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De cuando sólo se robaba en Andalucía

Pepe Fdez
Pepe Fernández*

Hubo un tiempo pasado en el que los andaluces llegamos a sentir vergüenza, desazón, envidia y cierto complejo respecto a otras comunidades. Fue llegando los 90 cuando estallaron en Andalucía los primeros casos de corrupción llamativos, como el denominado Caso (Juan) Guerra, el Caso Costa Doñana, el edificio Presidente y un sin fin de pequeños, medianos o grandes escándalos que marcaron a fuego la imagen de Andalucía como territorio de corrupción.

Coincido con mi colega Francisco Rubiales, primer director de Comunicación de la Expo 92 a las órdenes de Manuel Olivencia, cuando sostiene en las “Crónicas de la verdad” que hemos empezado a publicar en Confidencial Andaluz esta semana, que en los eventos del 92, particularmente en la Expo de Sevilla, fue cuando se abrieron las portezuelas para que la corrupción empezase a incrustarse en una clase dirigente y dominante por muchas décadas. Y aquellos polvos, sostengo con Rubiales, trajeron toneladas de lodo después. Pero, en realidad, en otras latitudes hacia tiempo que se robaba y mucho.

También es cierto, y es de justicia remarcarlo con la perspectiva de los años y sin apasionamientos, que difícilmente se hubiese inaugurado el 20 de abril del 92 la Expo de Sevilla si los procedimientos administrativos se hubiesen realizado ajustados a lo que marcaba la Ley de Contratos y otras normas derivadas. Algo que, evidentemente, permitió que prácticas corruptas e ilegales se convirtieran en moneda bastante común en la Isla de la Cartuja conforme avanzaban los meses implacables hacia el 92. Nunca tuve la convicción moral y profesional de que miembros de la cúpula de Expo 92, así en general, se hubiesen enriquecido personalmente de forma deshonesta. Si la hubo quizás fue en niveles secundarios y muy concretos. Otra cosa bien distinta podría guardar relación con determinadas directrices “políticas” respecto a adjudicaciones a grandes grupos y empresas del momento. Aún faltaban cuatro o cinco años para la conclusión de la instrucción  del  principal caso de financiación irregular destapado contra el PSOE.  El 5 de mayo de 1995, el juez instructor del “caso Filesa” dictó auto de conclusión del sumario contra 39 personas, imputadas por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, fiscal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita. De la investigación se desglosó posteriormente el Caso Ave ambos seguidos como consecuencia de la misma querella, un coletazo del 92 fuera de territorio por cierto.

 

Olivencia y las leyes

 

En el relevo del primer Comisario Manuel Olivencia pesó mucho – creo que fue decisivo en su cese/dimisión- el hecho de que el renombrado Catedrático de Mercantil no quisiera comulgar con ruedas de molino saltándose los códigos y las leyes, las mismas que desde hacía años enseñaba a sus alumnos desde su cátedra de la Hispalense. En ese plan, le dijeron una tarde a Felipe Gonzalez en Moncloa una reducida delegación sevillana, “olvídate de que la Expo se inaugure en abril del 92”. O lo que es lo mismo, hacer un ridículo mundial espantoso después del esfuerzo inversor que nos endeudó hasta las cejas. González se alarmó, saboreó una vez más su cohiba y dejó caer a su antiguo profesor como Comisario General. Todo el poder ejecutivo quedó en manos del ingeniero cántabro Jacinto Pellón, con licencia para matar, si hacía falta, el articulado de la Ley de Contratos.

En esos años, arranque de la última década del siglo XX, Andalucía se convirtió, desde el punto de vista mediático y político, en el único lugar de España donde parecía que se robaba dinero público. Los andaluces otra vez haciendo de las suyas, ¡como sois los andaluces!, se oía desde Despeñaperros para arriba. Baste repasar las hemerotecas para recordar que, paralelamente, se hablaba del “oasis” catalán en contraposición a la desértica Andalucía del despilfarro, el mangoneo y, se añadía entonces, el voto cautivo del empleo comunitario, luego PER.

