Aunque ahora el debate sea sí aplicar o no el 155, y de hacerse, qué consecuencias pueda acarrear, es un asunto que desde mi punto de vista está meridianamente claro: si Puigdemont convoca elecciones en base al Estatuto de autonomía y leyes que lo desarrollan no habrá razones jurídicas para aplicar el artículo 155 de la Constitución, por cuanto ello supondrá que ha desistido de aplicar la ley de transitoriedad, que es ilegal y dejaba sin efecto la Constitución, el Estatuto y todas las leyes, y si las convoca con base a esa norma ilegal de transitoriedad, el 155 debe ser de obligada aplicación. Lo mismo que si en vez de una convocatoria electoral se produce una declaración formal de independencia, porque en la práctica política ya está formulada desde hace semanas.
En la situación actual y pasando de lo etéreo del debate político a lo concreto, a mí me preocupa más la situación, por el trato de desprecio desde el Gobierno, que están recibiendo los miembros de la Policía y la Guardia Civil que prestan servicio en Cataluña, tanto los allí desplazados como los que tienen su destino en cualquier plantilla.
El empleado que le sirve la comida (al policía destacado) dice que solo está autorizado a dispensar una ración por persona y que se busque la vida.
España siempre fue una mala madrastra para sus hijos en general, con independencia de su profesión. Por mi abuelo, que estuvo en la guerra de África durante Annual y combatió en el monte Gurugú, conozco el trato que recibían los soldados de algunos oficiales y como mientras unos (soldados) se desmayaban de sed por racionamiento, otros (oficiales) acumulaban agua potable para ducharse. Conozco el mismo trato después en la guerra civil, donde un tío mío pasó tres años en trincheras, y conozco mi propia experiencia militar de 20 meses entre 1977 y 1979, y el trato que algún oficial (que había estado destinado en África hasta la salida huyendo del lugar en 1975) daba a los subordinados, que debía ser muy parecido al que recibían los esclavos en su tiempo.
Que el Gobierno y los mandos policiales actúen con la irresponsabilidad y ausencia de planificación con la que lo hacen dispensando a los policías el mismo trato que a los soldados de reemplazo del siglo pasado en conflictos armados.
Seguí comprobando esa mala formación profesional militar según la cual el subordinado no tiene derechos y es tratado como escoria al ingresar en la Policía, en 1980, y aunque los mandos militares pudieron irse al ejército a partir de 1986, siempre, en cuerpos jerarquizados, quedan elementos acomplejados, miserables, malas personas, que abusan de su cargo, suelen ser dóciles y pelotas con los superiores en busca del favor, el compadreo, la medalla y el cargo, y déspotas con los subordinados.
Sigo leyendo hoy esporádicas denuncias de soldados profesionales sobre el maltrato que reciben, como son aparcados al cumplir 45 años con una miserable paga, y como el trato digno y respetuoso que merece cualquier persona en cualquier profesión, y la logística, medios, comida, derechos etc., en el ejército español deja bastante que desear para equipararse a otros profesionales militares de nuestro entorno. Ocurre lo mismo con la Policía y la Guardia Civil si lo comparamos con policías civiles o militares de países democráticos. España es en ese sentido una anomalía por su tradición y no parece que esto pueda cambiar.
Lo que ya no es tan normal es que en una situación como la de Cataluña, con un gobierno rebelde atacando la libertad, los derechos, la legalidad y poniendo en riesgo la unidad territorial de la nación, el Gobierno y los mandos policiales actúen con la irresponsabilidad y ausencia de planificación con la que lo hacen dispensando a los policías el mismo trato que a los soldados de reemplazo del siglo pasado en conflictos armados. No es ni el mismo tiempo ni el mismo escenario, pero el Gobierno no se ha enterado.
Sin perjuicio de las máximas responsabilidades que corresponden al presidente del Gobierno, y que en razón de la crisis de Estado que atravesamos no es el momento de exigir (por su actuación en este problema desde que recurrió el Estatuto y recogió firmas contra él, hasta el juicio que se está celebrando donde parece probado que el PP siempre hizo trampas con su caja “B”), procede exigir cuentas a la vicepresidenta del Gobierno, encargada del “caso Cataluña” y responsable política del funcionamiento del CNI. Con lo que ha ocurrido hasta el momento la vicepresidenta y el director del CNI deberían haber sido cesados hace semanas por manifiesta incompetencia. Pero en este país los errores solo los pagan los últimos de la cadena de responsabilidad en cualquier materia que se aborde y nunca los responsables si tienen galones o cargos políticos.
