Acaba de volver a ocurrir. El Tribunal Constitucional anula parte de una ayuda a los desempleados, el PAE de Rajoy. De ella se deducen conclusiones y la primera es que no leemos nada, ni las sentencias, ni nada.
No da tiempo a leer. Es importante entre los primeros en comentarlo en Twitter como para entretenernos. Desplegar toda la imaginación de la que somos capaces. Es irresistible. Oyes algo de eso y un hormigueo de placer te recorre los dedos y zás, puedes hasta reclamar libertad para el PAE y el resto de los presos políticos, alguien pondrá que le gusta. En el pack se incluyen diputados escandalizados por la inutilidad del Gobierno. Que el Gobierno sea inútil es sabido, pero en esto del PAE las cosas no son como parecen.
El nivel de indignación se reduce cuando se leen las sentencias. Mejor dicho, cuando se lee el resumen, porque encima son dos y cada una de 30 folios. Con cierta desilusión se concluye que la trascendencia es ninguna. Se declara inconstitucional el apartado dos del artículo único del decreto ley 1/2016. ¡Sorpresa! Ya no está en vigor, pero no ahora, antes de las sentencias ya no lo estaba. Lo vigente sobre el mismo tema es el real decreto ley 7/2017, cuyo artículo único apartado tres uno dice lo mismo que el fallecido artículo único apartado dos de la norma de 2016. ¿Me siguen? Es que este último no ha sido objeto del recurso.
Esa sopa de letras que se llama RAI, PREPARA, PAE y que exigen acreditar una BAE y tener un IPI. Todo ello, dicho sin reírse. La paciencia del desempleado es infinita.
Las cosas van a seguir como estaban. La ayuda sigue igual y gestionada por los mismos, el SEPE, al que nadie conoce por ese nombre sino INEM. Para cuando haya una sentencia sobre el tema – digámoslo así para no repetir el galimatías de apartados- esta ayuda ya no estará vigente. Es lo bueno de las prestaciones con fecha de caducidad. Esta acaba en abril. Para siempre, probablemente.
En abril se cumplirán los seis meses que se dió el Gobierno para hacer algo, refundir, simplificar, lo que sea, uniendo los tres tipos de ayudas económicas a parados de larga duración.Esa sopa de letras que se llama RAI, PREPARA, PAE y que exigen acreditar una BAE y tener un IPI. Todo ello, dicho sin reírse. La paciencia del desempleado es infinita.
¿Dónde estaba el problema? En quién era la Administración competente para reconocer y pagar la ayuda. El que pone el dinero ya se sabe, ahí no hay discrepancia. Son los trabajadores y empresarios con sus cotizaciones vivan en la parte del Estado español, otrora España, en la que vivan. Como sucediera en agosto con el PREPARA el Gobierno vasco consideraban que las competencias eran suyas. Mejor dicho, de cada uno de los servicios de empleo autonómicos.
Respecto al PREPARA pasó algo similar. Aclarado que la competencia era de la Comunidad Autónoma, y concluido que gestionarlo era complicado, los servicios autonómicos hicieron una encomienda de gestión -una especie de delegación de esas competencias que eran suyas y querían que quedara claro que eran suyas- en el Estado. Que siguiera como estaba.
El futuro es separar lo único que aún les une, que para pedir el paro estatal primero hay que sacarse la tarjeta en la autonomía.
Y así todo. La distribución de competencias se caracteriza por la permanente reclamación de transferencias y, como es lógico, dinero. No se ve el fin. Los servicios de empleo se dividieron en tiempos de Javier Arenas que fue ministro de Trabajo (resistiré el chiste fácil). El INEM desapareció. Contenía una palabra maldita: nacional. Maldita, como sabemos, pues se refería a la nación política. Así que, ahí se fue: mira yo me quedo con lo pasivo: pagar el paro y ¡curioso! el PER en Andalucía y Extremadura. Tú, Autonomía, te quedas con lo activo: apuntar la gente al paro e intentar colocarles. Y ¿Dónde vamos a sentarnos? Pues en los mismos locales, la mitad para mi y la otra para ti. El que vaya que se pida dos citas, una para cada uno. Así, una persona va y ve dos grupos. Hubo momentos grotescos, especialmente al principio y todo. En la Cataluña del tripartito, había una oficina cuyas directoras estatal y autonómica eran hermanas, más no podían prestarse ni grapas de una mesa a otra. Había una frontera autonómica que pasaba justo por medio.
Por ello, cualquier intento de coordinar políticas activas y pasivas, con asesorar en la búsqueda de empleo mientras se cobra una prestación está condenada a ser recurrida por inconstitucional. El futuro es separar lo único que aún les une, que para pedir el paro estatal primero hay que sacarse la tarjeta en la autonomía.
¿Qué quiero decir con esto? Pues que, en mi opinión, lo progresista no es descentralizar y transferir, sino ser eficaces. La cosa no puede ir de mira que competencia tan cuqui tiene ese, me la pido. Debería responder a una sola pregunta ¿dónde resulta más eficaz para el ciudadano la gestión, sin duplicidades, ni mareos? Y que sea esa Administración, por tanto, la que gestione, pero todo, no cachitos. Se que no es el momento de plantear esto. Quizá nunca lo sea. Vivimos tiempos identitarios, de parecerse a ese ideal de catalán, vasco, andaluz, asturiano, que no sabemos bien quien ha definido pero que si lo seguimos nos acercamos a la nación imaginada y si fallamos podríamos terminar como dice sobre Sartre sobre uno de los personajes de La Nausea, siendo un ser sin importancia colectiva, un individuo.