Vaya lo primero: con los datos que conozco hoy no quiero creer que haya podido haber “pucherazo” electoral contra Unidos Podemos y ello por distintas razones, la primera y principal, que no hay una sola prueba concluyente que lleve a pensarlo, porque los incidentes puntuales e indicios circunstanciales conocidos no son suficientes para apuntar en esa dirección. Otra cosa es que sea posible hacerlo, que lo es. Un país donde responsables políticos de la cosa pública han robado el dinero para hospitales y máquinas de tratamiento de cáncer, lo que ha podido provocar la muerte de ciudadanos por falta de tratamiento adecuado, no debería confiar en ningún responsable político la gestión de un sistema electoral sin controles que garanticen la limpieza del proceso. Si técnicamente es posible hacerlo y no hay controles rigurosos que lo impidan, y no los hay, estamos jugando con la democracia a la ruleta rusa con todas las balas en el tambor.
Cabe suponer que Podemos ha tenido un escrupuloso control de las actas de sus interventores, que las ha sumado todas, y que la suma de las mismas le produce el mismo resultado en votos que el aceptado por la Junta Electoral difundido por las autoridades del Gobierno, y de ahí su conformidad con el resultado producido. Pero yo conozco dos hechos concretos que me hacen albergar dudas, no respecto al resultado electoral, puesto que ha sido aceptado por todos los actores que intervenían, sino sobre la seguridad y garantías con que en este país, con el nivel de corrupción existente, se celebran todas las elecciones políticas. Hasta donde yo sé existe una completa falta de control externo del sistema informático y su código fuente, confiado a la empresa que contrate el Gobierno, como si no lleváramos años conociendo los más inverosímiles casos de corrupción; el último, el registro de la vivienda de la señora García Valdecasas, responsable de la ONIF de Hacienda, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, porque su esposo tenía un chiringuito dedicado a defraudar a Hacienda.
En esta situación, visto el clima social y mediático creado contra Podemos con todo tipo de noticias y de creación de informes falsos, ¿sería extraño que alguien planteara, alegando las consabidas “razones de Estado”, actuar sobre el proceso electoral por el bien del sistema y su estabilidad? Razones de Estado se invocaron para crear el GAL, robar los fondos reservados o para otras prácticas corruptas, y si es posible manipular con impunidad por falta de control, siempre habrá alguien en las cloacas del Estado que estará dispuesto a hacerlo.
Siendo técnicamente posible y en el ambiente de ponzoña por corrupción incrustado en todas las instituciones de este país, yo no dejaría al albur o la confianza de los gestores de ningún partido político la responsabilidad exclusiva del sistema informático electoral, y con ello el resultado de la voluntad de la ciudadanía.
En el año 1990 estuve presente en una conversación en la que un alto cargo de la Dirección General de la Policía contaba a otras personas que para las elecciones europeas de 1989 le habían pedido que se implicara en una actuación ilegal para reducir el número de votos que obtuviera Herri Batasuna. No precisó la forma material de llevarla a cabo –al menos no mientras yo estuve presente- pero sí dijo que su oposición a hacer nada ilegal lo apartó del asunto y que no supo si se llevó o no a cabo esa actuación. Ese alto cargo de la Dirección General de la Policía señaló a un cargo político de más rango cuyo nombre no viene al caso aquí y ahora. Ese comentario me hizo pensar mucho en cómo se podrían restar votos a una fuerza política si el resultado se conocía esa misma noche tras recuento manual de las papeletas, y como no encontré ninguna forma de hacerlo me olvide del asunto.
En las primeras elecciones al parlamento europeo celebradas en España, en 1987, Herri Batasuna obtuvo 360.952 votos. En las siguientes, 1989 (para hacerlas coincidir con todas las europeas, que se celebran cada cinco años), Herri Batasuna con Txema Montero de nuevo como candidato obtuvo 269.094 votos, repitiendo como eurodiputado con 91.000 votos menos en dos años. En las siguientes, en 1994, siendo cabeza de Lista Karmelo Landa, Herri Batasuna obtuvo 180.324 votos, lo que supone 180.000 votos menos, una pérdida del 50% de votos respecto de 1987. En las de 1999, dentro de la coalición Euskal Herritarrok, HB y dos pequeñas organizaciones satélites obtuvieron 306.923 votos, 126.000 votos más que cinco años antes. Herri Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok fueron declaradas ilegales como brazo político de ETA por el Tribunal Supremo español el 27 de marzo de 2003, sentencia ratificada por unanimidad el 30-6-2009 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el año 2004 HB intentó comparecer con Herritarren Zerrenda pero fue prohibida su participación, y en 2009 ni intentaron presentar candidatura. Seguro que los analistas y expertos en elecciones en el País Vasco y en el mundo abertzale si analizan esa evolución del voto encuentran alguna explicación lógica. Yo no la encontré.
