Cuando una sociedad de un país llega al nivel de inmoralidad en que habitamos en España, con un aire irrespirable por el olor a zahúrda, cosas que serían fundamentales en una democracia sólida dejan de tener interés. Entre Púnicas, Lezos, lingotes de oro, 3% y otras corrupciones normalizadas ya en el paisaje habitual y digeridas por la ciudadanía, siguen pasando cosas como que el fiscal jefe anticorrupción sea el mismo que no hizo ni una sola diligencia en tres denuncias en su etapa anterior como fiscal jefe de Madrid contra la administración popular; que pactó con detenido por robar fondos de formación para que no inculpara a los responsables políticos del PP; que tiene una sociedad de bienes en Panamá; que pretendió que no se considerara grupo organizado a los detenidos en Lezo y levantar las intervenciones telefónicas antes de tiempo, y que aun así, el fiscal general del Estado diga que no pudo convencerlo de que continuara en el cargo.
Pasa que hay otro fiscal anticorrupción acusado dos veces de pederastia sin que se conozca ni una sola diligencia judicial al respecto. Pasa que se denuncia al jefe del CNI por poner en riesgo la vida de infiltrados en la lucha contra terrorismo yihadista para atacar al comisario que lo ha denunciado por amenazas y por “perder” varios millones de dólares en un secuestro de ciudadanos españoles, entre otros varios asuntos ilegales.
Pasa que el director general de la Policía que amenazó a policías y cesó a comisarios generales para que no se investigara el ático de Ignacio González (grupo organizado para delinquir) ocupa un cargo de senador.
Pasa que se niega el indulto a policías que han actuado cumpliendo órdenes en la lucha contra el terrorismo y que han hecho trabajos con el Gobierno que les niega el indulto como vender explosivos a ETA, arriesgando su vida para encontrar el almacén de los terroristas, que han sido perseguidos por el Gobierno del PP hasta su condena sólo por dañar la imagen del anterior gobierno del PSOE.
Pasa que el director general de la Policía que amenazó a policías y cesó a comisarios generales para que no se investigara el ático de Ignacio González (grupo organizado para delinquir) ocupa un cargo de senador, mientras algún mando afín sigue aplicando el régimen disciplinario contra quienes se negaron a retirar la denuncia, con el silencio cómplice del actual ministro de Interior.
Pasa que nadie ha denunciado ni se ha investigado la intervención telefónica al ministro de Interior en su despacho y éste sigue de diputado. Pasa que no se ha hecho una mínima investigación para saber quién es el autor del informe PISA (Pablo Iglesias S.A.), monumento al uso político de la Policía desde el poder para atacar a un enemigo político.
Pasa que se sabe pero nadie ha denunciado la desaparición de infinidad de documentos y pruebas sonoras de un archivo de la DAO que custodiaba un comisario que fue cesado de Asuntos Internos. Pasa que cuando pasan tantas cosas graves como si fuera normal, hablar de otros derechos, de derechos civiles de la ciudadanía que permanece impasible ante estos tsunamis de corrupción no deja de ser de un idealismo ingenuo.
Una dictadura de una democracia se diferencian, entre otras muchas cosas, básicamente por los derechos de la ciudadanía, y los abusos policiales sobre la ciudadanía
Hace pocos días comentaba en una red social el abuso en las identificaciones policiales a la ciudadanía, que es un absoluto despropósito, y que se tiene asumido como si fuera normal que nos molesten y que si preguntas o no eres suficientemente servicial a juicio del policía en cuestión, que te puedan multar. Una dictadura de una democracia se diferencian, entre otras muchas cosas, básicamente por los derechos de la ciudadanía, y los abusos policiales sobre la ciudadanía con vulneración de sus derechos civiles no están legitimados porque se produzcan en un régimen democrático. Es más, es un síntoma de grave enfermedad y de ausencia de democracia del sistema democrático del país donde se produzcan.
