La empresa pública estatal Acuamed intentó ‘salvar’ el fiasco de la desaladora de Rambla Morales en Almería, obra del PSOE, ofreciendo menos de la mitad de los 120 millones que costó.
Todo ello sucedía mientras La Caixa procedía contra los regantes para ejecutar los avales del préstamo otorgado a cambio de la titularidad de sus fincas y producciones.
Hace tres años, el Director General de Acuamed, el detenido Arcadio Mateo del Puerto, se reunió en Almería con Gabriel Amat y Rafael Hernando para estudiar y analizar la situación hídrica y “priorizar los proyectos en materia de agua en la provincia de Almería”
La empresa Acuamed, a través de su representante socialista de entonces en Almería, apareció en el sumario de la Operación Poniente que se sigue instruyendo después de 8 años.
Entre los detenidos aparece el empresario sevillano Manuel Moreno Maestre, investigado en el sumario por el Caso Marismas.
La empresa pública Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) está desde ayer en el ojo del huracán judicial y, por tanto, abierta en canal ante la opinión pública. Detenciones y registros fueron el arranque de una operación judicial de cuyo desenlace final parece que puede ir para largo. 13 detenidos, entre ellos su Director General, Arcadio Mateo del Puerto, y casi cuarenta investigados (antiguos imputados) en una macrooperación ejecutada por la UCO de la Guardia Civil en gran parte del territorio nacional dirigidos desde la Audiencia Nacional por el Magistrado Eloy Velasco. Se da la circunstancia de que entre los detenidos figura el empresario sevillano Manuel Moreno Maestre, cónsul honorario de Turquía en Sevilla, un tipo bien relacionado con la Consejería de Agricultura de la Junta y uno de los investigados (antes imputados) en el denominado Caso Marismas.
Las primeras noticia relacionadas con este fenomenal escándalo de corrupción con dineros públicos apuntan que, solo en la falsificación a la alza de certificaciones de los materiales de menor calidad, se estiman de momento en 25 millones de euros los que se habrían evaporado.
Los primeros pasos de la investigación judicial han supuesto baldear una serie de plazas muy concretas, Madrid , Valencia y Murcia, con registros a fondo en las oficinas respectivas de la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. La operación se ha quedado justo en los límites de la provincia de Almería. No convendría descartar que, a estas alturas, ya los hubiese traspasado en la documentación que maneja la Justicia.
En Almería, como en Granada y Málaga, la empresa Acuamed es bien conocida en tanto que son provincias de la cuenca mediterránea y entran en su campo de actuación. La empresa pública, que se asemeja y mucho al funcionamiento de una del sector privado pero en sus peores registros, ya sea con gobierno del PSOE ya con uno del PP, forma parte de una de las piezas fundamentales de un completo engranaje de intereses por el control del agua potable, el más preciado valor del mercado a medio y largo plazo. (Hay quien piensa que hoy ya empieza a serlo).
Precisamente por esta circunstancia de omertá política en la gestión de Acuamed, ha llamado la atención el paso dado por Pedro Sánchez que no es otro que reclamar, por vez primera, que una ministra en funciones comparezca en sede parlamentaria para dar cuenta del escándalo Acuamed. Pedro Sánchez y el PSOE saben, perfectamente, que los gestores que ellos nombraron en el gobierno Zapatero difícilmente soportarán el rigor la lupa del Juez Velasco y la UCO desde la Audiencia Nacional.
De Acuamed y su representante en Almería se habló y mucho en el sumario de la denominada Operación Poniente, cuya vista oral tras casi ocho años de instrucción aún no está fijada. No conviene olvidar, además, los intereses del Grupo Abengoa en el negocio del agua, como tampoco conviene olvidar la construcción de dos faraónicas desaladoras – Carboneras (PP) y Rambla Morales (PSOE)– una de las cuales, la promovida por intereses socialistas, resultó un auténtico fiasco de 120 millones. Tanto los que habían metido la pata (como la mano en el presupuesto) intentaron colársela a Acuamed que la llegó a valorar en menos de la mitad de lo que pedían los regantes, la mayoría en procesos de embargo por parte de La Caixa, entidad que apadrinó financieramente la operación. El asunto Rambla Morales es uno de esos escándalos judicializados en Almería que lleva años en algún juzgado sin que se haya podido constatar ningún tipo de avance.
No obstante, no descartemos que la acción de la Justicia en este caso, y puestas como están las cosas en la sociedad española de hoy, siga y llegue hasta el fondo sin obstáculos de algo que parece una trama de corrupción sistémica, incrustada en las esencias mismas tanto del impulso político dado desde los gobiernos del PSOE y PP a Acuamed, como de la forma de gestionar una porción importante del patrimonio de todos. Y no puede descartarse que el oriente andaluz tenga protagonismo en este sumario. Observación y lógica son la clave para poder aventurarlo. De momento hay constancia de que Acuamed ha chapoteado en las turbias cloacas almerienses. Por ejemplo en el caso Rambla Morales.
