El riesgo de pisar Barcelona

Entre las múltiples acepciones encajables en el concepto de seguridad, la más genérica y simple sería la minimización de los riesgos. Noción especialmente aplicable a la seguridad pública, en cuyo análisis tanto los datos como su percepción son esenciales.

Según datos del ministerio del interior, Cataluña es la comunidad autónoma en la que más están creciendo los ilícitos penales (11%). Asimismo, Barcelona encabeza la estadística de la criminalidad en España, con un crecimiento del 30% (declaración del director de los Mossos en la SER el pasado viernes). En lo que va de 2019, ha habido allí más asesinatos que en todo 2018. Año éste en el que, con respecto a 2017, el índice de criminalidad ya se había incrementado en un 18%; el de hurtos en un 17%; el de los delitos sexuales en un 18,7%; y el de los robos con violencia en un 20,3%. Y aunque la alcaldesa Colau, con su característica desfachatez, valore los hechos como “puntuales” cabría añadir la proliferación, entre otros, del tráfico callejero de drogas, de narcopisos, de incidentes con armas de fuego y de bandas organizadas. En la prensa alemana se califica a Barcelona como “la ciudad del crimen” y, en la italiana, se alerta sobre la inseguridad allí.

La percepción es medular en el concepto de seguridad. Y pisando Barcelona se percibe rápidamente el clima de inseguridad. Peleas, robos y agresiones se suceden diariamente en sus calles. Los sufridos y hospitalarios barceloneses perciben asimismo cómo crece la implicación de inmigrantes en muchos de los desmanes; o la de manteros crecidos; o la de una creciente nómina de malhechores, que se refocilan en la reincidencia delictiva impune. Caos apadrinado por autoridades catalanas. Baste recordar, por ejemplo, cómo una representación del llamado “sindicato de manteros”, buscando abrigo para su ilegal actividad, se entrevistó, en el verano del año pasado, en el parlamento catalán, con su presidente, Torrent. Quién será el siguiente protegido: ¿el gremio de violadores por la paz?; ¿la asociación unificada de carteristas?; ¿la agrupación catalana de narcotraficantes”?…

La conjunción de mononeuronales separatistas y podemitas en las instituciones catalanas, engorda en Barcelona la crisis de seguridad. La maquinaria policial, Guardia Urbana y particularmente los Mossos, cuyos mandos parecen guiarse más por criterios políticos que por los profesionales y del servicio al ciudadano, se muestra muy ineficaz. El resultado es funesto para todos y todo: seguridad ciudadana, economía, comercio, turismo…

Y la situación empeora. El pasado jueves, el presidente de la Generalidad, Torra, se presentó en Madrid (desayuno informativo de EP), precalentando los incendios que el separatismo prepara para la Diada (miércoles próximo), y para después de la sentencia por el golpe de estado de otoño de 2017. Voceó que si ésta fuera condenatoria “no la aceptarán”, y que eso “nos llevará a una nueva etapa de lucha por la independencia”. Amenaza al estado de derecho y presión al Tribunal Supremo que no son de recibo. Ya solo le falta pasarse por Montserrat ―percibido fontanal pederasta del separatismo―, para recargar pilas.

Seamos claros: la seguridad es función esencial del Estado en sus tres niveles: nacional, autonómico y local. Una función que no admite ni dejación ni deslealtad institucional. Pero la agobiante sensación de inseguridad en la Ciudad Condal, así como la ineficacia de políticas preventivas en los dos niveles inferiores, y en prevención de que la sociedad civil se tome la justicia por su mano, el Gobierno debería tomar acción, en defensa de la ley y la seguridad pública. Lo que demandaría, aparte de las necesarias revisiones legales (Código Penal, Ley de extranjería) para endurecer penas, una amplia y directa implicación de las FCSE (CNP y GC), a fin de proporcionar a los barceloneses de bien y sus visitantes el grado de seguridad a que tienen derecho.