El ex director de la Autoridad Portuaria de Melilla gana 111.000 euros en los tribunales con un acta supuestamente falseada. Tras una sentencia a su favor, ahora ha renunciado al dinero por su “cariño” a Melilla
Javier García Angosto / Redacción C.A. Melilla.- José Luis Almazán, ex director de la Autoridad Portuaria de Melilla, ha ganado en los tribunales 111.113,13 euros de indemnización tras abandonar el puesto. El Juzgado de lo Social nº 1 de la ciudad estimó que la relación laboral se extinguió de mutuo acuerdo basándose en un acta del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Un acta que pudo ser falseada por el propio Almazán en el ejercicio de sus funciones como director.
El 18 de diciembre de 2012, Almazán finalizó su relación con la Autoridad Portuaria tras nueve años en el puesto. Al alto cargo le salió una oferta en el sector privado y decidió dimitir. Ese mismo día el Consejo de Administración se reunió. El presidente del Puerto Arturo Esteban, y buena parte de los miembros del Consejo, le agradecieron los servicios prestados y le desearon buena fortuna en su nueva etapa profesional.
Almazán reclama
A los pocos días de su dimisión, Almazán reclamó a la Autoridad Portuaria más de 100.000 euros de indemnización. La Administración denegó la petición con el beneplácito de sus servicios jurídicos y por órdenes expresas de Puertos del Estado, organismo público dependiente del Ministerio de Fomento. Y es que Almazán se fue porque quiso.
No tenía derecho a indemnización. Ante la negativa, Almazán inició acciones judiciales. Tan solo ocho días después de su dimisión, el 26 de diciembre de 2012, interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Social. Tenía un ‘as en la manga’, y lo utilizó. Tenía un acta del Consejo de Administración supuestamente falseada. Con ese documento, el juez le dio la razón en febrero de 2015.
¿Cómo lo hizo?
El acta del Consejo de Administración del 18 de diciembre de 2012, donde se recogían los detalles de su salida del Puerto, fue clave en el pleito. Un acta supuestamente falseada, ya que su contenido escrito no se correspondía con los acuerdos del Consejo.
El acta del Consejo de Administración detalla que no hubo dimisión, sino un “desistimiento mutuo”; una extinción de la relación laboral de mutuo acuerdo entre las partes. El “desistimiento mutuo” es justamente la figura legal que contenía el contrato de alta dirección de Almazán y que le garantizaba la indemnización, no así una dimisión.
¿Dimisión o ‘desistimiento mutuo’? Las acciones judiciales de Almazán pasaron desapercibidas durante años para buena parte de los miembros del Consejo de Administración. En junio de 2015, saltó la liebre.
Reunidos el 10 de junio de 2015, procedían a aprobar las cuentas del ejercicio anterior. Una de las consejeras, Khaddouja Dris Mohamed, mostró sus discrepancias por el aumento en gastos de personal motivado por una sentencia que obliga a la Autoridad Portuaria a pagar más de 100.000 euros a Almazán.
La abogada del Estado, Belén Moreno Santana, explicó al Consejo que, aunque la sentencia ha sido recurrida, era necesario provisionar el dinero por si finalmente perdían el caso definitivamente.
Otro de los consejeros, Daniel Conesa Mínguez, solicitó más información sobre el asunto. La noticia le pilló por sorpresa. Tanto a él como a la mayoría de los consejeros.
El Sr. Conesa Mínguez dice que la voluntad del Consejo fue aprobar la renuncia, así lo creyó él cuando votaba y el resto de sus compañeros, pues llegó a preguntar sobre ello en debate que se abrió sobre el particular.
La Sra. Moreno Santana dice que la fórmula que se voto en el Consejo y se recoge en el acta parece que no coincide con lo que los consejeros pensaban que votaban.
El Sr. Marín Cobos dice que al Consejo no se le explicó las consecuencias de que el cese fuera recogido de una forma u otra, es más parece que el Consejo hubiera votado una propuesta distinta a la que se les dijo y produjo en el debate.
