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Imbroda ante el Supremo por pagar a medios

MELILLA, MÁS DE UNA DÉCADA DE MORDAZA INFORMATIVA POR LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

El presidente de la Ciudad Autónoma está acusado de inyectar dinero público a los medios “sin procedimientos administrativos”

El Tribunal Supremo estudia imputarle por prevaricación y malversación

Javier G. Angosto /C. A. MELILLA.- El Gobierno de Melilla, presidido por el también senador Juan José Imbroda (PP), ha inyectado durante más de una década 20 millones de euros a casi todos los medios de comunicación de la ciudad en concepto de publicidad institucional.

En lugar de convocar concursos públicos para decidir qué empresas son las más adecuadas para prestar el servicio de publicidad, el Ejecutivo Imbroda ha firmado a dedo convenios con los medios de comunicación de forma individual, eso sí, solo con los alineados, nunca con los críticos con su gestión y los numerosos casos de corrupción que afectan a la ciudad.

Más de una década después de la firma del primer convenio de publicidad institucional, las presuntas ilegalidades en la contratación de los servicios han llegado a los juzgados.

Imbroda espera que el Tribunal Supremo decida si le imputa un delito de prevaricación y otro de malversación de fondos públicos por la firma de estos convenios. Desde el año 2001, Imbroda decide, a dedo,  qué medios de comunicación merecen cobrar dinero público y cuáles no.

La instrucción judicial

El juez que instruye el caso en Melilla, y que ha enviado una exposición razonada al Supremo para que Imbroda sea imputado dada su condición de aforado, ha destacado en su escrito que el Gobierno de Melilla ha entregado “importantísimas cantidades de dinero público” sin “procedimiento administrativo”, con “gran oscurantismo” y “sin ningún tipo de fiscalización anterior o posterior” a la prestación de los servicios de publicidad.

De hecho, el juez afirma que es “tan evidente la infracción del ordenamiento jurídico”, en concreto “tan burda”, que es “difícil entender cómo ha podido suceder si no es con voluntad y conocimiento de ello”. El magistrado interpreta que, durante años, se ha utilizado la figura del convenio para camuflar lo que en realidad son servicios prestados sujetos a Ley de Contratos del Sector Público.

Sin embargo,  Imbroda ha dicho sentirse con la conciencia tranquila y a disposición de la justicia. Argumenta que firmó los convenios con todas las bendiciones legales de los técnicos de la Administración.

Los convenios con los medios de comunicación desaparecieron a partir del año 2013, momento en el que se inicia la instrucción judicial. Pese a la insistencia del juez, la Fiscalía de Melilla no observa indicios de delitos en la conducta de Imbroda. El semanario La Luz de Melilla informó en exclusiva, y en profundidad, sobre toda esta causa que afecta a Imbroda.

Denuncias pese a la mordaza

El juez afirma que es “tan evidente la infracción del ordenamiento jurídico”, en concreto “tan burda”, que es “difícil entender cómo ha podido suceder si no es con voluntad y conocimiento de ello”. El magistrado interpreta que, durante años, se ha utilizado la figura del convenio para camuflar lo que en realidad son servicios prestados sujetos a Ley de Contratos del Sector Público.

No hay un solo periodista en Melilla que desconozca la influencia que ejerce el poder a través de los convenios de publicidad. Llamadas a Redacción ante una información incómoda o despidos preventivos son el resultado de una década en la que los medios de comunicación han sido mantenidos con respiración artificial; con el dinero de los melillenses.

La mayoría de los profesionales sufre en silencio la mordaza, aunque a lo largo de una década algunos han alzado la voz. Ya en 2003, el periodista Miguel Gómez Bernardi alertaba en su medio de comunicación digital (melillense.net) de los peligros que entrañaban los convenios de publicidad. Entonces, y casi en la actualidad, un tema totalmente tabú en los medios convencionales.  Gómez Bernardi lo tenía ya claro: “el poder público instituido se ha dedicado a subvencionar a los medios de información de ámbito local, a través de convenios de publicidad que cubren gran parte de sus gastos”. En otras palabras: la dependencia de los medios era ya absoluta del poder político y, por tanto, la “imparcialidad inexistente”.

Las críticas de Gómez Bernardi le pasaron factura. Estuvo años sin trabajar en los medios de comunicación de la ciudad.

Francisco José Serrano Correa es otro de los periodistas que alzaron la voz. En el año 2009, y tras tres años ejerciendo en Melilla, hizo un documental: ‘Rachwa. Periodista en Melilla’. En él contó lo que los convenios de publicidad con el Ejecutivo Imbroda no le permitían: la vulneración de los derechos humanos en materia migratoria y la propia censura en los medios.

Serrano Correa cuenta en su documental una de tantas ocasiones en la que la maquinaria gubernamental de control mediático actuó.  Fue tras un Pleno de la Asamblea de Melilla celebrado el 30 de enero de 2007. La oposición; concretamente el partido Coalición por Melilla, acusó a Imbroda de nepotismo y tráfico de influencias. El líder del Ejecutivo, lejos de rebatir los argumentos de los cepemistas, abandonó el pleno desairado.

Según el documental, el Ejecutivo local ordenó a los periodistas que omitieran cualquier referencia a las acusaciones de CpM sobre el enchufismo de los Imbroda. Sin embargo, el redactor de una radio local no reparó en el mensaje e informó a la ciudadanía sin la censura previa. En horario de ‘prime time’, emitió en el informativo un corte de audio donde el líder de CpM, Mustafa Aberchán, cargaba duramente contra Imbroda. El periodista firmó su despido sin saberlo. A los pocos minutos, el empresario dueño de esa emisora  llamó al periodista para comunicarle que estaba de patitas en la calle.

El cese, que parecía irrevocable, se transformó en tres días de despido de empleo y sueldo cuando trascendió que el reportero no era insurrecto y había tenido sólo un descuido, el de no enterarse de las órdenes políticas. La cuestión sentó precedentes en el gremio.

La ciudad autónoma de Melilla es un lugar difícil para ejercer el periodismo para aquellos que quieran contar algo más que inauguraciones y proyectos”

Sin libertad para ejercer el periodismo

Las I Jornadas del Ejercicio Periodístico en Melilla, celebras en octubre de 2015 y organizadas por la Fundación Gaselec y la Federación de Sindicatos de Periodistas, pusieron de manifiesto las dificultades, presiones e incluso agresiones que sufren los periodistas para trabajar en la ciudad.

El semanario La Luz de Melilla recogió los testimonios de los periodistas que participaron en la iniciativa. Jaime Villegas, director de la publicación, destacó “el estado crítico del periodismo”, añadiendo que “la profesión pasa en Melilla por uno de los peores momentos de su historia democrática”.

La Federación de Sindicatos de Periodistas resaltó, tras su paso por las jornadas, las denuncias de falta de libertad para ejercer la profesión periodística: “La ciudad autónoma de Melilla es un lugar difícil para ejercer el periodismo para aquellos que quieran contar algo más que inauguraciones y proyectos”.

DOCUMENTOS/ CONFIDENCIAL ANDALUZ
He aquí la ´Exposición Razonada´ del Magistrado Fernando Germán Portillo contra el Presidente y Senador por Melilla, Juan José Imbroda, que vuelve por segunda vez este año al Tribunal Supremo donde ya estuvo imputado y absuelto poco antes de las últimas autonómicas .