Que hubo corrupción en la Cartuja y fuera de ella, sin duda, como también conviene dejar sentado lo que supuso el 92 y sus inversiones globales añadidas para gran parte de una región históricamente abandonada y olvidada por los presupuestos generales. Para recordárnoslo ahí estaba la mil millonaria “deuda histórica”  que nunca se cobró como tal y eso que la hicimos constar en el primer Estatuto.

 

Principado de la Omertá y Reino del 3%

 

Ahora, cuando hemos celebrado el redondo cuarto de siglo de aquel fastuoso evento universal que nos puso en el mundo, muchos han olvidado que la Expo, además de luchar contra el calendario, tuvo que salir adelante con la oposición, dura y sistemática, del capital andaluz que se consideró apartado de la gran tarta y, por tanto, cabreado.

Al ser un proyecto de Estado fue Moncloa la que determinó que de ese pastel gran parte se lo llevasen empresas de ámbito estatal, como los bancos punteros en aquel momento y sus empresas de servicio creadas al efecto. Así se fraguó la campaña anti Expo 92 en Sevilla hasta el mismo día de su inauguración. Hasta que empezaron a comprobar la entusiasta acogida dispensada por los sevillanos a la Expo, soportando estoicamente largas colas para acceder. La masiva afluencia de los lugareños, ya como visitantes ya como guías, supuso una especie de amnistía popular sevillana  a lo que tanto habían criticado durante años las fuerzas vivas de la ciudad.

Empresas, lobbys del dinero y ciertos medios de comunicación, dieron altavoz en aquellos años a una imagen de Sevilla que, desde luego, nada tenía que ver con el “oasis” barcelonés, que como se ha comprobado años después ya entonces era una especie de pequeño Principado de la omertá   y sobre todo El  Reino del 3%.

Los andaluces aparecíamos en los grandes medios nacionales como herederos de la picaresca y del bandolerismo serrano del televisivo Curro Jiménez, gente de la que no fiarse; un semanario llegó a regalar, encartada, una careta con la imagen de Juan Guerra, con su gomilla y todo. Ni que decir tiene que causó furor en los Carnavales de aquel año.

Juan Guerra González, hermano pequeño del vice todo Alfonso Guerra, fue convertido en el primer gran icono andaluz de la corrupción y el objetivo político final no fue otro que romper el tándem Felipe-Alfonso, la pareja que había conducido con éxito al PSOE hasta el gobierno desde Suresnes. Alfonso dimitió una tarde extremeña, ente los descamisados, chaqueta marrón, acosado por los cafelitos de su hermano Juan en la Torre Norte de Plaza España, sede de la Delegación  del Gobierno en Andalucía.

Junto a todas esas circunstancias no conviene olvidar el presupuesto mil millonario del 92 sevillano en materia de publicidad, promoción y propaganda. Por la caracola de Jacinto Pellón en la Cartuja desfilaron todos los consejeros delegados y directores generales de los grandes grupos de comunicación españoles. Unos salían cabreados, la mayoría, y otros ligeramente contentos con las migajas logradas, porque el pastel publicitario estaba bastante “controlado” y acaparado por la multinacional Burson Masteller.

Fue muy comentado en aquellas fechas las amenazas que el máximo responsable de una pujante cadena de radio y TV, ya desaparecido, le hizo en persona a Jacinto Pellón en su despacho, tras rechazar éste las peticiones dinerarias que traía bajo el brazo el ejecutivo mediático. Ni que decir tiene que las amenazas se cumplieron con creces.

Sirvan estos pequeños detalles para constatar que aquella imagen de tierra de bandoleros y mangantes, nido de corrupción política en España que se nos adjudicó en los 90, estuvo jaleada desde posiciones diversas y con intereses muy variados, casi siempre económicos. Amén, claro está, de los casos de corrupción que aquí si se destapaban.