El Sismógrafo 7 de octubre de 2010
Recupero de la hemeroteca un artículo que publiqué el 7 de octubre de 2010 y donde aparece Acuamed negociando resolver corrompidas realizaciones millonarias en la provincia de Almería.
En una de las conversaciones del Tomo XV del sumario levantado de la Operación Poniente, Pepe Alemán, habla con un tal “Francisco”, (Palau), según escribe el policía que transcribe hechos y situaciones, no palabras literales. Planifican un almuerzo entre ambos en el restaurante Sevilla y el Interventor de El Ejido le pregunta si va a traer a “la persona” de la Comunidad de Rambla Morales a lo que Palau le responde que todavía no, que debe andarse con mucho tiento -esa persona- ya que confía en ella la actual Junta Directiva y nadie puede saber que tiene reuniones al margen de los demás. (Se supone que de los miembros o directivos de la Comunidad de Regantes de Rambla Morales). No se cita ningún nombre de “la persona”, solo se dice que “lleva” la Comunidad, ayudado por un abogado y se afirma que también está metido “de por medio” el sindicato Asaja.
Esta quizá sea una de esas conversaciones que algunos de los abogados de las partes personadas deseen cotejar, o lo que es lo mismo, escucharla con detenimiento ya que el asunto de Rambla Morales, trece meses exactamente después de aquella charla, empieza a adquirir tintes de escándalo político y quizás del otro.
A las denuncias públicas a través de los medios de comunicación y ante la misma Fiscalía de Almería de uno de los comuneros, ha respondido también la actual directiva con denuncias en los tribunales. De momento el comunero va perdiendo ya que ha sido condenado la pasada semana a pagar 250 euros por llamar “chorizo” al presidente de la Junta Directiva en un comentario en su muro del Facebook.
Pero viene de camino una querella, parece que más extensa y que previamente, según el comunero, habrían intentado “negociar” con él a cambio de que retirase sus denuncias ante Fiscalía por supuesta corrupción y ocultismo en las finanzas de la desaladora. Cambalache al que se habría negado tras sufrir cortes del suministro de agua a su pequeña explotación y recibir amenazas directas e indirectas, según ha declarado el pasado martes a Onda Cero Almería.
Desaladora socialista
La desaladora de Rambla Morales, propiedad de la Comunidad de Regantes privada más numerosa de Europa, nació en términos políticos como un proyecto impulsado por el PSOE, frente a la desaladora pública de Carboneras, que fue obra del gobierno del PP. Al frente de la idea, políticamente hablando, se situó desde el primer momento el secretario general del PSOE en Almería, Martín Soler. A Soler, como biólogo de profesión, le tiene que apasionar el agua y como político el poder que da el control del agua. Especialmente en la provincia más desértica de España.
Por cierto, que hasta hace un par de semanas parece que albergó la ilusión de ocupar un nuevo cargo relacionado con la gestión de los recursos hídricos andaluces y de varias comunidades autónomas. Nada más y nada menos que presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con sede en Sevilla. Según fuentes socialistas Soler logró algunos apoyos en Madrid para ese nombramiento que dependía del Ministerio de Medio Ambiente y que incluso llegó a hablar con la propia ministra a la que se ofreció para el cargo. También parece cierto que la ministra recabó informes al respecto en Almería, informes que lógicamente llegaron a Madrid y por escrito. El 1 de octubre era nombrado un veterano al servicio del Estado, Joaquín Castillo Semper, de probada eficacia como funcionario de alto nivel y contratada lealtad al proyecto socialista.
Soler, al comenzar la primera década del siglo, impulsa Rambla Morales que inicialmente iba a suministrar 30 mil metros cúbicos de agua desalada, pero finalmente se encarece el proyecto y se opta por un modelo que pueda fabricar el doble, 60 mil. A día de hoy nadie se explica cómo y por qué se abordó una obra faraónica de unos 120 millones de euros de coste, cuando la demanda actual y el consumo se sitúa más cerca de los treinta que de los sesenta mil metros cúbicos.
La comunidad de regantes, pequeños, medianos agricultores y también las sociedades mercantiles con propiedades e intereses en la zona, afrontaron el capítulo financiación solicitando un crédito. Se negoció con Caja Sur, pero acabó haciéndose la operación con La Caixa. Ni Unicaja ni Cajamar vieron negocio con el insólito argumento sotto vocce de que ambas entidades no se la jugaban en negocios de desarrollo inmobiliario. También parece que coincide en el entorno de la desaladora intereses urbanísticos y de campos de golf.