Asegúrese, sr. Ministro de Interior, que un policía que lleva más de 30 días en Cataluña no se tiene que acostar con hambre porque le han negado una segunda ración de comida. Cese al responsable, sea quien sea, el DAO o subdirector de Recursos Humanos, dé un golpe en la mesa y haga algo más que usar a las fuerzas de seguridad para hacer política partidaria.
Siguiendo la cadena de responsabilidades, correspondería también que diera cuenta de su ineficacia y desastre organizativo el ministro del Interior, y si le ha fallado su equipo, que cesara al secretario de Estado de Seguridad, a los directores generales de la Policía y la Guardia Civil, a los DAOs que son responsables del operativo, y a los subdirectores de Recursos Humanos de ambos cuerpos por mantener a miles de funcionarios en las condiciones en que están en Cataluña, como pordioseros, en lugares infectos, sin agua caliente, ni espacio, con suciedad y escasa comida, hasta el punto que si un policía pide una segunda pechuga de pollo en la comida porque el animal es pequeño y puede ser suficiente para saciar a un crio de 14 años pero no a un profesional de 1,90, 90 kilos de peso y deportista, el empleado que le sirve la comida dice que solo está autorizado a dispensar una ración por persona y que se busque la vida. Esto, ministro, está pasando hoy en Barcelona mientras Vd. mezcla proposiciones no de ley de apoyo a policías y guardias civiles en Cataluña con compromisos de equiparación salarial, que Vd. sabe como yo, no sirven para nada. Los policías están muy cansados de tanta utilización política torticera como en ese caso hace su partido, o como hacen otros grupos que alientan los escraches violentos contra nosotros y luego van a defender otras cosas al parlamento. Demagogia a toneladas en todas partes.
Asegúrese, sr. Ministro de Interior, que un policía que lleva más de 30 días en Cataluña no se tiene que acostar con hambre porque le han negado una segunda ración de comida. Cese al responsable, sea quien sea, el DAO o subdirector de Recursos Humanos, dé un golpe en la mesa y haga algo más que usar a las fuerzas de seguridad para hacer política partidaria. Esto que están Vds. haciendo es políticamente cobarde y moralmente miserable.
En política no hay más manifestación de voluntad de querer hacer algo que dotarlo presupuestariamente. En la historia de la democracia ha habido dos momentos de mejora salarial para los policías, en 1986, aprovechando la nueva ley orgánica con una importante mejora salarial, y en un acuerdo cumplido entre 2005 y 2008 de mejora salarial sobre el IPC (la subida de Martín Villa de 1976 también fue importante pero la inflación se la “comió” en un año). En 2009, como segunda parte de ese proceso de equiparación salarial, David Taguas (jefe oficina económica Moncloa) tenía confeccionadas unas tablas y baremos para la equiparación con el salario medio de las policías locales de la provincia, el de la sociedad, el PIB y el IPC provincial, entre otros, que señalaban dónde había que incrementar el salario y donde no, partiendo de que no es lo mismo vivir en Barcelona o Madrid que en Alcalá o Morón. Especial atención e incredulidad supuso para este hombre (ya fallecido por desgracia) saber que policías que eran adscritos a comunidades autónomas como Valencia o Andalucía, por pegarse el escudo de la autonomía y realizar gestiones de menor riesgo personal, cobraban unos 300€/más al mes, que abonaban las respectivas comunidades, que sus compañeros con la misma formación, en tareas más peligrosas y con más movilidad geográfica, y además al menos en la de Andalucía, con mayores dietas por desplazamiento que la que perciben los policías del Estado.
La crisis económica mundial impidió ese primer y único intento serio de racionalizar y equiparar los salarios de las fuerzas de seguridad, pero ese es el único camino que un político serio y responsable debería transitar, y no el del uso político de las fuerzas de seguridad mientras trata a sus profesionales como algunos oficiales a los soldados en la guerra de África, racionándoles el agua mientras combatían en el desierto para poder ducharse ellos con el líquido robado a la tropa. No sé si aquellos políticos eran conscientes de esa realidad pero hoy, gracias a las nuevas tecnologías, Vd. ya sabe que hay policías en Cataluña que se acuestan con hambre por su irresponsabilidad.