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El clientelismo institucional, en el banquillo

Fue en la primavera de 2011 cuando, gracias a la denuncia de los empresarios del Grupo La Raza que negociaban una subvención de la Junta para su escuela de hostelería y a los que se les pidió una comisión para el PSOE, cuando saltó a los medios de comunicación y, por lo tanto, al conocimiento de los andaluces, el mayor escándalo de corrupción política que ha marcado los últimos años del poder socialista en la Junta de Andalucía. Un escándalo, el de los EREs fraudulentos, cuyo juicio oral acaba de iniciarse en Sevilla con dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, una exministra, Magdalena Álvarez, y más de una veintena de consejeros y altos cargos, sentados entre los acusados de haber desviado presuntamente por intereses puramente partidistas 855 millones de euros a fines distintos a los que deberían de haber estado destinados.

Han sido siete años de complicada instrucción judicial trufada de presiones de la Administración andaluza, de reiteradas negativas a coloborar con la Justicia que provocaron que la primera juez instructora, Mercedes Alaya, tras una ingente labor de investigación no siempre comprendida, muchas veces criticada y casi siempre boicoteada por la Junta, tuviese que abandonarla para dejarla en manos de María Núñez Bolaños, una magistrada más afín a las tesis mantenidas por la Junta. Todo el procedimiento judicial de los EREs se ha visto trufado de golpes de efecto, de sorpresas, de escandalosas declaraciones que rozaban la picaresca más cutre y zafia (“tengo dinero para asar una vaca” decía uno de los imputados) y veladas amenazas del poder ejecutivo sobre la independencia judicial que han convertido el “Eres-gate” en todo un compendio del Patio de Monipodio en el que se había convertido la política andaluza tras casi cuarenta años continuados de monocolor gobiernos socialistas y de la torticera utilización del presupuesto público de todos los andaluces para mantenerse en el poder.

Ninguno del resto de los imputados irá a prisión. Al tiempo. A lo sumo algunos tendrán que pagar alguna multa o fianza.

Los más optimistas no esperan que el juicio que se inició en la Audiencia el miércoles 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía, acabe antes del verano del año próximo. Por mi parte apostaría porque la gran mayoría de los imputados, más de doscientos, sobre todo aquellos que ahora se sientan en el banquillo de los acusados, salgan condenados. Ni Manuel Chaves, ni José Antonio Griñán, ni Magadalena Alvarez, ni Gaspar Zarrías, ni Carmen Martínez Aguayo, ni Francisco Vallejo, ni José AntonioViera, ni Antonio Fernández, ni ninguno del resto de los imputados irá a prisión. Al tiempo. A lo sumo algunos tendrán que pagar alguna multa o fianza si, como en el caso de Fernández, de Guerrero o de algún otro “listillo” que se haya aprovechado de que el Pisuerga pasaba por Valladolid para llenarse los propios bolsillos con dinero ajeno, las evidencias de delito son claras y no han prescrito.

Yo estoy convencido de que ninguno de los principales imputados en esta macrocausa (Chaves, Griñán, Magdalena, Zarrías, Martínez Aguayo, Viera o Vallejo) se han embolsado un euro del dinero de los EREs. Me cuentan que alguno de ellos está pasando por verdaderos problemas económicos para poder pagarle a los abogados que los defienden. Otra cosa muy distinta es que hayan permitido, con su acción o su omisión, que millones de euros se hayan perdido en las cloacas para pagar costes de reveses electorales o favores más o menos partidistas.

Sean o no finalmente condenados los dirigentes políticos que ahora son juzgados, lo impòrtante de este juicio de los EREs es que va a poner en evidencia un sistema corrupto.

 

Con todo, lo importante de este juicio no son los nombres de los imputados, que también, ni los cientos de millones de euros defraudados a una comunidad pobre y atrasada que encabeza el ranking de parados de toda Europa, lo fundamental de este proceso es que, por primera vez en la historia democrática de este país, es todo un sistema el que se sienta en el banquillo, una forma de gobernar basada en el clientelismo y las subvenciones públicas amañadas que han  provocado que Andalucía sea considerada por buena parte del resto de España el paraíso de los vagos, reafirmando el manido tópico que propagó el PER y que es una losa que nos ha marcado durante muchos años a los trabajadores de esta tierra.

 

Sean o no finalmente condenados los dirigentes políticos que ahora son juzgados, lo impòrtante de este juicio de los EREs es que va a poner en evidencia un sistema corrupto, una forma decimonónica y caciquil de hacer política que los andaluces deberíamos de haber superado hace ya muchos años y que, visto lo visto en el actual panorama político, se seguirá perpetuando en el tiempo al menos una par de legislaturas. Susana Díaz va a ver los toros desde la barrera sin querer mancharse la ropa, pero es posible que pueda recibir alguna cornada de refilón si algunos de los implicados saca a relucir sus filias y sus fobias contra una dirigente socialista que siempre se ha puesto de perfil o le ha dado la espalda a muchos de los que la auparon al poder. Habrá que estar atentos al desarrollo de los acontecimientos. Podrían producirse algunas inesperadas y desagradables sopresas para intocable y todopoderosa diosa de Andalucía.