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Coronavirus en las Reales Ordenanzas

Curándose en salud ―la propia, quiero decir―, el Gobierno prepara su relato.

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en ausencia de vacuna contra el Covid-19, baraja tres escenarios post-desescalada. El primero prevé ataques intermitentes del virus que podrían extenderse hasta dos años. El segundo dibuja una oleada de gran intensidad hacia el otoño-invierno  próximos, seguida de olas más pequeñas. Y el tercer escenario consiste en una especie de ralentí estabilizado e indefinido. El virus, por tanto, seguirá entre nosotros por muchos meses. La hipótesis más peligrosa, contra la que hay que asegurarse, es el escenario segundo, especialmente grave si la oleada se adelantara a junio-julio próximos, con el personal sanitario todavía no plenamente recuperado.

 

Oliendo próximas confrontaciones electorales, decenas de miles de muertos, centenares de miles de contagiados y el desastre económico ―ya inocultable―, son armas regulares para la lucha política, cuando aún no se conocen bien las verdaderas magnitudes de la catástrofe. Curándose en salud ―la propia, quiero decir―, el Gobierno prepara su relato. De ahí que, por ejemplo, el ministerio de sanidad, en documento, del pasado 6 de mayo, relativo a la “Detección de casos de infección activa por Sars-Cov-2″, no incluya la realización de tests a los asintomáticos, para evitar que se disparen las estadísticas de infectados. Claro que, en su día, no hubo reparos para hacer las pruebas a miembros del Gobierno asintomáticos. O, ahora, al gremio futbolístico por lista de revista, más sus convivientes.

 

Eso actualiza el caso de los 22 militares asintomáticos de la UME (Torrejón de Ardoz) a los que se “testeó” (PCR), el 19 de abril pasado. De ellos, 20 dieron positivo: una escalofriante tasa del 90% de contagiados. Tras dos semanas de confinamiento (doméstico o en la base), sin otra prueba ni mayor investigación, hubieron de volver al trabajo sin conocer si siguen o no infectados y, consecuentemente, si continúan siendo vectores de contagio. Un hecho relevante que fue escamoteado por la ministra de defensa, Margarita Robles, en su comparecencia, el pasado 27 de abril, ante la comisión de defensa del congreso de los diputados. Claro que las tragaderas de esa  Comisión son reconocidamente proverbiales.

 

En la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario (UALSAN), en Carabanchel Alto, hay almacenados, al menos, 58.000 tests rápidos de detección entre los adquiridos por el Mando de Apoyo Logístico del ET (MALE), y los recibidos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) del ministerio de sanidad.  Resulta difícil comprender por qué entonces no se está implementando una estrategia de empleo de tales medios, para conocer el estado sanitario de nuestras FAS. Éstas seguramente tendrían que emplearse a fondo nuevamente, si llegara a materializarse la hipótesis más peligrosa, ya descrita.

 

No hacer pruebas a los asintomáticos, para que no se disparen las estadísticas de infectados, es un interés político del Gobierno y de los partidos que lo sustentan. Pero extrapolar miméticamente tal cálculo a las FAS es muy peligroso. Porque en la letra de las Reales Ordenanzas (RR OO) ―“Biblia” castrense y código deontológico para los militares―, se insiste repetidamente en la grave responsabilidad del que manda en la atención de la moral y el cuidado de la salud de los subordinados. Por mero ejemplo, el artículo 57 reza: “será su preocupación constante (del que manda) velar por la protección y seguridad del personal a sus órdenes”.  O, el 76: “será responsabilidad y preocupación constante de todo el que ejerce mando velar por la seguridad y prevención de riesgos en el ejercicio profesional del personal a sus órdenes, las condiciones sanitarias de las instalaciones y de la alimentación (…)”.

 

En ese contexto, evitar o dificultar, desde el órgano central de Defensa, las acciones del mando militar dirigidas a conocer el estado sanitario real de sus subordinados, habiendo medios para hacerlo, es politizar a las FAS. En sentido inverso, escudarse en órdenes, directivas, normas o consejos para no investigar el estado sanitario real de los subordinados, no es de recibo. Parece oportuno recordar ahora el artículo 55 de las RR OO de las FAS: (…)“La responsabilidad en el ejercicio del mando militar no es renunciable ni puede ser compartida”. Y es que las RR OO, al igual que la Constitución, deberían ser objeto de frecuente lectura. Por unos y por otros.