El pasado 27 de diciembre de 2016 el Consejo de Gobierno presidido por Susana Díaz daba luz verde a la renovación del Contrato-Programa acordado con la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) para el periodo 2017-2019. De una tacada el gobierno andaluz puso sobre la mesa del Consejo 418,5 millones de euros que garantizaban la supervivencia del entramado mediático gubernamental durante tres años más.
Llegaba esta renovación en el último minuto, sin que el asunto hubiese despertado excesivo interés entre la clase parlamentaria andaluza, casi tan sesteante como la presidenta que lleva medio año dedicada a labores de costura en el partido. Al Parlamento de Andalucía en su conjunto parece no importarles demasiado la larguísima interinidad en la que sobrevive, con gotero, la Rtva. Solo Ciudadanos ha vuelto últimamente con “que viene el lobo de la Rtva”, pero sigue el silencio en el rebaño.
El artículo 8.3 de la Ley de la RTVA
Pero lo que muy pocos sabían el día de tan esperada renovación in extremis es que sus gestores se habían pasado la Ley de la RTVA por el arco del triunfo. Lo que bien podría parecer un despiste funcionarial, adquiere categoría de suceso político al comprobarse que se han saltado, gobierno y RTVA, un mecanismo de control establecido por ley, concretamente en el artículo 8.3 de la Ley que regula la RTVA. En este punto se establece que la persona titular de la Consejería de la Junta de Andalucía que tenga atribuidas las competencias en materia de medios de comunicación social- en este caso la de Presidencia- solicitará un informe preceptivo al Consejo Audiovisual de Andalucía sobre el proyecto del Contrato-Programa, en lo relativo a aquellas materias que fueran de su competencia.
Efectivamente, pasarían 36 días con sus 36 noches -31 de enero- hasta que se subsanase el grave error procedimental cometido en la tramitación y redacción del Contrato-Programa. Un suceso que, además de dejar en evidencia la utilidad del muy discutido Consejo Audiovisual de Andalucía, incumple la Ley de la RTVA y levanta una enorme polvareda en el seno del Consejo. De hecho, el informe emitido y que firma la presidenta Emelina Fernández, es demoledor tanto en las formas como en el fondo. He aquí algunos de los pasajes de dicho informe. En el documento adjunto más abajo hallará el texto íntegro del Informe del CAA a propósito del Contrato Programa de la Rtva.
Algunas de las afirmaciones del CAA
“Por tanto – escribe la presidenta Fernández- teniendo en cuenta que el Contrato-Programa ha sido ya aprobado, no procede la evacuación del citado informe preceptivo. No obstante, dada la remisión y solicitud de informe sobre el citado Contrato-Programa, el Pleno del CAA ha considerado oportuno, en base a la función de asesoramiento encomendada por su Ley de creación y dada la provisionalidad del mismo, pronunciarse sobre el Acuerdo aprobado y dejar constancia de las observaciones que en el ámbito de sus competencias procede realizar respecto a un documento indispensable, llamado a determinar los compromisos e indicadores para que la RTVA cumpla su misión de servicio público”.
“Con carácter general, el Contrato-Programa adolece de una concreción de las actividades y objetivos específicos que se desarrollarán en el trienio para alcanzar las prioridades que, en su misión de servicio público, debe cumplir la RTVA de acuerdo a la Carta de Servicio Público aprobada por el Parlamento”.
“El Contrato-Programa 2017-19 adolece de acciones concretas que contribuyan a fomentar la igualdad de género a través de los contenidos que se emiten, así como a prevenir y sensibilizar a la sociedad sobre la violencia de género en los términos previstos en la Ley 13/2007. Es positivo que el apartado 38 explicite el compromiso de difundir competiciones deportivas femeninas, pero en lo relativo a las retransmisiones deportivas está también escasamente concretado en el acuerdo y queda condicionado a la disponibilidad presupuestaria de la RTVA”.
“El CAA considera que transcurrido el periodo de vigencia del anterior Contrato- Programa (prorrogado para 2016) el texto aprobado adolece de un análisis de los resultados del anterior Contrato vigente, así como de una evaluación global que comprenda los compromisos cumplidos y una valoración de las circunstancias y justificación, en su caso, de las desviaciones sobre el cumplimiento de los mismos”.
“En el supuesto de la oferta de radio temática dirigida a audiencia joven, se fija como objetivo específico que el 75% de los contenidos se destinará a divulgar la música producida por artistas «andaluces y españoles» y el 25% a espacios de entretenimiento. Debería corregirse el error de redacción teniendo en cuenta que los andaluces son también españoles”.
«teniendo en cuenta que el Contrato-Programa ha sido ya aprobado, no procede la evacuación del citado informe preceptivo».