Confidencial Andaluz

El ‘Cártel del Fuego’ se fundó en 2001 en Palma del Río

Hotel El Cruce, sede oficiosa permanente del 'Cártel del Fuego' en Manzanares, según la Justicia

El ‘Cártel del Fuego’ se fundó en 2001 en Palma del Río
01:19 | 24 de abril, 2017
Pepe Fdez

Pepe Fernández

Ha sido la Justicia la que ha puesto fecha exacta a la creación o fundación del conocido como Cártel del Fuego”. Fue el 20 de septiembre de 2001 y lo enjaretaron  en la localidad cordobesa de Palma del Río cuatro empresarios del sector aéreo, donde tiene su sede mercantil una de las fundadoras, Faasa, junto a Avialsa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao.

El que parece para muchos un escándalo de corrupción a gran escala lleva deambulando casi dos años por instancias judiciales de Sagunto, Sevilla y Madrid. Y continúa.

En sede parlamentaria, a nivel político, no se ha oído hablar demasiado sobre el Cártel del Fuego o del  “Grupo 6”, tal y como se le bautiza por la Policia Judicial en la instrucción. La última vez (y la primera) que se debatió el asunto en el Parlamento de Andalucía fue el 29 de marzo, hace ahora un año, a instancias del grupo Podemos preguntando al consejero de Medio Ambiente José Fiscal.

Ecologistas en Acción  denunciantes de primera hora, están presentes como acusación popular en la causa  y gracias a esta personación se tiene constancia de la marcha de las actuaciones judiciales. Para muchos observadores, gracias al impulso de la asociación ecologista, la causa hasta ahora no ha sufrido contaminación con injerencias extrajudiciales.

Y no será porque el escándalo no tenga entidad como para estar en portadas o noticiarios, incluso investigado desde la perspectiva estrictamente parlamentaria. Estamos hablando de cientos de millones de euros empleados durante más de una década para la causa de la lucha contra el fuego en nuestros montes. Y estamos hablando, una vez más, de la delicada línea roja que separa a unos empresarios investigados judicialmente  de la omnipresente casta política que todo lo ha querido controlar en estos años pasados. Todo ello con la complicidad necesaria de un puñado de funcionarios públicos, convenientemente engrasados o agasajados por la trama. En comunidades como Valencia, donde se halla imputado un ex Consejero de Gobernación y ex delegado del Gobierno del PP, se lee que se han regalado por uno de los empresarios del cártelAvialsa– coche todoterreno, monterías, hoteles de lujo, armas de caza, Spa y relax, lotes gourmet, ordenadores, teléfonos,  etc etc. Un escenario, el valenciano, especialmente pestilente, también en el capítulo de la lucha contra el fuego.

Una parte de la acción judicial contra el Cártel del Fuego, el  que se instruye concretamente en el Juzgado Nº 8 de Sevilla, nos sitúa en una provincia andaluza, Córdoba, donde un empresario, Miguel Angel Tamarit Campuzano, presidente del Grupo FAASA, podría resultar, según la investigación judicial iniciada en Sagunto, uno de los integrantes de banda criminal organizada a escala regional, nacional e internacional.

 

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Miguel A. Tamarit Campuzano, Presidente de FAASA, recibe un premio en un acto presidido por el Rey Felipe VI y el entonces presidente de la Junta Pepe Griñán.

 

 

Los amigos de la política

 

El Grupo FAASA es una próspera y relevante empresa andaluza, creada hace medio siglo en Palma del Río, Córdoba, y que da trabajo en el sector aeronáutico a unos 500 trabajadores. Se trata de una empresa familiar en la que ya empieza a gobernar la tercera generación. Sus propietarios se defienden con estos datos para proclamar, alto y claro, que FAASA nunca fue creada para captar subvenciones públicas ni crecer, dicen, al calor de las administraciones.

Miguel Angel Tamarit Campuzano, ex piloto comercial, presidente del Grupo FAASA, es sin duda una personalidad relevante en la sociedad cordobesa y andaluza. Ello justifica sobradamente que, conforme su empresa iba prosperando, Tamarit haya podido tejer una agenda de contactos personales – institucionales los denominan- con dirigentes políticos tanto del PSOE como del PP en la provincia. Todos sin excepción ha pasado alguna vez por las instalaciones de Palma del Río en visita institucional. Visitas justificadas en base al notable crecimiento y expansión  de FAASA y el reconocimiento social logrado con numerosos premios conseguidos.

