El PSOE y la Comisión de la Verdad

Si hay algo que caracterizó el Franquismo fue una relectura de la Historia interesada. A diferencia de otros regímenes autoritarios, como puedan ser las dictaduras militares latinoamericanas o los populismos oriundos también del continente, que son con los que más semejanzas cuenta, la dictadura franquista pretendió emplear la Historia para autolegitimarse. Con mayor o menor fortuna, escogió del pasado lo que le interesó, lo retorció, lo manipuló y lo presentó bajo una fórmula apta para el consumo. Ni Franco ni sus capitostes eran idiotas. Sabían perfectamente que carecían de la más mínima legitimidad política -que no social, para algunos- y que la de las armas se agotaba a poco que se insistiera en ella.

Ahora salvando las distancias, los herederos del Franquismo, que no son otros que el PSOE, PODEMOS, Izquierda Unida, los Nacionalistas y sus marcas blancas, buscan perpetuar su propia visión de la Historia imponiéndola por ley. 

Porque, a fin de cuentas, los métodos dictatoriales hacen iguales a quienes los aplican, por muy diferentes que puedan parecer -a primera vista- sus ideologías políticas. Amparándose en recuperar la memoria y el recuerdo de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura junto con sus cuerpos enterrados en cuentas anónimas, son los primeros que traicionan tan noble objetivo convirtiéndolo en mera propaganda justificativa de métodos no democráticos muy similares a los empleados por los golpistas. Sean quienes sean. Porque, ya que hablamos de legitimidades, abarquémoslo todo, y no lo que a los manipuladores interese. Porque ahí está el Golpe de Estado de Octubre de 1934 del PSOE y la Generalitat catalana, junto con sus aliados anarquistas y comunistas, contra el Gobierno de la República, que desencadenó en Asturias una guerra civil que hizo necesaria la intervención del Ejército. Porque ahí está que tanto Manuel Azaña (de Acción Republicana) como Juan Negrín (del PSOE) intentaran que las autoridades invalidaran las elecciones que habían perdido y disolvieran el Parlamento. Porque ahí está que el Frente Popular se hizo con el poder por medio de un pucherazo en Febrero de 1936. Porque ahí está que su gobierno se convirtió en una Convención Jacobina que violó las libertades civiles más básicas, encarceló a los opositores políticos y procedió a disolver las formaciones políticas rivales. Porque ahí está que durante la guerra el Gobierno del Frente Popular y los partidos que lo componían se pusieron las botas matando, siendo directamente responsables de una de los asesinatos en masa más espeluznantes de la Historia de España, las Matanzas de Paracuellos del Jarama.Y podríamos seguir. Pero queda claro que en esa guerra entre hermanos, nuestra mayor vergüenza, ninguno de los bando en liza tenía legitimidad para hacer nada ni defendía la democracia.

Porque en el PSOE y en sus formaciones aliadas saben esto, tienen que recurrir a la maniobra liberticida de crear una ley de ‘Memoria Histórica’ que imponga su versión de los hechos, que no es más que propaganda, exigiéndola por ley y judicializándola, arrebatando así a los investigadores la capacidad para ir alumbrando lo que de verdad ocurrió. 

La nueva norma que se prepara, cuya Proposición de Ley analizamos en este medio desafía todos los límites que el Estado de Derecho impone a los partidos políticos para utilizar las instituciones públicas como sus agencias de prensa particulares.Y les funciona. Porque de otra manera es inconcebible que la gente no haya salido a la calle ya a exigir la dimisión del Gobierno tan sólo por esto -hay muchas más razones- y a reivindicar sus libertades totalmente yuguladas los este texto legal. Si alguien lo lee, comprobará que todo lo que contienen son sanciones con penas de años de cárcel, años de inhabilitación y multas gravosas para quienes se manifiesten de alguna forma por medio de acciones, expresiones, escritos o cualquier otro, opiniones diferentes a la ‘verdad’ que los perdedores de la guerra, con todo el revanchismo y el odio del mundo, quieren encajar por la fuerza en la sociedad española. Sanciones dirigidas, ojo, a “Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española o del franquismo por su condición como tales.” Es decir, a cualquiera que discrepe de la versión que impone la ley.

¿Cómo, de otra forma, puede concebirse que se vaya a crear una orweliana ‘Comisión de la Verdad’ jurídica y judicialmente vinculante para tasar una verdad única sobre un hecho histórico?

¿Es que hemos olvidado que son los profesionales de la investigación histórica los que deben tener la libertad para realizar sus trabajos sin que el Gobierno los censure o los cuarte? ¿Es que estamos dispuestos a que la libertad de pensamiento, crítica o cátedra quede cercenada por unos partidos políticos que pretenden multar, inhabilitar y meter en la cárcel a quien se niegue a aceptar sus mentiras? Dado que para ellos cualquiera que no piense como ellos es un franquista, un fascista o un nazi, todos sabemos que pretenden cuando en su Proposición de Ley se incluye que “Serán declaradas ilegales las Asociaciones y Fundaciones que públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil Española y el franquismo por su condición como tales, o que realicen apología del franquismo, fascismo y nazismo.”  Esto es, cualquiera que difunda un mensaje o tenga un planteamiento diferente a la versión que impone la ley. Versión, además, que deberá implementarse en las Escuelas.

En definitiva, se trata dehacer lo mismo que hizo el franquismo para imponer su verdad: eliminar la libertad de expresión e investigación y meter en la cárcel a quien no esté de acuerdo.

La destrucción del patrimonio histórico tan sólo es la guinda del pastel del Historicidio. No en vano, intelectuales como el historiador Stanley G. Payne, el filósofo Fernando Savater, el ensayista Antonio Escohotado o el histórico socialista Joaquín Leguina, entre muchos otros, han firmado un manifiesto contra esta reforma de la Ley de Memoria Histórica al cual me sumo. No deja de ser paradójico que se trate de una medida calcada a la de algunos gobiernos reaccionarios de Europa del Este, que buscan distorsionar su pasado bajo las dictaduras comunistas impuestas por la Unión Soviética cuando Stalin se hizo con medio continente después de 1945 cuando los Aliados Occidentales le arrebataron Europa a un genocida para entregársela a otro, o directamente eliminar esa etapa de la Historia de recuerdo de la población.

La Historia no puede ni va a desaparecer. Todo lo que podemos aspirar a hacer es aprender de ella.Y aprender de la Historia es una experiencia que sólo puede tener lugar un clima de libertad crítica y de pensamiento. Aunque al PSOE y los suyos esto les de igual, empeñados en levantar una cortina de humo para esconder sus gravísimas irregularidades legales, sus casos de corrupción y sus violaciones de las libertades civiles.Como el Frente Popular en 1936. Puede que sí tengan razón al identificarse con ellos.