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Comisión sobre Modelo Policial Siglo XXI

Actualizar, modernizar, mejorar, hacer más eficaz y eficiente el modelo policial es posible.

El 18 de abril pasado se creó en el Congreso de los Diputados una Comisión no permanente (desaparece cuando acabe la legislatura) para el estudio del modelo policial del siglo XXI.

Formarán la misma 37 diputados, de los que 14 corresponden al PP, nueve al PSOE, siete a Unidos/Podemos, tres a Ciudadanos, uno a ERC y PNV y dos al Grupo Mixto. Será presidida por el diputado popular por Burgos, Jaime Mateu Isturiz, hijo de un magistrado del Tribunal Supremo y hermano de un Teniente Coronel de la Guardia Civil, ambos asesinados por ETA.

El Modelo policial es la forma en que se organizan, coordinan, se reparten el territorio y los delitos las distintas policías de un país. Siendo España como es un país multipolicial, es muy necesario que haya normas claras que favorezcan esa situación, extremo que la ley orgánica 2/86 nunca ha conseguido.

El 15 de octubre de 1996 la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados acordó la creación de una subcomisión para estudiar el Modelo Policial. Sus conclusiones fueron publicadas tres años después en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la Sexta legislatura. Comparecí en dicha subcomisión el 24 de marzo de 1998 como secretario general del sindicato entonces ampliamente mayoritario, expuse la opinión que teníamos al respecto y entregué un documento a la mesa para su distribución a los ponentes.

Son víctimas de una brutal trama represiva conocida como “Operación Columna” organizada por el Gobierno de Felipe González, con Corcuera y Serra como ministros de Interior y Defensa respectivamente y Luis Roldán en la dirección general de la Guardia Civil.

El día 6 de mayo de 1998 comparecieron por primera vez dos miembros de la Guardia Civil en representación de una asociación, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (COPROPER), siendo estos Florencio Garrido Vela y José Morata Gargallo, que expusieron un modelo muy similar al planteado por mí (15 años después, en enero de 2013, presentamos un proyecto conjunto de modelo policial SUP-AUGC al que hoy propondría algunas enmiendas). Florencio y Morata son hoy presidente y vicepresidente de la asociación Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles (GUCIPOL), nacida para promover la defensa de los derechos humanos y libertades públicas, y que tiene como primer objetivo conseguir el reingreso a la Guardia Civil de José Morata, que junto con José Piñeiro y Manuel Rosa son los tres que quedan con vida (ya falleció Manuel Linde) expulsados por defender el derecho asociativo en la benemérita.

Son víctimas de una brutal trama represiva conocida como “Operación Columna” organizada por el Gobierno de Felipe González, con Corcuera y Serra como ministros de Interior y Defensa respectivamente y Luis Roldán en la dirección general de la Guardia Civil, para acabar con cualquier atisbo de movimiento asociativo en la Guardia Civil. A pesar de que años después el Tribunal Constitucional reconoció que ese derecho que ellos pretendían y por lo que fueron expulsados ya existía cuando ellos lo reclamaban, todavía hoy siguen expulsados del Cuerpo de la Guardia Civil.

Hay muchos errores que se vienen cometiendo desde hace decenas de años”

Esto que acabo de escribir no viene a cuento del modelo policial… o sí, para mí, porque evidencia lo complicado de tratar de poner orden y sentido común en un asunto nuclear del Estado, su seguridad, y que afecta a todos los cuerpos policiales, cada cual en su ámbito un verdadero poder fáctico que influye en las decisiones de los políticos con los que despachan a diario.

Actualizar, modernizar, mejorar, hacer más eficaz y eficiente el modelo policial es posible porque hay muchos errores que se vienen cometiendo desde hace decenas de años. Otra cosa es que se quiera o se pueda resolver. En España hay una demanda de más policías por todos los cuerpos de seguridad cuando somos el segundo país de la UE con la relación más alta de policías por habitantes, solo por detrás de Italia. Ni Alemania, ni Francia, Ni Reino Unido ni ningún otro país tienen hoy más policías en relación a sus habitantes que España. En cambio, si obtenemos esa misma relación de jueces por habitantes el resultado es justo al revés, España está a la cola de Europa, y lo mismo si comprobamos el número de estibadores, o de controladores aéreos, o de bomberos, o de médicos, profesores o enfermeras, entre otros colectivos fundamentales para el buen funcionamiento de la sociedad.