De la nomenclatura politica cordobesa solo un nombre ha aparecido en determinado momento de la instrucción vinculado al grupo Tamarit. Se trata de Rafael Velasco, ex Secretario de Organización del PSOE con Pepe Griñán, al que en informes policiales  le vincularon familiarmente, vía fondos de formación, con FAASA. Aquellas primeras pesquisas concluyeron afirmando la policía que no había por donde seguir, descartándose por tanto judicialmente esta conexión “política”  de la familia Tamarit con el PSOE de Andalucía.

Independientemente de la perspectiva penal de la conexión Tamarit-Velasco (descartada) lo que si queda de manifiesto son las relaciones, más o menos personales, más o menos  institucionales, más o menos privilegiadas, de un empresario de primer nivel en su sector con quienes mandan y deciden desde la política más cercana en su provincia o comunidad.  Algo que no solo sucede en Córdoba, sino en el resto de provincias y comunidades españolas.

 

En el caso de Miguel Angel Tamarit Campuzano no debe sorprender, por tanto, que trate y conozca a los más destacados dirigentes políticos de la provincia. Además de Rafael Velasco  (ex número dos del PSOE-A con Griñán, retirado de la política a raíz de este escándalo con los cursos de formación con Faasa de por medio), el empresario aeronáutico también se ha relacionado con la flor y nata del PSOE y del PP cordobés en estos años. La hemeroteca fotográfica es rica en encuentros para la posteridad, como reflejan algunas imágenes de este reportaje. Un mundo de relaciones que, desde luego, no se circunscribe solo al ámbito político, sino que abarca a casi toda la sociedad cordobesa como la universidad (UCO), con su Rector al frente. La actividad que despliega la Fundación Sebastian Almagro, (en recuerdo al fundador de la empresa) también ha ayudado a potenciar la imagen del empresario y sus negocios.  Tamarit y sus diversas actividades  son tratadas habitualmente de forma destacada, positiva y elogiosa por la mayoría de los medios de comunicación cordobeses. El ex piloto y empresario de éxito forma parte por méritos propios de un núcleo económico cordobés muy importante y siempre arrimado al poder socialista, siendo Antonio Pulido (Presidente de la Fundación Cajasol ) y Mario López Magdaleno  (polémico adjudicatario de la Mina de Aznalcollar) junto a Tamarit los nombres más conocidos y relevantes de ese lobby cordobés de poder económico.

Pepe Griñán, que fue diputado socialista por Córdoba, también ha salido a escena en este asunto al haber utilizado los servicios aéreos de FAASA, siendo presidente de la Junta, para viajar a un mitin en Roquetas, aunque abonado por el partido con cargo a la que fue su última campaña electoral autonómica como candidato. Rafael Velasco, el  entonces  número dos del PSOE,  aseguró a los medios que su partido tenía suscrito con FAASA un «contrato general» para que, cada vez que lo requieren sus dirigentes, puedan volar en aviones privados. Sin embargo, la compañía negaba entonces que existiese tal ‘contrato general’.

De lo que no cabe duda es de la fructífera relación que FAASA ha venido manteniendo con la administración autonómica andaluza en estos años. Dan buena cuenta, además de los millonarios concursos ganados y adjudicados en las campañas del todos-contra-el-fuego, ( cueste lo que cueste) importantes ayudas canalizadas desde la agencia pública IDEA, algo que coincidió con una etapa de crecimiento espectacular de FAASA como grupo empresarial, apostando entonces por la internacionalización. También han recibido importantes subvenciones para impartir cursos de formación.

No conviene olvidar la singularidad de este tipo de empresas y servicios, que las tiene. Una aeronave puede costar, según fuentes del sector, unos tres millones de euros. La estructura hay que mantenerla doce meses, no cuatro que son los que habitualmente se contratan para las campañas. Son pocas las empresas existentes en el sector, de ahí que se asemeje mucho a un oligopolio y de ahí también esa UTE permanente en el tiempo  a la que algunos denominan Cártel

 

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Uno de los hombres próximos a Susana Díaz,  el cordobés Antonio Pulido, junto a Miguel A. Tamarit.

 

Según publicó en 2010 el periodista Antonio Salvador en el diario El Mundo, “a propuesta de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), el Consejo de Gobierno aprobó el 26 de diciembre de 2006 una ayuda de 1,6 millones de euros y tres bonificaciones de tipos de interés por valor de 5.659,95, 40.352,28 y 40.247, 29 euros como apoyo a su proyecto del centro de mantenimiento y formación aeronáutica y protección del medio ambiente, con una inversión que se presupuestó en 9,1 millones de euros”.

