la función pública el lugar donde vivir con tranquilidad el desempeño laboral oportuno, puede encontrarse con un baile de cosquilleantes o hirvientes llamadas telefónicas, de presiones y arrebatos de alto nivel, que le hagan preferir coger las de Villadiego hasta Villarlargo; o sea, el camino más corto para quitarse de en medio, antes que someterse a la disciplina del politiquerío más pueril e indebido.
[blockquote style=»1″]Ellos, con el poder absoluto que les da el pacto de gobierno firmado por Juan Marín y Susana Díaz, están convirtiendo la oportunidad de ofrecer transparencia de una comisión de investigación en un órgano burocrático sin sentido, que invita a declarar a toquisqui, incluso a quien pasaba por allí.[/blockquote]
La marabunta de los Ere fraudulentos, así como el fraude de los falsos cursos de formación de la Junta de Andalucía, han puesto en un brete la gestión del interés político del partido hegemónico andaluz. Y cada día sabemos más cosas, de las que nos deberíamos de haber enterado mucho tiempo ha.
Había hasta ahora cierta connivencia, amparada por el letargo con el que la política asumía la hegemonía indiscutible de los señores y señoras del puño y la rosa. El partido amigo tenía el poder, y no era fácil oponerse a la extensión del mismo. Hoy, que las mayorías políticas se plantean desde otras muy distintas vistas y posibilidades, la presión y el riesgo de un interventor no se asume con la misma silente gallardía con la que, en otros tiempos, se aceptaba entre papeles, pólizas y sellos, que el pulpo era un animal de compañía.
Sufrimos aún hoy las consecuencias de ese estilo impostor de la democracia, cuasi ajeno a lo que ésta significa. Fíjense, si no, cómo y de qué manera el conglomerado político que actualmente representa al pueblo andaluz en el Parlamento, y muy especialmente la salsa con dos vinagres que apoya el gobierno de Susana, está mareando la perdiz antes que facilitar la investigación y caza del fraude que en Andalucía se ha producido en los últimos años.
Ellos, con el poder absoluto que les da el pacto de gobierno firmado por Juan Marín y Susana Díaz, están convirtiendo la oportunidad de ofrecer transparencia de una comisión de investigación en un órgano burocrático sin sentido, que invita a declarar a toquisqui, incluso a quien pasaba por allí.
Todo sea por evitar que los verdaderos responsables políticos del desfalco confirmen, con su presencia en las portadas de cada telediario, el fraude. Todo sea por esconder lo mucho y grave de la situación que se ha generado con la alteración de la legalidad de manera tan flagrante. Podrían y deberían ahorrarse el espectáculo que están dando, puesto que la seriedad que se debe tener en caso tan grave no está siendo seguida por quienes deben de dar las oportunas explicaciones con el mismo ahínco con que hablan de su espíritu anti corrupción, desgraciadamente para nosotros, paganos, una vez más, del convite socialí.