Cuestión de principios: democracia Vs legalidad
Que nadie se engañe: no hay incompatibilidad entre el principio democrático y el de legalidad.
No le demos más vueltas: Puigdemont no está interesado en la normalización de Cataluña; ni institucionalmente, ni económicamente ni socialmente. Se “cramponea” a su pasada condición de “president”, para seguir manipulando los hilos de los títeres del retablo catalán y evitar su inevitable salida de escena, si se retornase a la Constitución y al Estatuto. Su estrategia es simple: ganar tiempo para desgastar al Estado e internacionalizar el conflicto. De ahí la pertinacia de su principal marioneta, el actual presidente del parlamento autonómico, señor Torrent, en nominar “candidatos interruptus” para la presidencia del gobierno de la Generalidad. Es decir, candidatos a los que resulte muy largo o difícil investirles.
El recurso presentado por el presidiario Sánchez contra la decisión denegatoria del magistrado podría prosperar, lo que no asegura que fuera investido porque la CUP no está por esa labor.
El primer “candidato interruptus” fue el propio Puigdemont, prófugo de la justicia en Waterloo (Bélgica). Después lo es Jordi Sánchez, en prisión preventiva en Soto del Real, al que, comprensiblemente, el juez Llarena del Supremo no le autorizó a salir de prisión para asistir a un potencial debate de investidura. Su caso puede tener mucho recorrido, tanto en ganancia de tiempo ―casi ilimitada si no se logra poner en marcha el reloj de los dos meses de plazo para la investidura―, como en desgaste para el Estado. El recurso presentado por el presidiario Sánchez contra la decisión denegatoria del magistrado podría prosperar, lo que no asegura que fuera investido porque la CUP no está por esa labor. Si no prosperase, podría producirse un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo y, con ello, más ganancia (pérdida) de tiempo, otro paso hacia la internacionalización y desgaste “sine die” para el Estado.
Si la candidatura del presidiario Sánchez se cayera, es muy probable que Puigdemont muñera un tercer candidato ―dicen que Turull―, ex presidiario y, de momento, en libertad bajo fianza. Éste podría lograr ser investido pero, previsiblemente, ejercería el cargo por corto tiempo. El que necesite Llarena para finalizar la instrucción y procesar a Turull previsiblemente por rebelión, sedición y malversación, momento en el que quedaría inhabilitado. Con ello, nuevo follón, la Generalidad descabezada y nuevo desgaste para el Estado. Y Puigdemont moviendo hilillos… En resumen, seguimos en ese “no nos pararán tribunales ni constituciones» que voceaba el también “ex Molt” Mas a finales de 2012. Recuerda lo del bandolero cordobés del XIX quien, tras ser detenido por los migueletes, afirmaba que “no había sido arrestado por la justicia sino por el legalismo”. ¿Puede darse mayor negación del principio de legalidad?
La contraposición entre el principio democrático y el de legalidad es un falso dilema. Es una trampa para incautos porque no hay democracia real sin leyes. La pretendida legalidad catalana, con la que se les llena la boca a los independentistas, no es sostenible más que si se ajusta a la Constitución y las leyes de España, país del que Cataluña forma parte. Por más que se empeñen, el llamado “voto democrático” del 1-O no fue sino una farsa de referéndum. Y no solo porque se intentó votar cuando estaba expresamente prohibido por la justicia, sino también por realizarse sin garantía democrática alguna, tanto en su organización como en su control y recuento, por los mismos que luego anunciaron los resultados. El 1-O fue, en definitiva, un acto antidemocrático de libro. Porque lo democrático no es votar, sino hacerlo de acuerdo con la ley.
Repele igualmente, la confusión que pretenden crear los del coqueto lacito amarillo, sobre la existencia de presos políticos en España. Porque tras el intento de golpe de estado en Cataluña, los pocos que ahora permanecen en prisión, y los muchos más que previsiblemente irán al talego tras el juicio, ni están ni estarán tras las rejas por ideas ―éstas no delinquen―, sino por obrar quebrando la ley. Porque, por ejemplo, siendo plenamente democrático ir al banco a sacar dinero, no lo es si la extracción se hace ilegalmente. Que nadie se engañe: no hay incompatibilidad entre el principio democrático y el de legalidad. Ambos se complementan para garantizar la convivencia en paz y seguridad. Basta ya de tanta paparrucha.