Además el consejo rector de la Agencia IDEA concedió dos incentivos directos a Faasa Aviación en el primer trimestre de 2008, ratificados por el Consejo de Gobierno de la Junta. Ascendían a 1.131.245 y 2.839.529,22 euros y tenían como objeto subvencionar la ampliación de la flota de aeronaves e infraestructuras en las instalaciones de Palma del Río.

De los fondos de formación de la Junta el empresario Tamarit también se ha llevado un buen bocado en estos años. Como también es cierto que tras la paralización de la formación, el grupo FAASA, siguió dando los cursos a pulmón, a 20.000 euros por curso. (Por cierto que las reclamaciones de reintegro que la Junta ha hecho a FAASA, tras el estallido del caso formación, están empezando a ser desechadas por el Contencioso Administrativo a favor de la empresa cordobesa).

 

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Hotel/Cafeteria ‘El Cruce‘ en Manzanares, Ciudad Real, donde el “Grupo 6” celebraba habitualmente sus encuentros de coordinación de estrategias y negocios.

 

 

Denunciar en tiempos de Susana Díaz

 

Fue un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente, (clase B y licenciado en Derecho) quien por segunda vez se planta en 2015 en un Juzgado de Sevilla a denunciar  casos de supuesta corrupción por él detectados en el desempeño de sus funciones dentro de la Junta de Andalucía. La primera fracasó, precisamente con un tema que afecta a otro próspero empresario cordobés de moda, Mario López Magdaleno, (Magtel), con el asunto de la mina de Aznalcóllar. El juez del Nº 3 le contestó entonces que se personase.

Pero en el segundo intento tuvo más suerte y todo cuanto declaró un 9 de noviembre de 2015 ante la Unidad Adscrita de Policia Judicial en Sevilla, se acabaría plasmando en papel judicial y en objetivo de una exhaustiva investigación policial a las órdenes del Juzgado Nº 8. Susana Díaz, desde la primavera pasada, ya era Presidenta de la Junta con la bendición de las urnas.

El funcionario, honesto y ejemplar al cumplir sin duda con su deber de denunciar un posible caso de corrupción, destinado forzosamente en el Servicio de Contratación de la S.G. Técnica  de la Consejería de Medio Ambiente, contó ese día a la Policía Judicial cosas como estas:

Que en noviembre de 2014, su jefa de departamento del Servicio de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia, Teresa López García le dijo en privado que veía cosas extrañas en las contrataciones del INFOCA, porque siempre se llevaba las licitaciones FAASA, manifestando que esta era una empresa del partido  y que posteriormente había reparto de dinero de dicha empresa”. 

Pero la alarma de este funcionario se enciende ruidosamente cuando “Antonio Martínez López, Jefe del Servicio de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia en dicha fecha le obliga a ir como Secretario a la mesa de contratación (primera y segunda sesión) de la licitación de fletamiento de medios aéreos para la lucha contra incendios forestales en las campañas INFOCA de 2015-2018. Cree que le obligan porque tanto Teresa como Cristina Gómez Sancho, ambas Jefas de departamento, se niegan a ir alegando excusas varias. (Teresa falta a trabajar, no sin antes pasar unos días anteriores muy nerviosa con motivo de la mesa de contratación; y Cristina no fue a la mesa sin causa aparente). Ante esto Antonio (Martínez López) le obliga a ir a las mesas como Secretario (cuando es sólo suplente en las mesas)”. 

 

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Tamarit recibe en la sede de FAASA a autoridades y personalidades cordobesas. Foto J.J. Sánchez, Abc.

 

 

En la Mesa se denunció ‘colusión’, pero no se elevó a la Agencia de la Competencia.

 

Posteriormente el funcionario denunciante desgrana, con pelos y señales, con nombres y apellidos, el papel desempeñado por algunos de sus compañeros funcionarios en este concurso público concreto;  de cómo el letrado habilitado del gabinete jurídico de la Junta de Andalucia, José María Rodríguez de Cepeda, dijo en la primera mesa  que había ‘una clara colusión de empresas, y que “era preceptivo mandar la comunicación a la Agencia Andaluza de la Competencia“.  (Según declarará posteriormente ante la Policía el propio Rodríguez de Cepeda “un miembro de la mesa, Ernesto Esteso, representante del órgano de contratación de la Dirección General del Medio Natural, le contestó que no era necesario“.)

