Desde hace meses existe el convencimiento generalizado en Andalucía de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no agotará el mandato hasta la primavera de 2019, que es cuando caduca formalmente el calendario de la actual Legislatura.
La presidenta ha mantenido y mantiene que no habrá adelanto, consciente de que esa fecha es una baza importante solo en sus manos, aunque con limitaciones.
Hay un dato que, en este contexto, adquiere relevancia ya que limita por debajo las fechas del calendario que apuntaban a octubre como posible ubicación de un adelanto andaluz. El dato revelador está extraído de los correspondientes informes técnicos y jurídicos que la presidenta ha encargado para analizar todos los pasos llegado el caso. La sorpresa es que de adelantarse elecciones nunca podrán celebrarse antes del 25 de noviembre ya que legalmente deben seguirse unos plazos establecidos en la ley de contratos que obligan a retrasar esa posibilidad a diciembre.
Esta información, barajada por un cualificado técnico de Presidencia, modifica las expectativas que se contemplan en la oposición y, desde luego, puede poner en cuestión el adelanto ya que si se descuentan las fechas navideñas, el escenario resultante es prácticamente el mismo que sin acortar la legislatura.