Aunque llevo muchos años denunciando este abuso en las identificaciones, viendo como mienten distintos responsables de Interior (Cosidó, en su última comparecencia cifró en 25.000 el número de identificaciones, considerando tales solo aquellas en que por no llevar documentación o por otra circunstancia el ciudadano es trasladado a comisaría), negando el dato de los millones de controles anuales que se producen con identificaciones de la ciudadanía solo en la Policía Nacional, que si se suman los de la Guardia Civil, Policías Autonómicas y policías locales seguramente nos expulsarían de la UE por la brutal presión policial que se ejerce sobre los civiles.
Qué anida en la mente de esos dos servidores públicos para proceder como robots se escapa al entendimiento de una persona normal.
Me sorprendió que algunos compañeros de distintas plantillas escribieran algunas experiencias avalando lo que yo decía, como por ejemplo, la de un señor con cáncer que usa marihuana para calmar el dolor y la ansiedad, y que así lo expuso a los policías y les ofreció ir a su casa a que comprobaran la veracidad de lo que dice. Los policías le incautaron el hachís y le propusieron la sanción de 600€ que serán 300 por pronto pago. Qué anida en la mente de esos dos servidores públicos para proceder como robots se escapa al entendimiento de una persona normal, y si alguien que lleva placa y pistola actúa como un desalmado y con ausencia absoluta de empatía con un enfermo es que algo se está haciendo mal en este país respecto de la formación de sus policías. Y sin entrar en la capacidad legal de identificar y cachear a cualquier ciudadano sin ninguna razón para hacerlo, que no existe. ¿A cuántos han cacheado antes y después que a este hasta conseguir el “cupo” que le exigen los jefes, tan impresentables como ellos?
En España se ha asumido como normal que un policía, sin ninguna justificación, porque le da la gana o porque ha recibido una orden ilegal de un superior de hacer identificaciones, pueda interceptar en la vía pública, identificando, cacheando y registrando su coche, a cualquier ciudadano/a, y si lleva una dosis de hachís para fumar en su casa (lo que está permitido) le es incautada y una multa de 600€. Mientras hay unidades policiales creadas ex profeso solo para esto (y para que haya más puestos de trabajo catalogado -con más salario- para los mandos), miles de llamadas al 091 se quedan sin atender cada mes en toda España ¿Esto es o no corrupción? ¿Esto es o no vulneración de derechos civiles y a la protección y seguridad de la ciudadanía?
El que fue mi sindicato durante 34 años y que dirigí durante más de 20, el SUP, la ha apoyado, en un giro inexplicable que ha derrumbado toda su trayectoria democrática, sumando a ello la retirada en la personación del caso ático de Ignacio González, una huida cobarde por los cerros de Úbeda ante un caso de corrupción de un sindicato de policías
En países de nuestro entorno en Europa esto no se produce. En Alemania, tras el último atentado, la Policía uso una norma legal que le permite, en circunstancias excepcionales y justificadas, poder identificar a la ciudadanía en las zonas que se consideren oportunas. Así lo establecieron en un barrio por un periodo de una semana que ampliaron después otros siete días. Y así es en todos los países democráticos menos aquí, donde la ley “Corcuera” de 1992 abrió la veda y desde entonces el atentado a los derechos civiles de la ciudadanía, con distintos dientes de sierra en función de los mandos y responsables políticos, no ha dejado de crecer.
La “Ley Mordaza” ha dado un instrumento a los policías que deja indefenso a la ciudadanía (y el que fue mi sindicato durante 34 años y que dirigí durante más de 20, el SUP, la ha apoyado, en un giro inexplicable que ha derrumbado toda su trayectoria democrática, sumando a ello la retirada en la personación del caso ático de Ignacio González, una huida cobarde por los cerros de Úbeda ante un caso de corrupción de un sindicato de policías).