“Que ante esto – afirma en su declaración el funcionario denunciante- Antonio Martínez Lópcz dijo que eso no se iba a hacer, que en todo caso lo consultaría con la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, Asunción Alicia Lora López. Ahí terminó la primera mesa. El declarante firmó el acta, si bien su jefe Antonio Martínez López le cambió ocho o nueve veces la misma (afirmando que no le gustaba como estaba, hecho que le resulta paradójico, ya que cl secretario dcbe levantar acta, no firmar lo que le obliga su jefe)”.

Todo este relato deja en evidencia, a juicio de los investigadores, que existía verdadero interés en adjudicar el más importante lote a una determinada empresa, la cordobesa FAASA, la única que finalmente concurrió con posibilidades de llevarse la mejor tajada,  uno de los lotes que se llevó estaba tasado en en  43 millones de euros.

Llama poderosamente la atención las reiteradas referencias en la declaración del denunciante a la existencia de muchos “nervios” entre funcionarios responsables en los días previos a la adjudicación del concurso. Por ejemplo cuando su jefa directa le confirma que se repite, una vez más, la misma historia de años anteriores:

“Que ante esto Teresa se puso otra vez muy nerviosa, y le explicó que eso era precisamente lo que había pasado en 2013 y 2014, que solo se había presentado una empresa a cada lote, y que siempre ganaba FAASA. Que Teresa le preguntó si FAASA se lo había llevado todo (haciendo referencia a los cinco lotes), contestando el declarante que se había Ilevado tres lotes, a lo que Teresa le contestó que seguro que se había llevado el lote más gordo, extremo que era cierto” (…) “Que el declarante a partir de aquí consiguió no acudir a ninguna otra mesa, si bien recuerda que todos estaban nerviosos ante la publicación de la adjudicación de los lotes, que incluso cuando el 1 de junio publicaron en el BOJA las adjudicaciones tal y como las habían dejado, incluso Teresa dijo que “no tenían vergüenza”, se la veía muy nerviosa. Que fue cuando lo publicaron en el BOJA, al comprobar que lo habían adjudicado por el máximo del presupuesto de licitación, cuando el declarante puso los hechos en conocimiento del Juzgado”.  

El Presupuesto de licitación de los cinco lotes acescendía a un total de 69.886.206,00 euros (IVA excluido s/legislación vigente). Solo el lote Nº 5, adjudicado a FAASA en exclusiva, ascendía a 43.711.800,00 euros.

 

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Detalle del “tercer informe de investigación” de la Policia Judicial, incorporado al sumario a finales de 2015 donde se incide especialmente en la conexión FAASA-PSOE-A, que finalmente sería descartada por la propia Policía.

 

Sobre el polémico concurso en vigor actualmente, convocado por el gobierno presidido por Susana Díaz para el periodo del Infoca entre 2015 a 2018, habló en sede parlamentaria el 29 de marzo de 2016 el Consejero de Medio Ambiente José Fiscal a preguntas de la diputada de Podemos Mercedes Barranco. Sin querer el consejero entrar en consideraciones sobre la conexión andaluza con el Cártel del Fuego y la investigación judicial abierta, ni profundizar sobre la colusión de empresas, sí defendió Fiscal como “un gran ahorro” las nuevas contrataciones de la Junta para el Plan INFOCA 2015-2018.

 “Es decir -dijo José Fiscal literalmente desde la tribuna- si en 2012 el presupuesto aéreo para los medios aéreos del Plan Infoca era de 26.587.000 euros; en 2013 era ya de 23.414.000 euros; en 2014 la misma cantidad; en 2015, con el nuevo contrato ya el año pasado se reduce en casi doscientos mil euros más, lo cual va a seguir hasta 2017, estamos hablando de que entre el anterior concurso y el concurso nuevo, o contrato mejor dicho, entre el anterior contrato de medios aéreos y el vigente, de 2015 a 2018, la Junta de Andalucía, es decir, los andaluces, se van a ahorrar 16.219.794 euros. Es que esto es así, es que ahí están los contratos, los puede consultar cualquiera” afirmó el consejero, pasando de puntillas sobre la basura acumulada en el sumario por respeto, dijo, a la acción de la Justicia.