 

La guinda: Jacinto Pellón ‘non grato’

 

La guinda a toda aquella campaña de la Sevilla oficial y poderosa contra “lo de la Cartuja” la puso el alcalde Alejandro Rojas Marcos quien acabó llevando al Pleno declarar “persona non grata” para la ciudad de Sevilla a Jacinto Pellón, “el albañil” que había transformado la isla a patadas y en tiempo récord. Por cierto, un “título” injusto a todas luces que ningún alcalde de Sevilla revocó después con el paso de estos 25 años. A Rojas Marcos cuanto menos hay que reconocerle su coherencia personal y política al declinar la invitación el mes pasado para asistir a los actos institucionales del XXV aniversario en los Reales Alcázares. Ese día tenia comprometido el almuerzo con un grupo de sevillanos con los que charlar sobre Sevilla y la actualidad, cosa que hizo.

Meses antes del 92, en el Club Antares de Sevilla, se celebró una triple conferencia cuyo nexo de unión era el eje del 92 español. Allí, en la tribuna, con los asientos de frontón a reventar, estuvieron los tres presidentes Jordi Pujol, Joaquín Leguina y Pepote Rodríguez de la Borbolla. Fue un gran acto político y promocional de los fastos del 92 que recordaba mucho los Jocs florals a los que tan aficionado fue en su juventud el entonces Honorable Pujol.

Hacía años que no nos veíamos Pujol y yo, pese a todo, aquel político con memoria de elefante se acordó de mí y de mi etapa profesional en Cataluña. En la breve charla me preguntó si había visitado las obras olímpicas de Barcelona y le dije que no, pero que me sorprendía y mucho que, veinte años después, los accesos a la Costa Brava continuasen exactamente igual de malos y peligrosos que en los 70. Presidente, le dije, en Cataluña no se notan las inversiones públicas, aquí en Andalucía sí, dese una vuelta por la A92, casi terminada. Pujol, algo incómodo, echó balones fuera, culpó a Madrid, y me justificó lo de Andalucía con el hecho de que Felipe y el PSOE gobernaban en Madrid y Sevilla.

Con el paso de los años hemos conocido que ya entonces, el Sr Pujol, familia y compinches, estaban metidos de lleno en el enriquecimiento ilícito vía comisiones del 3%. Todo con una voracidad de clan nunca antes vista a esos niveles en la vida pública española desde la familia Franco y el Marqués de Villaverde.

 

El chalé de Escuredo

 

Pero mientras llegaba muchos años despues el caso Pujol en pleno esplendor, misales de por medio, hemos ido conociendo que las corrupciones andaluzas de los 90 han sido ampliamente sobrepasadas en cantidad y calidad en otras comunidades como Valencia, Madrid… España entera. En Andalucía no se recuerda a ningún político, socialista o no, con cuentas en paraísos fiscales, al menos detectadas e investigadas por la Justicia. (Toquemos madera, que Gibraltar queda cerca). Tampoco con grandes mansiones sospechosas. Los socialistas andaluces ya pagaron hace años, oficialmente por culpa de un chalé en la cornisa de Simón Verde en Sevilla, la caída del primer presidente autonómico de la Junta, Rafael Escuredo. Oficiosamente aquella caída la dictó el propio Felipe González para poner al guerrista Borbolla y usó con malas artes las páginas de El país y el chalet que Dragados he había hecho a Escuredo, para empujarle a la dimisión.

Todo lo cual nos devuelve a algo más que sabido. La corrupción no tiene un solo color, nace como las setas por todo el territorio humedecido por el dinero público, no entiende de límites fronterizos y, lo peor de todo, no se acaba con ella porque no existe la voluntad política de atajarla de verdad. Son muy pocos los que, como Cristina Cifuentes, se atreven a denunciar a los suyos. Tiene su mérito, sin duda y así le va.

La mayoría de los dirigentes que ponen cara de víctimas cuando detienen a uno de su confianza, mienten en general con descaro. Es científicamente imposible que un colaborador cercano esté poniéndose de grana y oro y el jefe o la jefa no esté al corriente o hayan recibido algún soplido. De hecho bien que husmean e investigan cuando se trata de un adversario o enemigo político de otro partido, es la prueba del algodón que casi ninguno supera.

 

 

*Pepe Fernandez es Periodista. Director de Confidencial Andaluz

@Pepe_Fdez