Todas las miradas apuntaron a José Manuel Noguerol, secretario del Consejo. Ante el asombro de los consejeros, admitió que redactó el acta siguiendo las instrucciones de la Dirección del Puerto, es decir, de Almazán.
El secretario dice que la propuesta que recoge el acta es la que se votó y responde a la moción que estaba entre la documentación del orden día, que se redactó siguiendo las instrucciones que le fueron dadas por la Dirección.
El Sr. Marín Cobos dice que le parece un disparate que la persona afectada por un posible acuerdo sea la que le dé instrucciones al secretario sobre cómo debe redactarse una propuesta. Dice que se siente engañado pues él tuvo conciencia de estar votando en todo momento el cese por renuncia y no por desistimiento mutuo, aunque nadie le informó tampoco de las diferencias contractuales entre uno y otro.
El “desistimiento mutuo”, la figura legal que los consejeros negaron haber votado, el ‘as en la manga’ de Almazán, se incluyó en una revisión de su contrato que el presidente Arturo Esteban autorizó en 2009 sin que el Consejo lo supiera. Ante esta nueva revelación, Esteban dijo sentirse “burlado”.
El Presidente manifiesta que se encuentra muy dolido, pues el contrato se firmó con el informe de la Abogacía del Estado y era lo común en el sistema portuario. Por eso se procedió a la firma. La gravedad del tema es lo que se le ha hecho al Consejo y a él personalmente, pues se siente engañado y burlado. En el Consejo se habló y explicó que se iba voluntariamente y se le deseó que le fuera muy bien. Que por tanto hay una inexactitud en el acta, en la medida en que parece que no recoge exactamente lo que se habló y acordó.
La solución
José Miguel Tasende, miembro del Consejo y capitán Marítimo de Melilla, intervino para destacar que debe constar “clara y documentalmente” lo que realmente acordaron. Propuso escuchar la grabación de audio de la sesión para ver con claridad lo que dijo cada uno de los asistentes. Esteban aprobó la medida ya que “a su juicio ha existido la intencionalidad clara de desvirtuar el voto del Consejo”.
Pocos días después, los consejeros escucharon el audio de la sesión que fue transcrito. Las conclusiones quedaron reflejadas en una posterior cita del Consejo de Administración del 16 de julio de 2015.
Varios consejeros, tras escuchar el audio, insistieron en que votaron la marcha de Almazán, pero que en ningún momento se distinguió entre renuncia y desistimiento mutuo. Las conclusiones de la abogada del Estado fueron contundentes:
No fue incluido inicialmente este punto tal cual en el orden del día, tampoco se determinó la urgencia de su inclusión ni se votó sobre dicha urgencia ni sobre la circunstancia del «desistimiento mutuo» ni se explicó al Consejo cuáles eran las consecuencias jurídicas que esto implicaba, más aún cuando el Consejo no conocía la novación contractual hecha en el 2009 en el contrato del director. Todo ello motivaría un posible defecto en la conformación de la voluntad del órgano colegiado, como causa de nulidad alegable a través de la revisión de oficio propuesta y explicada en el informe, sin perjuicio de otras posibles irregularidades observadas.
Finalmente, el Consejo aprobó que lo que realmente acordaron el 18 de diciembre de 2012, el día de la marcha de Almazán, fue su renuncia y no el ‘desistimiento mutuo’ que figura en el acta. Por tanto, el Consejo admitió de facto que el acta fue falseada. Sin embargo, descartó iniciar acciones penales por un presunto delito de falsificación de documento público.
Almazán renuncia al dinero
El actual presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Marín, anunció el pasado 16 de noviembre que Almazán renunciaba a los 111.113,13 euros de indemnización. Explicó que el ex director envió, pocos días antes, un acta notarial en la que renunciaba al dinero.
En opinión de Marín, Almazán ha demostrado ser “un caballero” que renuncia al dinero por su “cariño” a la Autoridad Portuaria y a Melilla. Marín no escatimó en elogios añadiendo el “magnífico trabajo” al frente de la Dirección del Puerto.
Esta información la compartimos hoy con el periódico La Luz de Melilla.
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