La interpelante Mercedes Barranco, sumario en mano, asestó al consejero y su partido un golpe bajo por el flanco político a propósito de las supuestas conexiones  del dueño de FAASA con el PSOE-A  afirmando esto:

“Y también hay un dato importante que apuntan los informes (policiales), y es que podría haber una relación de amistad entre el presidente de Faasa y el que fue vicepresidente (sic)  del PSOE de Andalucía, Rafael Velasco. (En realidad fue Secretario de Organización) Aquí también surge otra línea de investigación en la que se está investigando el posible desvío de fondos de una ayuda de Tamarit Campuzano, es decir, del presidente de Faasa hacia una empresa de la mujer de Rafael Velasco, a través de fondos de formación”. 

 

 

Tamarit Almagro: “En España es perfectamente legal una UTE”

 

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Miguel Ángel Tamarit Almagro, Vicepresidente Jr del Grupo FAASA.

 

Miguel Angel Tamarit Almagro es Vicepresidente Jr. de FAASA,  hijo del actual presidente y nexo de unión en la línea de gerencia entre las familias Tamarit-Almagro, propietarios del negocio. A preguntas de Confidencial Andaluz Tamarit deja claro que el sumario de Sagunto afecta “no solo a Faasa, sino a todo el sector” y respecto de la pieza judicial sevillana dice que es un tema del que desconocen todo, que es un asunto entre funcionarios, ya que en lo que se investiga no hay nada que les afecte. Que como siempre las cosas se hicieron ajustadas a la ley.  Recuerda que la supuesta conexión con Rafael Velasco es algo que la propia policía acabó descartando. Niega que la empresa familiar haya tenido o tenga vinculaciones o relaciones con partidos políticos como tales, que otra cosa son las relaciones institucionales, que es cierto que las mantienen. Todos los políticos, autoridades de distinto color, han pasado por sus instalaciones de Palma del Río, afirma, pero eso no quiere decir nada más que, como empresa importante, han mantenido y mantienen unas lógicas y correctas relaciones  con las instituciones y sus representantes, independientemente del partido que las gobierne.

Tamarit Almagro es perfectamente consciente de las fortalezas y debilidades de su propio sector; entiende que tienen un problema derivado de las pocas empresas existentes y de la temporalidad de la demanda en España. De ahí la aventura americana. Dice apostar por la transparencia absoluta en las relaciones con las administraciones y remite al Libro Blanco elaborado por el sector en el que se pretende dejar de manifiesto la realidad del mismo y la voluntad de los empresarios aeronáuticos españoles de cumplir con las leyes, garantizando al mismo tiempo la supervivencia del sector y sus servicios en su conjunto. Tamarit reconoce que los presupuestos de los concursos públicos han bajado en los últimos años entorno al 15% y que las estructuras de producción, aeronaves, mantenimiento, costes sociales etc, se han mantenido o incluso aumentado en algunos casos. Considera que siempre han sido pulcros y ajustados a la legalidad en su relación con las administraciones públicas. No entra en el fondo de la investigación judicial sobre el Cártel del Fuego, pero sí recuerda que en España es perfectamente legal la figura jurídica de la Union Temporal de Empresas (UTE).

Un ‘Cártel’ contra los intereses públicos.

 

“Cartel” o “cártel” está definido por el diccionario de la RAE, en su segunda acepción de carácter económico, como el “convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial”.

En Andalucía y otras CCAA, al calor de los presupuestos públicos destinados a la lucha contra los incendios forestales, según la Justicia, ha funcionado una banda organizada, un “cártel” integrado por seis empresas – denominado “Grupo 6” en la instrucción-  que, desde un discreto hotel de carretera, en un lugar de la Mancha, habrían planificado sus acciones encaminadas a crear una situación administrativa atípica y contraria a los intereses generales de tal forma que, poniéndose de acuerdo sus propietarios, concursaban en clara ventaja respecto al mantenimiento de las millonarias licitaciones pagadas con los impuestos de todos los ciudadanos. Todo políticamente justificado y administrativamente tolerado dado el carácter singular, de oligopolio,  de este sector en España.

Este escándalo de posible corrupción multimillonaria, presidido por los delitos de alteración del precio de las cosas y pertenencia a banda criminal organizada, está adornado además con una ristra de tipologías delictivas  duramente castigadas por el Código Penal español. Destacan las de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y mercantil y el delito de negociación prohibida a funcionarios públicos.

