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Diada y Diana

7.600.267 ciudadanos residen en Cataluña, cuyo PIB a uno de enero de 2019 asciende a 61.605 millones de euros.

 


600.000 personas asistieron por libre decisión a la manifestación de la celebración de la Diada. Según la guardia urbana barcelonesa. En otras poblaciones catalanas otros miles de ejercientes de su derecho a manifestarse también lo hicieron.

 

 

Desde las manifestaciones tras los asesinatos de los abogados Atocha y del asalto al Congreso por guardias civiles en 1981, no se contabilizan concentraciones ciudadanas semejantes hasta las de Barcelona de 2017 . Manifestaciones confesionales aparte, notablemente aumentadas éstas, a efectos apologéticos y políticos, por la prensa partidaria.

 

 

Esto es, miles de ciudadanos apoyan el reconocimiento jurídico y político de un Estado que visibilice la nación catalana. Ejercen un derecho constitucional.

 

Los numerosos responsables políticos u opinadores pagados por empresas varias que se niegan a aceptar esa realidad contribuyen a crear una distorsión interesada que claramente perjudica a España. Política, jurídica y espiritualmente lo que cura es la realidad, no los oníricos embelesos de grandezas vacuas y espectrales.

 

Lo real es que la mitad de los ciudadanos con vecindad civil en Cataluña desean la independencia. Y la otra mitad no ha podido manifestarse al respecto porque nadie les ha preguntado.

 

En un Estado democrático en el que los tratados internacionales y los derechos y deberes que garantizan, están constitucionalizados por el artículo 10 de la Norma primera del ordenamiento interno español, parece sensato, inteligente, razonable y provechoso ofrecer a los ciudadanos en quienes residen la soberanía la ocasión de votar sobre la principal cuestión política en Cataluña que bascula además sobre el resto del territorio del Estado.

 

7.600.267 ciudadanos residen en Cataluña, cuyo PIB a uno de enero de 2019 asciende a 61.605 millones de euros. La ceguera de representantes políticos sobre Cataluña nos lleva a recordar que en 1635 cuando el Consejo de Estado estudiaba medidas para suprimir las libertades catalanas, el conde-duque de Olivares, don Gaspar de Zúñiga, se resistió a adoptar ninguna de ellas pues no encontraba en el comportamiento de aquellos ciudadanos base para adoptarlas.  Don Gaspar no era precisamente un liberal.

 

Antes mejor que después don Miguel de Cervantes Saavedra que mandó a don Quijote a Cataluña, nos hará caer en la cuenta de que, como avisó, «la verdad adelgaza y no quiebra y siempre nada sobre la mentira como el aceite sobre el agua».