La Caixa y los regantes
Es cuando la comunidad de regantes se entrampa, hipoteca sus tierras, sus producciones y a cambio La Caixa les concede un crédito de unos 102 millones de euros. Dinero que ahora, cumplidos los plazos para devolverlo, reclama con buenos modales, pretendiendo que paguen poco a poco, incluso después de que se jubile más de uno y más de dos comuneros.
Junto al crédito de La Caixa, con el apoyo político de Soler ante la Junta de Andalucía, logran, además, subvenciones públicas andaluzas y europeas por un montante de unos 25 millones de euros. Dinero más que suficiente para afrontar la construcción de la desaladora cuyo proyecto mereció severas críticas iniciales de grupos ecologistas que, misteriosamente, se fueron acallando y silenciando conforme la construcción avanzaba y el tiempo pasaba.
A todo esto, el político impulsor, Martín Soler, había tenido que salvar algunos obstáculos internos, incluso en la propia ejecutiva provincial siendo Manolo García Quero y Juan Antonio Segura dos de los que se opusieron en su día a lo de Rambla Morales tal y como finalmente quedó planteada.
Soler cuidó, siguió, mimó y protegió el proyecto de forma increíble y extraordinaria; para muchos Soler pretendía con aquella obra pasar a la posteridad ante sus paisanos, por eso estaba en todo, cuenta uno de los comuneros. Tanto siguió de cerca el día a día de Rambla Morales, aseguran, que nada de lo que allí se hacía le era ajeno al máximo dirigente socialista almeriense. Hasta el hombre destacado en Rambla Morales de la multinacional Técnicas Reunidas, la ejecutora del proyecto, iba diciendo que era “un hombre de Martín y amigo del partido” .
Pero aquello, al cabo de pocos años, tal y como muchos vaticinaron sin que se les hiciese caso, resultó una operación fallida desde varios puntos de vista. Sobre todo desde la perspectiva económica, insostenible según la opinión de todos y que ha colocado la extraordinaria inversión privada y pública poco menos que el el mercadillo de las subastas.
A todo esto La Caixa ha seguido apretando con dulzura letal a los modestos agricultores regantes, intentando lógicamente salvar lo suyo, mientras que la única salida en la que parece trabajar la directiva es en la venta de la desaladora a la empresa pública Acuamed. Todo ello parece que mezclado con asambleas donde los directivos dicen que informan sobre la venta, pero nadie se entera.
Acuamed confirma los contactos
La máxima ejecutiva de la empresa pública estatal de aguas, ha manejado públicamente criterios de rentabilidad económica como condición para adquirir finalmente la desaladora que, desde luego, parece que no vale lo que se ha invertido. Eso explicaría cómo se están solicitando compromisos con futuros y potenciales clientes de comunidades de regantes de la zona, una de ellas la de Cuatro Vegas, que posee abastecimiento suficiente procedente de la depuración de aguas de Almería. Acuamed, en esta negociación tan discreta y larga, discute la mayor y rebaja sensiblemente la cifra del valor invertido a la mitad, según dicen los comuneros.
Consultada oficialmente la empresa Acuamed, dependiente del ministerio de Medio Ambiente, su portavoz oficial, ha confirmado que las conversaciones continuaban para la posible compra y que esas negociaciones no habían terminado ni mucho menos. Al mismo tiempo la portavoz de Acuamed manifestó que su empresa consideraba que la mejor política de comunicación en este tema era no hablar públicamente del asunto y llevarlo con la máxima discreción y sigilo. Una situación verdaderamente insólita, máxime cuando se está hablando de la adquisición de un bien privado con dinero público.
Un proceso de venta que viene de lejos. De hecho, como se indicó al principio, hace un año en las conversaciones del Poniente ya era objeto de atención la venta de la desaladora, precisamente con el empresario catalán Francesc Palau de por medio, contratado a su vez para servicios de contable en la administración de la desaladora.
¿Existen conexiones, a través de Rambla Morales, entre el Levante y el Poniente, pasando por Almería y el apasionante mundo de los impuestos? Esa es una de las interrogantes que se se abre paso entre las acusaciones jurídicas personadas en la OP, objetivo, por tanto, de la revisión de grabaciones recientemente facilitadas y no requisadas por la Juez Peña.
Pero de momento nadie responde a la gran pregunta que los comuneros trasladan a los sucesivos responsables de la gestión en estos años, a los fiscales y a los representantes políticos : ¿Dónde está el dinero, ciento veinte millones, que dicen que se ha invertido en la desaladora de Rambla Morales?