Así, el sumario abierto en el juzgado Nº 2 de Sagunto, tras tocarle en reparto en 2014 una denuncia de la Fiscalia Anticorrupción de Valencia, ha ido completándose con indagaciones en gran parte del territorio nacional como Valencia, Cataluña, Castilla La Mancha, Galicia, Baleares, Canarias, Castilla León, Extremadura y Andalucía fundamentalmente. Hablamos en esta extensa geografía de los  concursos convocados por los respectivos gobiernos autónomos porque si nos referimos a presupuestos estatales aparecerían como afectados ministerios de los gobiernos de España, Portugal, Italia y Chile.

En Valencia, el ex Consejero de Gobernación y ex Delegado del Gobierno del PP, Serafín Castellano Gómez, es el político más destacado que aparece como investigado. Un tipo de cuidado, según la instrucción. Se trata, según el juez, de uno de los personajes que más  se habría corrompido en sus manejos con uno de los empresarios de las avionetas contra incendios Vicente Huerta Dominguez,  dueño de Avialsa, que no reparaba en gastos y agasajos para quien firmaba con la bandera valenciana detrás; lo mismo pagaban una montería o cacería de jabalíes al consejero valenciano que le compraban un fusil para cazarlos o le colocaba como favor personal al presidente comarcal del PP, Francisco Huguet Queralt, a trabajar en una de las filiales de la compañía aérea. El sumario revela que la administración valenciana contra incendios era un auténtico gruyère, penetrado por los intereses del cártel.

 

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La prensa en Chile se muestra muy interesada en el seguimiento informativo de las actividades del “Cártel del Fuego” español.

 

En Chile la prensa ya se ocupa del ‘Cártel’ español

 

Hace solo un par de meses, el 10 de febrero pasado, el periódicos on line de El Mercurio –emol.com–  publicaba que  el cártel habría utilizado en Chile la misma técnica que en España :

De acuerdo a la indagatoria en Europa, se coludían para declarar desiertos los concursos y de esta manera aumentar su valor. En medio de las licitaciones, regalaban exclusivos vinos y productos gourmet a altos funcionarios públicos”.

Informaba el periódico además que “Martínez Ridao, Faasa junto a Inaer aterrizaron en Chile y lograron contratos en las regiones de Valparaíso, Maule, Biobío y La Araucanía. Las tres cuestionadas empresas operan, de acuerdo a la investigación que lleva adelante la justicia española, sobornando, coludiéndose para dividirse las zonas licitadas y, con ello, adjudicarse los millonarios recursos que pagan las organismos públicos”. De este asunto también se han ocupado otros medios de comunicación chilenos en los últimos meses.

Fuentes de FAASA aseguran respecto a la investigación chilena que la misma está propiciada por los efectos de lo que se tramita judicialmente en España; que según sus noticias no se ha abierto ningún procedimiento judicial y que solo se está en una fase de diligencias previas indagatorias.  De momento nadie les ha llamado a declarar al respecto, afirman.

Desde principio de este año 2017, el sumario que se instruyó en Sagunto, y dada la territorialidad de las acciones delictivas detectadas e investigadas, ha pasado a depender de la Audiencia Nacional, remitido por el Magistrado-Juez Héctor Ignacio Santamaría Ara, en un extenso auto inhibitorio de 65 folios  en poder de Confidencial Andaluz. No obstante parece que existen argumentos  jurídicos contra el envío del sumario a la AN, algo que está intentando, vía recurso, alguno de los investigados con el objetivo de que la causa se quede en Valencia.

El envío formal a la Audiencia Nacional se dio a finales del pasado año 2016 –  el juez lo firmó el 14 de diciembre- y, según dicho documento, estos son los investigados sospechosos en concreto de pertenencia a organización criminal y alteración de precios en concursos públicos:

1.- AVIALSA, T-35, siendo el beneficiario el socio único, VICENTE HUERTA DOMINGUEZ, si bien, siendo partícipe en el mismo, FRANCISCO ANTONIO ALANDI ESCRG; 

2.- FUMIGACION AEREA ANDALUZA, S.A., (FAASA), representando a la misma, MANUEL GONZALEZ GABALDON, HECTOR TAMARIT ALMAGRO, MIGUEL ANGEL TAMARIT CAMPUZANO y, JAVIER ORTIZ MARTIN; 

3.- COMPAÑIA DE EXTINCION GENERAL DE INCENDIOS, S.A., (CEGISA), que del mismo modo incluía a las siguientes; INAER AVIONES ANFIBIOS, S.A., INAER HELICOPTEROS, S.A., HELICSA HELICOPTEROS, S.A. y TRANSPORTES AEREOS DEL SUR, S.A., representando a la misma, RUBEN MARIANO GARCIA PASCUAL y JAIME ARQUE GINERNAU; 

