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Cristina Cifuentes

Conocí a Cristina Cifuentes cuando fue nombrada delegada del Gobierno en Madrid, en enero de 2012.

Cuando escribo esto, en la mañana del 6 de abril, Cristina Cifuentes sigue siendo presidenta de la Comunidad de Madrid. En cualquier país de nuestro entorno llevaría 15 días dimitida. Ayer, la presunta presidenta del tribunal que la examinó y aprobó dijo que su firma había sido falsificada, y el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público, dice que el Acta que mostró Cifuentes era una “reconstrucción” por la exigencia del rector de la universidad de que aportará documentación acreditativa de la realización del máster de Cifuentes. Dice que la hizo una de sus discípulas, que puede verse implicada como víctimas colateral en un delito de falsificación documental.

La ética de comportamiento de Rinconete y Cortadillo sigue rigiendo hoy la práctica habitual política y social.

El Instituto de Derecho Público es un ente autónomo en el seno de la Universidad pública Rey Juan Carlos, con financiación pública y privada, que aparenta ser uno de los cientos de miles de chiringuitos creados en este país, en este caso en el ámbito universitario, con el fin de tener autonomía para hacer y deshacer con respecto a la Universidad y manejar fondos propios sin control. Estamos ante un acto de corrupción que al ser descubierto ha provocado una cascada de mentiras que hacen que Cristina Cifuentes esté ya políticamente amortizada. Nada extraño en este país trufado de corrupción en todas sus instituciones, donde hay organismos a miles como este Instituto creados en todas las comunidades autónomas y por el Gobierno central, que conforman un enjambre en todas las instituciones y colectivos, la mayoría recibiendo subvenciones o contratos públicos, para vivir holgadamente con sus trapicheos y mamandurrias. Estas prácticas corruptas afectan a todas las instancias del Estado, donde la falta de transparencia, de control y el nepotismo son habitualmente usados para colocar a amigos y parientes. Desde Moncloa, pasando por el Congreso de los Diputados, el Tribunal de Cuentas en universidades públicas o privadas o en cualquier organismo, la ética de comportamiento de Rinconete y Cortadillo sigue rigiendo hoy la práctica habitual política y social. No hay mejor máster para colocarse que conocer a alguien del organismo en cuestión para que, moviendo los hilos adecuados con apariencia de legalidad pero vulnerando principios constitucionales, te “enchufe” en detrimento de personas más cualificadas que deberían poder acceder a esos puestos.

Pregunten en Andalucía el sistema de ingreso de decenas de miles de personas en organismos autónomos y entes creados por la Junta, a los que ahora se pretende convertir en funcionarios sin haber aprobado ninguna oposición sino “enchufados” por algún familiar o amigo del partido.

Hay material para escribir una enciclopedia sobre actuaciones sin control que derivan en nepotismo o privilegios para unos ciudadanos en detrimento de otros; a modo de ejemplos, dirijan Vds. la vista al Tribunal de Cuentas y pregunten porqué la mayoría de funcionarios de dicho organismo, con salarios de entre 2.000 y 3.000 euros mensuales son hijos, hermanos, parejas, sobrinos… de los miembros del Tribunal; pregunten en Andalucía el sistema de ingreso de decenas de miles de personas en organismos autónomos y entes creados por la Junta, a los que ahora se pretende convertir en funcionarios sin haber aprobado ninguna oposición sino “enchufados” por algún familiar o amigo del partido que gobierna; o pregunten porqué los hijos de mandos policiales parecen nacer con un gen específico que les facilita su ingreso en la Policía por la escala ejecutiva, cuyo tribunal forman mandos del Cuerpo. Este es el panorama del país en todas y cada una de las instituciones, y ese clima de impunidad de ver como normal prácticas corruptas es el cáncer que corroe la actividad política y social de nuestro país.

