The news is by your side.

Correos y los discapacitados

OPINIÓN DEL LECTOR / FCO. JAVIER PÉREZ PARRALO.

[social title=»» subtitle=»» link=»https://www.facebook.com/franciscojavier.perezparralo?fref=ts» icon=»fa-facebook»]

Hablamos del Contrato Temporal para el Fomento al Empleo para Personas con Discapacidad. Esta modalidad tiene como objetivo incorporar a mundo laboral a personas con un grado de discapacidad superior al 33%, y por ello con riesgo de exclusión social. Para ello, el legislador no sólo contempla una cuota mínima de trabajadores discapacitados en las plantillas, sino que también incorpora una serie de medidas y ventajas económicas y fiscales que bonifican a las empresas por la contratación.

En el caso que nos ocupa, la Entidad Pública Correos (SEPI) ha venido contratando personas con discapacidad durante tres años mediante prórrogas anuales. Al finalizar el periodo máximo de tres años los ha puesto en la calle, contratando a nuevos empleados con discapacidad y por tanto beneficiándose de las ventajas económicas que contempla la legislación.

Está practica hace un uso y abuso arbitrario de la ley, puesto que no lleva a la consecución de la finalidad de la misma, que es la integración, estabilidad y consolidación de los puestos de trabajo de este colectivo. Correos hace una lectura torticera y financiera de la ley con un claro abuso del derecho, para solo y exclusivamente obtener el fin lucrativo de las subvenciones.

El espíritu de la ley –sentido genuino de un precepto legal en contraposición de la letra– es invocado y a él se recurre mediante interpretaciones generosas o forzadas para aplicaciones equitativas de la legislación, o como recurso extremo para proteger al más débil.

En este caso que nos ocupa, el débil es el trabajador discapacitado, que habiendo cumplido sus tres primeros años de contrato, con muy buena valoración profesional además, se ve en la calle de nuevo con mayor frustración que al inicio, por la práctica leonina de una entidad pública como Correos.

Se ha requerido a los sindicatos CC OO e independientes para que actúen en defensa de la legalidad vigente y por los derechos de los trabajadores discapacitados despedidos y la actitud ha sido pasiva, contemplativa y miedosa.

La asesoría jurídica de CC OO aconsejaba la vía de denuncia ante la Inspección de Trabajo e incluso ante la Magistratura,  al considerar estas practicas ilegales. SIn embargo, se alega que al denunciar a la empresa (Correos), se cierran las puertas para trabajar a los discapacitados cesantes y a los actuales. Osea la política del miedo como consecuencia de la deriva de la Ley Laboral legislada por el actual Gobierno.

A ello se une el proceso electoral actual para las elecciones sindicales, donde todos se posicionan para no provocar distorsiones en la empresa. Esta aduce que en todo caso se reduciría la actual bolsa de empleo. La política del enfrentamiento entre trabajadores, donde a los componentes de la bolsa se les indica que la contratación de discapacitados conlleva disminución de horas para estos.

En fin, los discapacitados, estamos en un limbo, a tenor de un doble proceso electoral, el sindical y el político. (En tierra de nadie).