4.- MIGUEL ANGEL MARTINEZ RIDAO, no solo como empresario individual, sino del mismo modo respecto de MARTINEZ RIDAO AVIACION, S.L., y SERVICIOS AEREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRICOLAS, S.L., en adelante (SAETA), representadas por aquél, y por MIGUEL ANGEL MARTINEZ BONILLA; 

5.- TRABAJOS AEREOS ESPEJO, S.L., representada por FERNANDO ESPEJO DELGADO; 

6.- TRABAJOS AEREOS EXTREMEÑOS, S.L., compareciendo en representación de la misma, SANTIAGO EDUARDO GARCIA CID, en lo que se refiere a la llamada “Asociación” o “Grupo 6”, si bien, también gira en torno de las siguientes empresas, en cuanto a servicios de que le son accesorios; 

7.- ASOCIACION ESPAÑOLA DE COMPAÑIAS AEREAS, (AECA), representada por Dámaso Castejón Amenedo; 

8.- HELICOPTEROS SANITARIOS, S.A. representada por María José Cañete Sánchez; 

9.- COYOTAIR, S.A. representada por Francisco Lucas Muelas;
10.- SKY HELICOPTEROS, representada por Josep Teno Pujol;
11.- HELICOPTEROS DEL MARE NOSTRUM, S.A., representada por José María  Montalt Saurí;
12.- TAF HELICOPTERS, S.L., representada por Josep Carol Quintan;
13.- HISPANICA DE AVIACION, S.A. representada por Francisco Julián Ríos Campuzano;
14.- SOCIEDAD AERONAUTICA PENINSULAR, (SAP AVIACION SA), representada por Antonio Miguel Román Guillén. 

 

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La sede mercantil del Grupo FAASA en la localidad de Palma del Río en Córdoba, pueblo andaluz en el que según la instrucción judicial se creó en 2001 el ‘Cártel del Fuego’.

 

Según escribe el magistrado en su auto inhibitorio a la AN  “existen indicios racionales de criminalidad de la participación de empresas, y/o en su caso, personas físicas, afectas a las empresas, partícipes en los hechos objeto de investigación, las cuales crearon una “Asociación” ficticia a efectos legales, a partir del año 2001 en Palma del Río, hospedándose de manera concertada normalmente en el Hotel El Cruce de la localidad de Manzanares, (Ciudad Real), constituyendo la misma, las empresas y las personas físicas, que representan a las mismas”.

“Se concertaban – afirma el instructor- en relación a los concursos públicos tanto nacionales como autonómicos, en cuanto a concursos públicos de aviones de ala fija, sino también inclusive a nivel internacional, sea el caso de Portugal, Italia y Chile, cuyo “Grupo 6”, amén de orquestar sus propias normas contrarias a los principios de la libre competencia, como respetar a toda costa sus áreas de influencia, es decir, CCAA y concursos en el extranjero, se liquidaban de manera anual por diversos conceptos entre las mismas, llamando poderosamente la atención, en lo que se refiere, a la liquidación a favor de una empresa en concreto TAEXSA, de indemnizarle entre las empresas que formaban el “Grupo” por dos años la cantidad de 100.000 euros/año, por no presentarse a concursos públicos, en relación a una aeronave, así como satisfacer a otra empresa entre todas” 

Según la instrucción del juez todo quedó previsto en aquella reunión fundacional del Grupo en el arranque del otoño de 2001, donde se dejó escrita esta cláusula de obligado cumplimento por los entonces cuatro integrantes del Cártel:

“Se acuerda respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público, en el bien entendido que no deben mezclarse los nuevos concursos con la prioridad en el crecimiento de la flota que ya ha quedado decidida en el apartado segundo. Eso quiere decir que si sale un nuevo concurso promovido por la empresa X que supone un crecimiento de la flota contratada en una unidad, esa empresa será la que se presente al concurso pero con el avión que le corresponde como crecimiento de flota a la empresa que le toque crecer (empresa Y)”.  

Efectivamente el documento fue firmado el 20 de septiembre de 2001 en Palma del Río, por Miguel Angel Tamarit Campuzano, representando a FAASA, por Vicente Huerta Domínguez, representando a AVIALSA, por Fernando Espejo Delgado, representando a TRABAJOS AEREOS ESPEJO, y por Ángel Martínez Riado, representando TRABAJOS AEREOS MARTINEZ RIDAO.