Un hecho más que me hace desconfiar de la seguridad del proceso electoral ocurrió en el año 2007, durante las elecciones al Consejo de Policía y la primera vez que se llevaban a cabo por voto electrónico. Hubo tal cúmulo de despropósitos que es la única vez que el SUP no ha comparecido en la Junta Electoral para validar el resultado de las urnas, pero comparecieron otros sindicatos y la Junta tuvo quorum suficiente para dar por válidos los resultados, a pesar del informe pericial que evidenciaba que el sistema informático aplicado permitía la manipulación.
En esas elecciones hubo, por ejemplo, muchas denuncias de votantes que eran rechazados cuando iban a votar porque según el sistema ya lo habían hecho, desconociéndose por tanto donde había enviado el programa su voto, que no había sido emitido pero sí se había computado. Esta y otras varias irregularidades nos llevaron a cuestionar si había o no manipulación del sistema informático electoral. El análisis técnico costó el cese a un comisario de la División de Gestión Económica y Técnica, dado que el informe entregado a la Junta Electoral concluyó que el sistema no estaba inmune a posibles actuaciones que alteraran el resultado. Se rechazó la petición de investigar el código fuente y además, al no estar precintado el acceso al sistema era inútil porque ya se podían haber cambiado las claves que permitían la manipulación. Siempre lo consideramos, y lo dijimos por escrito, un pucherazo electoral manipulando el programa informático que se aplicó en las elecciones.
¿Esas medidas de seguridad están garantizadas en el sistema informático que se aplica en los distintos procesos electorales en España? ¿Existen esos precintos y controles? Si no existen, cuanto antes se creen mejor para la democracia.
Un ingeniero informático programador que sabía algo de eso nos explicó después que un sistema como ese, en su código fuente, es una sucesión de algoritmos de millones y millones de líneas de combinación de letras y números, que llevaría meses escrutarlo si se pudiera tener acceso a ello, pero que técnicamente era posible que se incluyeran claves con las que a un sindicato, o a varios, (o a un partido político), cada X número de votos emitidos le sumara más votos de los recibidos, y a otro/s, lo mismo pero al revés, cada X número de votos le computaran menos. Nos explicó este perito que el código fuente debe ser examinado y después se bloquea de tal forma que no es posible la manipulación del mismo sin vulnerar determinados precintos informáticos, que deben ser sellados por el personal adecuado y que no pueden ser abiertos por nadie para entrar en el código fuente sin dejar rastro.
¿Esas medidas de seguridad están garantizadas en el sistema informático que se aplica en los distintos procesos electorales en España? ¿Existen esos precintos y controles? Si no existen, cuanto antes se creen mejor para la democracia. En el caso del voto electrónico referido antes se introducían votos por escalas y en el caso de elecciones el programa de recuento maneja datos de partidos políticos, votos emitidos, blancos, nulos, mesas, % de participación, % de votos a partidos, etc. En definitiva, un sistema informático con millones de algoritmos que se supone está auditado y blindado por ingenieros de cada partido que garanticen que no ha podido ser manipulado.
Siendo técnicamente posible y en el ambiente de ponzoña por corrupción incrustado en todas las instituciones de este país, yo no dejaría al albur o la confianza de los gestores de ningún partido político la responsabilidad exclusiva del sistema informático electoral, y con ello el resultado de la voluntad de la ciudadanía. Debe haber suficientes controles externos, independientes y de personal que actúe en nombre de cada partido, que tenga acceso al código fuente del sistema previamente, y analizado el mismo, garantice que el resultado que emite la informática se corresponde con la voluntad real expresada en las urnas.