En fechas recientes ha sido noticia la pretensión de la Dirección General de la Guardia Civil de regular en una norma diversas  disposiciones dispersas existentes en el Cuerpo respecto al aspecto personal de sus miembros cuando visten uniforme: barba, bigotes, pelo, tatuajes, piercing… así como normas de comportamiento con la ciudadanía. También se pretende prohibir el uso del móvil personal mientras se presta el servicio. Ambas normas llevan meses en grupos de negociación de responsables de la Dirección General con las asociaciones profesionales y de momento no se ha alcanzado algún acuerdo.

 

No hace falta ser policía o guardia civil para entender la necesidad de dicha regulación, con independencia de que haya algunos extremos que puedan matizarse o aclararse, en especial aquellas, como la de cubrirse los tatuajes estando de servicio, que la norma pretende dejar a criterio del mando de turno y que la mayoría de asociaciones rechazan. Eso permitiría la arbitrariedad y el despotismo tan habitual en estos cuerpos uniformados respecto de los profesionales que sean menos afines a reír la gracia o acatar las órdenes contra derechos laborales de los mandos. Solo hay que asomarse a las redes sociales para ver los desmanes y ridiculeces que se pueden ver en las mismas de personal uniformado, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional y de miembros de otras policías, autonómicas o locales. Desde vídeos grabados estando de patrulla con música alta y bailando (sin que se les vea la cara), hasta el uso del uniforme y la cuenta asociada al mismo para vender camisetas, pulseras, o todo tipo de elementos personales, o imágenes, videos y fotos, de intervenciones, controles o cualquier otra circunstancia que se le ocurra al “profesional” de turno.

Es necesario erradicar estas prácticas torticeras y poner orden en el desempeño del servicio así como en el aspecto personal y trato que se dispensa a la ciudadanía, y hacerlo partiendo del sentido común y del aspecto que genere mayor confianza en la ciudadanía.

 

El aspecto físico genera rechazo o aceptación, confianza o desconfianza y debe primarse la confianza de la persona a quien se atiende sobre el derecho a la propia imagen del agente de la autoridad.

 

Por ejemplo, tener tatuajes en brazos o cuello que sean visibles no es visto por la sociedad en general como algo positivo; no hay ninguna razón para ello y es evidente que alguien con tatuajes puede ser un perfecto profesional y mejor que otro que no los tenga, pero atendiendo a cualquier ciudadano en una situación ordinaria parece que la mayoría de estos se siente más inseguro, pierde confianza en el agente que lleve el tatuaje sobre el que no. Igual ocurre con una amplia y descuidada barba, o con piercing en zonas visibles o con aros en las orejas, labios, nariz… Por ello, bienvenida dicha regulación, páctese con las asociaciones y aplíquese también a los miembros de la Policía Nacional tratándose igual con sus sindicatos. Es muy necesaria dicha regulación como la del uso del móvil durante el servicio, impidiendo esas fotos de controles e intervenciones, muchas veces ocultando el rostro de los actuantes, trasladando una imagen de clandestinidad poco generadora de confianza. Es incoherente que no quieras que se identifique tu profesión y estar colgando permanentes fotografías de servicio y uniforme con el rostro velado.

 

He leído que hay quienes en la negociación abierta entre administración y sindicatos alegan el derecho a la propia imagen que consagra la Constitución para defender que cada cual puede llevar el tatuaje o piercing que quiera vestido de uniforme. No me parece que sea una argumentación sólida porque cuando se cuelgue el uniforme puede ponerse cada uno los piercing o aros que quiera, o pegarse el tatuaje que le parezca,

 

pero debe entenderse como una servidumbre del cargo que es ser el brazo de la ley, de la autoridad del Estado ante la ciudadanía, tener unas elementales normas de aspecto personal vistiendo uniforme. Por respeto a la ciudadanía y a la función que se cumple.

 

También es cierto que ya puestos a fijar cánones de aspecto físico deberían revisarse los uniformes de seguridad ciudadana en muchas policías (incluyo a la Guardia Civil), que han evolucionado del policía ordinario de patrulla y atención a la ciudadanía al policía de choque, unidad antidisturbios o unidad especial de asalto, cada día con más elementos de protección innecesarios en un país donde los atentados contra miembros de las fuerzas de seguridad son muy inferiores al de otros países. Las uniformidades de todos los Cuerpos se han militarizado hasta parecer que somos un país en conflicto, con alteración permanente del orden público y muchos delitos de violentos, uso de armas de fuego, etc. Hay demasiados Rambos con ansias de protagonizar películas de guerra y demasiados mandos que lo permiten y toleran. Unidades de choque para disturbios o unidades de asalto son una cosa y unidades de seguridad ciudadana, otra. Los policías en España, por su uniformidad, parecen estar en guerra contra ejércitos de delincuentes armados y organizados que nos causan cientos de muertos cada año. No es la mejor imagen para un país seguro como el nuestro, lo que pregonan a diario los políticos y mandos de todos los cuerpos. Hasta en algunas policías locales se ven funcionarios que más que un policía de patrulla parecen ir a asaltar bunkers de delincuentes armados. Solo hay que darse una vuelta por las redes sociales para comprobarlo.

 

Lo que se echa de menos en esas instrucciones es la obligación de respetar los derechos civiles de la ciudadanía, de no parar en la calle a nadie e identificarlo por capricho, como es la política de seguridad existente en la Policía, Guardia Civil y en todas las policías desde hace años al amparo de la “ley Mordaza”, continuadora de la “Ley Corcuera”, que no han cuestionado ni los sindicatos ni las asociaciones de guardias civiles, todas igualmente corporativistas en estas materias sin que ninguna levante la voz en defensa de una policía que respete y garantice los derechos civiles de la ciudadanía.

 

Que se impongan normas de cortesía, aspecto personal, uso de móviles y otras son importantes, pero también lo es la uniformidad, y especialmente, la imposición jerárquica a todos de que no pueden identificar a nadie por capricho, que un ciudadano tiene derechos civiles y solo puede ser identificado según el T. Supremo cuando se pueda explicar por escrito las razones por las que resultaba sospechoso de haber cometido un delito o de que podía cometerlo.

 

Desde hace muchos años (desde 1992) en España identificar a una persona es tan fácil como lo hacía la policía franquista.

 

Como además carecemos de elementos de control interno se dan todo tipo de abusos que nadie denuncia; por ejemplo, identificar al español negro que pasea con otros blancos, o identificar, cachear y sustraer una dosis de hachís para consumo propio diciendo al ciudadano robado por dos policías de uniforme que dé gracias porque al no levantar acta le ahorran una multa de 600€. La droga se la quedan los policías, que con independencia de cómo vistan y el largo de su barba o pelo, saben que no existe un organismo, como en otras policías europeas, donde un ciudadano pueda denuncias esas corruptelas y que sean investigadas por personas ajenas a la Policía. Quedan muchos y radicales cambios que plantear además de la exigencia de un aspecto físico y trato educado a la ciudadanía.

 

Se precisa un cambio de paradigma de políticos, mandos policiales, miembros de todos los cuerpos uniformados y sus sindicatos y asociaciones, para conseguir más eficacia y eficiencia, porque más allá de la propaganda política y mediática siguen sin atenderse cientos y miles de llamadas de auxilio al 091 y no por falta de personal sino por una deficiente organización del servicio.

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