 

EL “GRUPO 6”, SEGÚN EL JUEZ

 

1.- AVIALSA, T-35, siendo el beneficiario el socio único, esto es, VICENTE HUERTA DOMINGUEZ, si bien en ocasiones acudían trabajadores por cuenta ajena en interés de la empresa, siendo estos, PATRICIA CABELLOS GONZALEZ o CARLOS CRAVEIRO, o el gerente de la misma FRANCISCO ANTONIO ALANDI ESCRIG.
2.- FUMIGACION AEREA ANDALUZA, S.A., en adelante (FAASA), representando a la misma, MANUEL GONZALEZ GABALDON, HECTOR TAMARIT ALMAGRO, MIGUEL ANGEL TAMARIT CAMPUZANO, y como apoderado JAVIER ORTIZ MARTIN, la cual del mismo modo incluía en los acuerdos a HELIDUERO, la cual fue absorbida por FAASA. En lo que se refiere a MANUEL GONZALEZ GABALDON el mismo, ejercía funciones de secretario de la Asociación, redactando las actas.
3.- COMPAÑIA DE EXTINCION GENERAL DE INCENDIOS, S.A., en adelante (CEGISA), que del mismo modo incluía a las siguientes; INAER AVIONES ANFIBIOS, S.A., INAER HELICOPTEROS, S.A., HELICSA HELICOPTEROS, S.A. y TRANSPORTES AEREOS DEL SUR, S.A., representando a la misma, RUBEN MARIANO GARCIA PASCUAL y JAIME ARQUE GINERNAU, que se incorporó a la “Asociación” el 15/12/2003.
4.- MIGUEL ANGEL MARTINEZ RIDAO, no solo como empresario individual, sino del mismo modo respecto de MARTINEZ RIDAO AVIACION, S.L., y SERVICIOS AEREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRICOLAS, S.L., en adelante (SAETA), representadas por aquél, y por MIGUEL ANGEL MARTINEZ BONILLA.
5.- TRABAJOS AEREOS ESPEJO, S.L., representada por FERNANDO ESPEJO DELGADO.
6.- TRABAJOS AEREOS EXTREMEÑOS, S.L., compareciendo en representación de la misma, SANTIAGO EDUARDO GARCIA CID, que se incorporó a la “Asociación” en el año 2008.

 

El  ‘Cártel del Fuego’  a debate  hace un año en el Parlamento 

 

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 José Fiscal:

“Es imposible que las empresas dispongan de todas las aeronaves que requiere una licitación”.

mercedes_barranco_podemos_webMercedes Barranco:

“Entiendo que la colusión de empresas, si se ha producido en Andalucía, no es lo más beneficioso para las arcas públicas”.

 

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OPINIÓN

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Comisiones envenenadas y parlamentos irrelevantes

Pablo Gea.- Microcosmos perfecto de los vicios de la política española que contemplamos con pesar.

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Europa se la juega en Francia

Ramón Triviño.- Apasionantes comicios, en los que sin lugar a duda, está en juego, no sólo el futuro de Francia, sino también el del conjunto de Europa.

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La República es posible

Víctor Arrogante.- Fernando Valera en julio de 1977: «hasta aquí hemos resistido sin renunciar nunca, la Segunda ha caído, ¡Viva la Tercera!»

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incidentes:el Postigoi:GranPoder

Maratones de pánico

Clara Guzmán.- Terrorismo callejero si no habláramos en lenguaje políticamente correcto todo el día, como si bailáramos un minué.

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A juicio un ex Secretario de Ideas de Susana por ‘prevaricación y malversación’

Jorge Colipe.- 184 viajes a Madrid y Sevilla, comilonas, gin tonics, gastos sin control que fueron puestos en manos de Fiscalía por la oposición.

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Lo de Ausbanc en la RTVA fueron ‘actos publicitarios’ según Fiscalía

Pepe Fdez.- 119 años pide Fiscalía para el líder de Ausbanc, según el escrito de acusación donde se dice que Pineda usó la RTVA para ‘actos publicitarios’.

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La ‘incertidumbre fea’ que tiene Alaya

Pepe Fernández.- La jueza Alaya tiene una ‘incertidumbre fea’ ante la sentencia de los Eres el año que viene. Pone el parche antes de que salga el grano.

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El juicio

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