Otro compañero destinado en ODAC comentó que se ha encontrado con Actas de denuncia e incautación de aperos de labranza, requisados a trabajadores del campo, como una hoz y otros utensilios, desconociendo él si desde la delegación del Gobierno se tramitan dichas denuncias. ¿Qué nivel de formación tiene un policía que no es capaz de discernir que esa es una herramienta laboral? ¿Qué ha visto en esa persona para identificarla? Una persona cuando va o vuelve del trabajo no puede ser requerido por un policía sin una razón de peso, y menos que le quite su herramienta de trabajo y le proponga una sanción. ¿En qué país estamos? ¿Quién ha formado a esta Policía? Esa obsesión por identificar y cachear masivamente es ilegal pero forma parte ya del acervo cultural del funcionamiento de la Policía, como del de la Guardia Civil el imponer multas, exigiéndoles un determinado cupo a sus miembros so pena de percibir menos gratificación de productividad. Para todas las policías del Estado, estatales, autonómicas y locales la ciudadanía es más que personas detentadoras de derechos que deben ser protegidos a cualquier precio, entes amorfos sobre los que intervenir invadiendo sus derechos para justificar sus estadísticas.
Y no digamos ya si el hijo de un mando tiene problemas disciplinarios. Si su padre tiene mano, puede ocurrir que pegue a prostitutas, a policías, que orine borracho desde el brocal de una fuente, en varios hechos acaecidos en distintos días, o que destroce un bar…
Hay corrupción en la Policía no solo en su relación con la ciudadanía sino en su funcionamiento interno. Los tribunales de ascenso son fácilmente manipulables y muchas veces se conoce el “padrino” de quien asciende (vale para todos los ascensos, desde el primero de Oficial hasta el de comisario principal, e incluso en el ingreso, hasta en las pruebas físicas se pacta con el instructor corrupto para llevar una cinta en el pelo de tal color o tal camiseta y poder superarlas); y lo de las cruces pensionadas o medallas rojas, reguladas para quien pone en riesgo su vida y que se reparten mayoritariamente entre los mandos que trabajan en despachos mientras policías con heridas graves se quedan sin ellas, es una práctica corrupta que cuenta con el respaldo judicial (también los jueces reciben a veces estas condecoraciones).
Cuestión aparte es el ingreso en la escala ejecutiva, donde sin duda, dado el número de ellos que aprueban, la ciencia tiene un trabajo que hacer para descubrir el gen que transmiten los mandos de la Policía para que sus hijos aprueben el ingreso ya como inspectores, y los pocos que ingresan por la básica, o aprueban después directamente o ascienden superando a la primera todos los exámenes entre distintas escalas y categorías. Los tribunales de ingreso lo forman mandos policiales. Y no digamos ya si el hijo de un mando tiene problemas disciplinarios. Si su padre tiene mano, puede ocurrir que pegue a prostitutas, a policías, que orine borracho desde el brocal de una fuente, en varios hechos acaecidos en distintos días, o que destroce un bar, robe un teléfono y golpee a ciudadanos, que ya está su padre para impedir que nada trascienda, y si además el mando amigo del papá que lo saca del calabozo puede ser promocionado a su tierra en un puesto de trabajo de élite, mejor que mejor. Y el mal policía infractor puede ascender mientras otros reciben sanciones brutales por no aceptar prácticas corruptas del papá del niñato que nunca debió vestir uniforme.
Adolecemos de mecanismos de investigación independientes, como hay en otras policías europeas. Hay que cambiar el perfil con el que se eligen a los policías y hay que cambiar radicalmente la enseñanza, para que se entienda que el principio de Autoridad debe aplicarse cuando hay resistencia o agresividad de un ciudadano con la Policía o con otro ciudadano, pero no con cualquier ciudadano en el trabajo policial cotidiano, porque, y es aplicable a todos los cuerpos salvo excepciones, la ética profesional deja mucho que desear y el abuso en las sanciones a raíz de la Ley Mordaza así lo acredita.
Un policía no puede comportarse así porque o es un ignorante o es un pésimo profesional o ambas cosas a la vez. Este modelo de policías es el que quiere el PP y el que implantó José Luis Corcuera, ministro de Felipe González y del PSOE, que gastaba el dinero de fondos reservados para confidentes contra ETA en regalar joyas a las mujeres de los mandos policiales. No solo hay que acabar con la corrupción política y en las instituciones, también hay mucho trabajo que hacer en todos los Cuerpos policiales.
*José Manuel Sánchez Fornet es Policia. Ex Secretario General del SUP. Portavoz del Observatorio contra la Corrupción.