Hoy hay territorios donde hasta cuatro cuerpos compiten por los mismos delitos

Definir y actualizar el Modelo Policial es necesario y urgente; hoy hay territorios donde hasta cuatro cuerpos compiten por los mismos delitos (y no hablamos de pequeñas cosas sino de terrorismo, por ejemplo; en Cataluña, País Vasco y Navarra, donde además de los dos Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, trabaja el CNI y sus policías autonómicas, todas de espaldas unas a otras ocultándose información y si pueden, obstaculizándose el trabajo del rival). Es importante y urgente por ello poner orden en el Modelo Policial, en la estructura y competencias de los distintos cuerpos de seguridad estatales, autonómicos y locales, pero es tan necesario o más definir un modelo de policías para la ciudadanía, dejar sentados determinados principios en relación con las personas a las que se sirve que deben asentarse como elemento fundamental en el respeto escrupuloso a todos sus derechos, humanos, civiles políticos y de toda índole, extremo que no ha ocurrido en España nunca desde hace siglos.

En mi opinión los policías españoles serían los primeros, antes que cualquier otro del mundo, en entrar en una casa en llamas para auxiliar a los inquilinos arriesgando sus vidas; en cambio tienen asumido como derecho que su autoridad es superior al derecho civil de la ciudadanía a no ser molestado salvo por razones justificadas (ser sospechoso de haber cometido un delito o de que puede cometerlo, según el T. Supremo), procediendo a identificaciones y cacheos arbitrarios e ilegales que se repiten por varios millones cada año. Y lo hacen siguiendo las órdenes de los mandos y políticos.

La Policía y la Guardia Civil no deben unificarse pero sí coordinarse, que no necesitan un mando único entendido como un político, y que la Guardia Civil no debe desmilitarizarse

El modelo policial dará lugar a más artículos en el futuro, así que solo señalaré que mi opinión hoy es que la Policía y la Guardia Civil no deben unificarse pero sí coordinarse, que no necesitan un mando único entendido como un político, y que la Guardia Civil no debe desmilitarizarse (cambio la opinión de lo que he defendido durante muchos años a la vista de acontecimientos y con más experiencia), debiendo habilitarse una pasarela para que todos los miembros de la Guardia Civil que quieran ser policías civiles puedan pasar a formar parte de la Policía Nacional, y todos aquellos policías civiles que añoran el sistema militar (que son más de los que parecen) puedan pasar a formar parte de la Guardia Civil. Eso mejoraría mucho el clima laboral en ambos cuerpos.

Tenemos un material humano que con la formación adecuada, la dirección de la que hoy carecen, la formación policial en democracia que brilla por su ausencia (con prácticas policiales que vulneran sistemáticamente derechos de la ciudadanía con identificaciones ilegales indiscriminadas antes referidas), en una dinámica profesional que en nada contribuye a mejorar la eficacia y la reducción de delitos contra la ciudadanía, podría ser una policía de las más eficaces y diligentes del mundo (sin necesidad de maquillaje estadístico, como ahora).

Son prácticas corruptas, absolutamente inaceptables por inmorales, al dejar sin protección a decenas de miles de ciudadanos”

Precisamos un Modelo de Policía del Estado y un modelo de policía para la ciudadanía, que es tan necesario como el del Estado. Un modelo donde se acaben prácticas habituales y rutinarias en España como, por ejemplo, retirar un vehículo patrulla de seguridad ciudadana de su servicio para que proteja o abra camino a cualquier político en cualquier ciudad, dejando desasistida a la ciudadanía, algo que aquí ocurre a diario y que en cualquier país de nuestro entorno costaría el cargo al ministro de Interior. Son prácticas corruptas, absolutamente inaceptables por inmorales, al dejar sin protección a decenas de miles de ciudadanos para proteger o aparentar en un acto del político de turno.