Conocí a Cristina Cifuentes cuando fue nombrada delegada del Gobierno en Madrid, en enero de 2012. La relación con ella fue muy constante y era una delegada resolutiva, a mi criterio, la mejor que ha existido en Madrid desde 1980. Se implicaba en los problemas que se planteaban y en algún caso atendía asuntos que afectaban negativamente a policías de forma injusta ayudando a resolver los problemas. Le planteamos el asunto de las identificaciones ilegales por indiscriminadas y masivas y su doble perjuicio, contra los derechos civiles de la ciudadanía y por su ineficacia en la prevención de delitos. Tomó buena nota y durante los siguientes tres meses los coches de seguridad ciudadana identificaban menos y patrullaban más, resultando que en ese periodo temporal la criminalidad se redujo. Si los coches policiales están mucho tiempo parados en una zona identificando a las personas que pasan por allí su incidencia sobre la prevención se produce solo en ese punto, mientras si está patrullando su radio de prevención es mucho mayor. Después los mandos volvieron a su sistema de “palotes”, identificaciones masivas, cacheos de jóvenes, incautación de una dosis de droga para consumo propio y multa, como si así se combatiera la criminalidad, sabiendo ellos que es falso pero se protegen con las estadísticas de las demandas de Interior, que desde Corcuera siempre han sido una justificación estadística de eficacia que es falsa. Un joven que lleva un trozo de hachís en su bolsillo para consumir en casa no está cometiendo un delito y no deberían vulnerarse sus derechos civiles para imponer una sanción administrativa. Esto se estableció con la ley “Corcuera” de 1992 (PSOE) y se ha consolidado con la ley “Mordaza” de 2015 (PP).

En el año 2013, cuando las relaciones con Interior no eran las mejores (denuncia del ático del vicepresidente Ignacio González y relaciones rotas con el director general de la Policía, Ignacio Cosidó) acudió al congreso regional y al nacional en el que me despedí de la secretaría general (junio 2013) y me consta que recibió presiones para que no fuera.

En el caso de las niñas muertas en el Madrid-Arena planeó la duda de si algún coche policial del distrito pudo haber hecho algo para impedir el concierto, asunto que planteó un mando policial remitiendo escrito al juzgado, y que podía conducir a implicar a quienes nada tenían que ver y a la vez contribuir a diluir la responsabilidad del responsable del evento, siendo ella quien nos trasladó al sindicato la situación para que se prestara la defensa jurídica precisa a los policías.

En el año 2013, cuando las relaciones con Interior no eran las mejores (denuncia del ático del vicepresidente Ignacio González y relaciones rotas con el director general de la Policía, Ignacio Cosidó) acudió al congreso regional y al nacional en el que me despedí de la secretaría general (junio 2013) y me consta que recibió presiones para que no fuera. También acudió, con su jefa de Gabinete Marisa González (que había sido secretaria de Ruiz-Gallardón muchos años) al ágora del Diablo Cojuelo, que organiza en Madrid el periodista Nino Olmeda, con unos asistentes permanentes (pocos) y una personalidad que nos visitaba cada mes, donde se hablaba con garantía de off the record, reserva total y prohibición de difundir nada de lo que allí se comenta. Si tenía aspiraciones políticas más altas allí no lo contó, pero sí hubo revelaciones que podrían abrir en titular cualquier medio de comunicación.

Era difícil que alguien que ha estado más de 20 años en cargos instituciones y del PP en Madrid se mantuviera incólume tras el tsunami de corrupción que después hemos sabido que se producía, con Gurtel, Lezo, Púnica y otros casos, pero yo confiaba que fuera así.

 

La última vez que hablé con ella fue telemáticamente, con motivo de la grave vulneración de derechos que se había producido durante la proclamación de Felipe VI como Rey, cuando muchos policías visitaron cientos de viviendas por donde transcurría la comitiva real pidiendo a los inquilinos que retiraran las banderas republicanas que colgaban de los mismos. Un país donde un ciudadano no puede exhibir en su balcón una bandera que no está ilegalizada, sea la del anterior régimen, la republicana o la estelada no es una democracia. Me atendió, como siempre, aclarándome que el dispositivo estaba organizado por la Secretaría de Estado de Seguridad y no por la Delegación del Gobierno. Se actuó desde la Policía para que un ciudadano no expresara pacíficamente sus ideas políticas republicanas, lo que no es posible en una democracia que se asienta sobre ese principio de libertad política.

Era difícil que alguien que ha estado más de 20 años en cargos instituciones y del PP en Madrid se mantuviera incólume tras el tsunami de corrupción que después hemos sabido que se producía, con Gurtel, Lezo, Púnica y otros casos, pero yo confiaba que fuera así. España cada día se parece más a una democracia fallida por la falta de controles y de ética de sus dirigentes. Coincide hoy que Pilar Urbano anuncia la presentación de su libro  “La gran desmemoria”, referido al 23F, en el que señala que el “elefante blanco” era Juan Carlos I y que el PSOE y el PP estaban de acuerdo en formar parte de un gobierno que presidiera el general Armada.

España tiene algunas cuentas pendientes con su pasado y con su historia que son el origen de nuestra actual zahúrda nacional, que mientras antes resolvamos mejor para las siguientes generaciones.